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Category Archives: Entre opacidad y transparencia

Por una Ley General de Archivos congruente y funcional

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017.- En los últimos dos años, diversas instituciones públicas, académicas y sociales hemos manifestado  la urgencia de aprobar una Ley General de Archivos acorde con la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información aprobada en febrero del 2014.

En ese tiempo se han realizado al menos 20 foros de consulta en diversas entidades de la República, audiencias públicas en el Senado, discusiones en el Inai, cinco exhortos al Senado provenientes del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, del Consejo Académico Asesor del AGN, del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados y del Consejo Universitario de la UNAM mediante los cuales se ha expresado de manera reiterada la necesidad de aprobar una ley que atienda los diagnósticos de dispersión de criterios, la ausencia de lineamientos comunes y las debilidades estructurales en los procesos de producción, gestión y conservación de la información histórica e institucional en todo el país que resultan fundamentales para la identidad, la memoria y la rendición de cuentas.

El proceso ha sido lento y a pesar de todas las opiniones vertidas, la iniciativa de ley presentada en el Senado en noviembre del año pasado contiene disposiciones que de aprobarse en sus términos, materializarían un enorme retroceso en el ejercicio de derechos fundamentales.

Concretamente, preocupan cinco cuestiones:

  1. Captura política del Consejo Nacional de Archivos. En la iniciativa se propone la conformación de un  Consejo Nacional de Archivos encargado de diseñar  la política y las directrices de la archivística del país. Se propone que el Consejo esté encabezado por la Secretaría de Gobernación, lo cual haría que el diseño de herramientas fundamentales para la política nacional archivística del país (lineamientos, recomendaciones, criterios) se realice bajo criterios políticos y no técnicos. El riesgo es que la política pública de archivos no sea formulada a partir de las necesidades y del conocimiento técnico concreto, sino que esté supeditada al control político y a los intereses del gobierno en turno. Esto se reproduciría en las entidades federativas cuyos consejos locales estarían encabezados por los Secretarios de gobierno. Esto es simple y sencillamente inaceptable.
  2. Autonomía y mayor presupuesto para el Archivo General de la Nación. Ante el enorme reto de proponer y desarrollar la política nacional de archivos del país, es preocupante que no se reconozca la naturaleza jurídica descentralizada del AGN. Basta observar la reducción presupuestaria del 78% para esta entidad en 2017. La iniciativa que tiene el Senado no contempla un proceso público, transparente e inclusivo para la designación de su titular, que debería cuando menos contar con la ratificación del Senado. El AGN no puede quedar sectorizado a la Secretaría de Gobernación, cuyos fines no tienen que ver con la conservación de la memoria. Numerosos problemas han derivado de la vinculación del AGN a dicha Secretaría, desde presupuestarios hasta en la propia consulta de documentos, pasando por la incapacidad del propio Archivo para desarrollar sus propias páginas web para la consulta pública de sus catálogos y materiales digitalizados por depender de servidores de Segob. La Ley debe prever una rápida desvinculación del AGN de esa Secretaría.
  3. Archivos históricos fuente de acceso público sin restricciones. Los documentos contenidos en archivos históricos son públicos y de interés general, por lo que su información en ningún caso puede ser clasificada como confidencial ni reservada. La iniciativa acertadamente reconoce esto. Sin embargo, es necesario que desde las definiciones se reconozca la naturaleza del archivo histórico como una fuente de acceso público, como lo hace la Ley Federal vigente. No se trata de un capricho terminológico. La Ley General de Protección de Datos Personales define precisamente así a las bases de datos, sistemas y archivos que pueden ser consultados públicamente. Incluir a los archivos históricos entre las fuentes de acceso público garantizaría que esta información no sea clasificada como confidencial, ni reservada y evitaría un posible conflicto con la Ley General de Protección de Datos Personales. Actualmente, documentos de la primera mitad del siglo XX e incluso del siglo XIX se entregan a los investigadores y al público interesado con información testada, es decir tachada con negro, lo cual resulta ridículo.
  4. Profesionalización de los procesos de valoración. Esta labor es estratégica para garantizar el reguardo de información valiosa y clave en la memoria de la gestión pública, pues es el momento en el que se decide qué documentos se conservarán y cuáles se darán de baja (destruirán) y en qué plazos. En la iniciativa se propone un grupo interdisciplinario, integrado por personas sin especialización en la materia, para realizar esta labor. Es necesario que el grupo sea en efecto multidisciplinario, pues se trata de una labor archivística y no administrativa. En ese sentido, se propone que esta labor incluya a personas que tengan conocimiento en archivística, gestión documental e historia.
  5. Plazos para transferencias. Las mejores prácticas internacionales establecen como regla general, un plazo máximo forzoso para que los documentos que reposan en el archivo de concentración (documentos con vigencia) sean transferidos a archivos históricos. Si no es claro este plazo, los documentos que contienen datos personales corren el riesgo de quedarse para siempre en los archivos de concentración, en tanto la clasificación de confidencial no tiene caducidad. Se debe reconocer que la mayoría de las dependencias cuentan con catálogos de transferencias, pero como no hay en la iniciativa un plazo límite para realizarlas, se puede reproducir lo que hasta ahora ha pasado: numerosos expedientes que se acumulan en bodegas desde hace años, sin orden y sin ser enviados a los archivos históricos. La Ley General de Archivos debe señalar de manera clara que el plazo máximo para la transferencia documental a los archivos históricos es de 25 años a partir del cierre de los expedientes, pudiendo haber excepciones a juicio de los grupos interdisciplinarios de valoración.
  6. Los expedientes y documentos en los archivos históricos ya no requieren mayor valoración. En la iniciativa, se propone un artículo transitorio (el décimo cuarto) que pondría en grave riesgo tanto a los documentos localizados en archivos históricos como aquélla información que puede ser útil para la rendición de cuentas. Actualmente muchos documentos contenidos en los acervos históricos del país no cuentan con un proceso de valoración pues llegaron a estos archivos antes de que existiera una regulación. Por ello, condicionar el acceso a estos archivos a un proceso de valoración paralizaría la consulta irrestricta de los mismos. Los documentos que están en los archivos históricos son, por ese solo hecho, históricos, y no requieren más valoración, así de claro debe quedar establecido en la ley. En los medios de comunicación nos hemos enterado en el transcurso de este año de la destrucción y “baja” de expedientes y documentos con posible valor histórico, sin que queden claros los criterios ni las razones por las cuales se decidió destruirlo.
  7. Procesos de parlamento abierto. Nos pronunciamos a favor de la propuesta hecha por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido de que dada la importancia de la materia, el proceso de deliberación que conduzca a la aprobación de la Ley debe ser público y abierto. Los espacios de deliberación que se han realizado, no han recuperado las preocupaciones que reiteradamente los especialistas han realizado sobre la gestión archivística.

En congruencia con la temática y con los compromisos adquiridos por el Senado en materia de Parlamento Abierto, la discusión de la Ley General de Archivos debería adoptar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.

Lo que está en juego no solo es cómo se tratará la información en los tres órdenes de gobierno sino la conservación de la memoria y la verdad de las instituciones y la sociedad. Por ello, hacemos un llamado al Senado de la República para que considere estas preocupaciones, abra el debate público y apruebe una normatividad acorde con los retos que el país enfrenta en materia de rendición de cuentas.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

San Fernando: 7 años sin verdad en la masacre de 72 migrantes

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.- El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina hizo público el hallazgo de 72 personas migrantes sin vida en el rancho “Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas. La masacre de 58 hombres y 14 mujeres es uno de los sucesos más atroces de violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes en su tránsito por México. El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda histórica con todas las víctimas de esta masacre y con la sociedad en general; México está obligado a dar razones sobre lo que ocurrió en este hecho y en las otras masacres de migrantes.

Sin embargo, a 7 años de estos lamentables hechos, las familias y la sociedad seguimos sin saber qué fue lo que sucedió; seguimos sin conocer el contenido de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR); y seguimos sin saber quiénes son los responsables. Siete años después, las familias continúan con la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron son los de sus familiares, porque siete años después el Estado mexicano no ha podido responder cómo se realizó el proceso de identificación.

El Estado mexicano tampoco les ha reparado integralmente: siete años después y con siete amparos en contra de la negativa de México de reconocer su responsabilidad, las víctimas siguen buscando respuestas y luchando por obtener justicia.

Por resolución emitida el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a cumplir con sus facultades por lo que el 20 de junio de 2017 calificó esta masacre como violación grave a derechos humanos y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación. A la fecha los familiares siguen esperando que la CNDH cumpla y les entregue las copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q en el que este organismo investigó la muerte de sus seres queridos.

Por otro lado, las víctimas han debido emprender sendos litigios para tener acceso a la investigación penal de la PGR. A siete años, la información que se les ha proporcionado es escasa, y pese a existir ya un Mecanismo de Apoyo Exterior para facilitar la comunicación con víctimas de delitos cometidos en territorio mexicano, que radican en el extranjero, las autoridades mexicanas no han acudido a sus países de origen a darles una explicación sobre los avances o líneas de investigación que se siguen en torno al caso.

Tratándose de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad —como en los casos de las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012— esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado.

Por su parte, Fundación para la Justicia y ARTICLE 19 hemos promovido dos amparos tras las negativas para tener acceso a las averiguaciones previas de estas tres masacres de migrantes. Actualmente, ambos amparos se encuentran listados para su discusión en el Pleno de la Corte con los folios 661/2014 y 453/2015, respectivamente, por lo que los ministros y las ministras de la SCJN tienen el deber jurídico de garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Fuente: Imágenes tomadas del expediente PGR/SDHPDSC/UIDPM/M2/03/2016, en el que se investiga la masacre de Cadereyta, Nuevo León, cuyas copias testadas en su totalidad, fueron entregadas a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Las entregas que se realicen deben garantizar el pleno acceso a la información de las averiguaciones previas. El pasado 3 de agosto, la Fundación para la Justicia, por orden del poder judicial, recibió las copias de la versión pública elaborada por PGR, de 17 de los 19 tomos que integran la investigación del caso Cadereyta que ejemplifican la simulación y la burla con la que el Estado mexicano pretende garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad.

Exigimos se abran las investigaciones que la PGR ha realizado en torno a las tres masacres de migrantes. La masacre de las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando ya ha sido calificada como una violación grave a derechos humanos por parte de la CNDH y de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) no puede invocarse reserva en torno a violaciones graves a derechos humanos.

Asimismo, exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad como se pueden observar en las fotografías del expediente de Cadereyta.

Las víctimas y la sociedad tienen depositada su confianza en el poder judicial, pues los ministros y las ministras de la SCJN decidirán si habrá acceso a las investigaciones de las tres masacres. El sentido en el que falle la Corte determinará criterios para saber si tenemos que esperar más de siete años para conocer la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Firma la petición dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR).

Transparencia proactiva: informe de ARTICLE 19 y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM)

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Fuente: Artículo 19

El informe “Transparencia proactiva” compila las experiencias y los aprendizajes que fueron sembrados y cosechados en el marco de un proyecto impulsado por la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19 en colaboración con Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) cuyo objetivo inicial fue capacitar a mujeres y hombres de comunidades indígenas y rurales en los estados de Chiapas y Tabasco sobre el uso instrumental del Derecho a la Información como una herramienta para acceder a otros derechos.

Estas páginas retratan lo construido por un grupo de mujeres de diversas comunidades que, a lo largo de un año de arduo trabajo, con su empeño y dedicación, con su tenacidad y sabiduría, recuperaron las preocupaciones de sus pueblos en torno a la desinformación y se apropiaron del derecho a la información para buscar respuestas por parte de las autoridades sobre los problemas públicos que hasta el día de hoy aquejan a las y los suyos.

El presente documento da cuenta también de los 106 talleres y pláticas que en diversas comunidades ARTICLE 19 y CAM implementaron y a partir de los cuales se pudo corroborar el impacto que genera el derecho a la información en la vida cotidiana de las personas y, particularmente, en la de las mujeres.

El informe “Transparencia proactiva” expone también avances y retrocesos en materia de transparencia, además de recomendaciones y exigencias dirigidas a los organismos cuya labor es garantizar el ejercicio del derecho a la información, ya que aún no utilizan los mecanismos adecuados que acerquen ésta de manera proactiva a las poblaciones del sureste mexicano y mucho menos a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, este texto documenta -inevitablemente- casos sobre violaciones a diversos derechos humanos, diversos derechos de las mujeres y varios derechos de los pueblos, así como el proceso de solución y/o reconocimiento de los mismos por parte de las poblaciones.

Las y los lectores que se acerquen a este documento podrán conocer los frutos de un proyecto que, como el Junco, ha encontrado en su raíz, en el trabajo con las comunidades de la Selva Norte de Chiapas y la región de Pantanos en Tabasco, la fortaleza para hacerle frente a los temporales y renacer para seguir acompañando los procesos de resistencia comunitaria y el empoderamiento de las mujeres que habitan las regiones más rezagadas de nuestro país. Su voz es, ha sido y será nuestra fuerza.

Lee y descarga el informe completo en este enlace.

Transparencia proactiva: informe de ARTICLE 19 y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd



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