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Category Archives: Entre opacidad y transparencia

Fallo histórico de la Suprema Corte obliga al Congreso a regular publicidad oficial

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017.- El día de hoy, con 4 votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución en materia de gasto de comunicación social. Ahora el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Con este fallo histórico, la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por ARTICLE 19 contra la omisión legislativa del Congreso es procedente y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios comunicación y periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información de la sociedad. Como trasfondo la SJCN reconoce el valor intrínseco de la libertad de expresión en tanto precondición para una construcción democrática y la necesidad de remover cualquier forma las presiones directas e indirectas que pongan en riesgo este derecho.

Cabe recordar que desde la reforma político electoral de 2007, se adicionó el párrafo octavo al artículo 134 de la Constitución, estableciendo la obligación de todas las dependencias de gobierno y organismos autónomos de difundir información con fines educativos y de orientación social. En dicha reforma se estableció en el artículo tercero transitorio un plazo máximo de 30 días naturales para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Dicho mandato no se cumplió por parte del Congreso de la Unión. Siete años después, en la reforma político electoral publicada el 10 de febrero de 2014,  se obligó de nueva cuenta al Congreso a legislar antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones (30 de abril de 2014). Una vez más no se discutió y aprobó ley alguna pese a la existencia de 17 iniciativas en la materia.

Con esta resolución, la SCJN reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especial cuando ello se traduce en la vulneración de derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución.

Este gran esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil por impulsar un cambio en la dinámica prevaleciente entre medios de comunicación y gobierno tiene un resultado positivo mediante esta sentencia. Ahora el reto es que se suscite una discusión legislativa abierta, que cuente con la participación de la sociedad civil y adopte los más altos estándares internacionales en la materia. Otro momento fundamental será que la ley aprobada sea efectivamente implementada y el gasto de publicidad oficial sea ejercido a través de criterios claros objetivos, transparente, equitativo y con fines verdaderamente informativos, evitando en todo momento su uso discriminatorio y arbitrario.

Históricamente en México, los gobiernos han utilizado el dinero público para promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos. El gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017 sin ningún control y sin cumplir con los fines informativos que deben guiar dicha publicidad.

Peor aún, tal como ha documentado Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el gasto a nivel federal se ha sobreejercido en un 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Asimismo ha señalado que en 2015 los estados ejercieron 11 mil 895 millones de pesos, concentrando el 70% del gasto en los poderes ejecutivos. Los sobre ejercicios a nivel local siguen siendo una constante: se gasta el doble de lo que se presupuesta y, por ende, se deja de gastar en rubros prioritarios, como el socia

Esta tónica, caracterizada por el despilfarro y la censura, ha regido la relación de los medios informativos y el poder político en México, imponiendo un obstáculo para el desarrollo de un debate plural, crítico, desinhibido y robusto sobre los temas de interés público. Al condicionar el ejercicio de derechos humanos de la población ante la falta de diversidad informativa, se condiciona el proyecto democrático mismo.

Con base en lo anterior ARTICLE 19 reconoce la labor de protección de la libertad de expresión de la Suprema Corte. Al mismo tiempo exigimos al Congreso de la Unión la pronta discusión y aprobación de la ley que regule el gasto en publicidad oficial, en el marco de un proceso participativo donde se escuche a periodistas, representantes de medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a jvazquez@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Primero la Fiscalía, luego los fiscales

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017.- #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, colectivo que agrupa a casi 300 organizaciones civiles y académicas, ha enfatizado por meses la necesidad de una reforma integral al artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente.

Diseñar la nueva Fiscalía General debe ser una prioridad para nuestro Congreso. Del diseño integral de la fiscalía dependen la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración de justicia en el país, pero también piezas tan importantes como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y una cada vez más necesaria Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Abrir la discusión legislativa sobre la Fiscalía General es la antesala para el nombramiento del Procurador General de la República y los Fiscales Especializados en Anticorrupción y Delitos Electorales.

Sin instituciones funcionales que garanticen la autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado, transparencia y rendición de cuentas de la procuración de justicia, no se puede romper con las malas prácticas y vicios institucionales que durante años ha arrastrado la Procuraduría General de la República y que podría heredar la nueva Fiscalía. Por eso consideramos necesario abrir la discusión legislativa del 102 Constitucional y después nombrar a los fiscales.

La discusión de la nueva Fiscalía General es un asunto urgente y muy necesario para fortalecer nuestro Estado de Derecho, y tal vez la principal prioridad legislativa una vez aprobado el paquete económico 2018.

Especialistas, académicos, organizaciones civiles hemos puesto a consideración del Congreso un proyecto ciudadano de dictamen para la reforma constitucional que daría lugar a la nueva Fiscalía.

Realizar la designación de nuevos titulares en las Fiscalías acéfalas sin haber transformado antes la institución sería un cambio superficial que no logrará hacer frente al flagelo de la impunidad.

Los responsables de la investigación y persecución de las conductas criminales seguirían careciendo de la independencia para actuar a través de un proceso de investigación integral, exhaustiva, oportuna y respetuosa de los derechos de las víctimas y personas imputadas.

#FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás

SCJN tiene oportunidad histórica para acabar con uso arbitrario y discrecional de publicidad oficial

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.- El día de ayer fue publicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de sentencia de amparo en el cual propone conceder la protección constitucional a ARTICLE 19 para efectos de que el Congreso de la Unión legisle en materia de publicidad oficial.

De aprobarse dicho proyecto por la mayoría de los Ministros y la Ministra de la Primera Sala, el Congreso de la Unión tendría hasta el 30 abril de 2018 para discutir y aprobar la ley reglamentaria. Sin duda se trataría de un precedente histórico en dos sentidos. Primero, brindaría al juicio de amparo eficacia para que la ciudadanía pueda reclamar violaciones a la Constitución por omisiones del legislativo. Segundo, obligaría a regular en la asignación de la publicidad oficial para lo cual se estaría en la oportunidad de revertir los históricos mecanismos de censura ejercidos contra la prensa por los gobiernos federal y estatales. Hasta el día de hoy 37 mil millones de pesos han sido ejercidos sin ningún control por la actual administración federal.

De esta manera, al reconocer la Suprema Corte el papel fundamental en la construcción democrática que tienen los medios de comunicación y la pluralidad informativa, el proyecto de sentencia considera que se actualiza una violación al derecho de libertad de expresión, ante la falta de reglas claras sobre la asignación de recursos en comunicación social. De hecho, el proyecto retoma como contexto el uso brindado a este gasto: premiar o castigar líneas editoriales. Ante ello equipara el uso discrecional del gasto público de comunicación social con una condena penal o una indemnización civil desproporcionada, por lo cual la omisión legislativa genera un efecto inhibidor en el flujo de información.

Entre los aspectos destacados de el proyecto de sentencia encontramos : 1) considera que ARTICLE 19 tiene interés legítimo para reclamar la violación del derecho de  libertad de expresión en razón de su objeto social; 2) el asunto no se constriñe a la materia electoral sino a cualquier uso que se brinde a la comunicación social; 3) procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas absolutas, es decir, cuando existe mandato expreso de legislar en la Constitución; 4) la importancia de los medios de comunicación en una sociedad democrática y la necesidad de construir pluralismo y diversidad informativas y; 5) la falta de regulación en la materia abre un campo de discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto público de la publicidad oficial, lo cual redunda en un medio indirecto de restricción de la libertad de expresión.

Desde mayo de 2014, ARTICLE 19 promovió un juicio de amparo en el cual reclamaba que el Congreso de la Unión había incurrido en una violación al derecho de libertad de expresión al omitir discutir y aprobar la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución. La base de la demanda constitucional es la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014, cuyo artículo tercero transitorio ordenaba al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria en materia de comunicación social. Para ello, estableció como plazo el 30 de abril de 2014.

Cabe recordar que el artículo 134, párrafo octavo, constitucional establece que “[l]a propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Tras el sobreeseimiento del amparo en primera instancia por un Juzgado de Distrito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad la atracción en el procedimiento de revisión.

Posteriormente, el asunto fue turnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea bajo el expediente 1359/2015 quien ya listó el proyecto de sentencia.  El citado proyecto está previsto para discutirse el próximo 15 de noviembre en la Primera Sala.

Tal como ha señalado ARTICLE 19, el ejercicio de la libertad de expresión se encuentra bajo asedio debido a las agresiones generalizadas contra la prensa; la impunidad rampante; la ineficacia de los mecanismos de protección a periodistas; la intención de restringir acceso a los archivos históricos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos; la obstrucción estatal para ejercer derechos en el espacio público; la ausencia de diversidad mediática e informativa. A ello abona, por supuesto, la falta de regulación de la publicidad oficial, misma omisión que ha redundado en el control gubernamental de la prensa.

La viabilidad de construcción democrática depende de la existencia de un debate público robusto, plural y desinhibido, aún más necesario en el contexto actual de violaciones graves a derechos humanos.  Asimismo, es urgente maximizar los alcances del juicio de amparo en  tanto recurso de protección de derechos humanos, brindando a la ciudadanía instrumentos que exijan la rendición de cuentas del Legislativo por sus evidentes omisiones.

Por lo anterior, ARTICLE 19 conmina a la Ministra y a los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aprueben el proyecto de sentencia en sus términos a efecto de acabar con el uso arbitrario del dinero público para controlar a la prensa en México y al mismo tiempo, ampliar los alcances de recursos judiciales para la protección de derechos fundamentales.

Referencias: 

Descarga la síntesis del proyecto de sentencia de amparo de ARTICLE 19 en este enlace.
Descarga el documento completo publicado por la SCJN del proyecto de sentencia de amparo de ARTICLE 19 en este enlace.

Nota para prensa

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Urge que Congreso inicie proceso de parlamento abierto para una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México; 24 de octubre de 2017.- El pasado 29 de agosto más de 300 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás nos dimos cita en el Ángel de la Independencia para dar a conocer nuestro Proyecto de Dictamen Ciudadano de reforma al artículo 102 Constitucional para sentar las bases de una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente.

Presentamos esta propuesta ciudadana a partir del reconocimiento de que la grave crisis de violaciones a derechos humanos, corrupción e impunidad que enfrenta nuestro país es en buena medida responsabilidad del estado en el que se encuentra la PGR.

Por ello, más allá de trayectorias o divergencias políticas, integrantes de dos colectivos de la sociedad civil, #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, nos dimos a la tarea de acercar posturas y construir un Proyecto de Dictamen Ciudadano de reforma al artículo 102 Constitucional para reemplazar a la PGR por una Fiscalía autónoma, capaz e independiente.

Este artículo regula los métodos de designación y remoción de los fiscales federales, así como el diseño básico de operación de una institución destinada a investigar delitos que lastiman profundamente a la sociedad mexicana, como son aquellos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, procesos electorales, el secuestro y las redes de corrupción y del crimen organizado.

Durante el mes de septiembre, sostuvimos reuniones con los órganos institucionales del Senado y de la Cámara de Diputados, así como con las dirigencias nacionales de los principales partidos políticos para presentar nuestro Proyecto de Dictamen Ciudadano.

En dichas reuniones, las y los legisladores y los representantes partidistas coincidieron con nosotros: es necesaria una discusión amplia sobre el artículo 102 Constitucional y el diseño de la Fiscalía. Y se comprometieron con nosotros a dar los pasos necesarios para comenzar el proceso legislativo.

A ellos les solicitamos el día de hoy honrar este compromiso. El trabajo debe empezar inmediatamente, en el periodo de sesiones en curso y bajo un modelo de parlamento abierto que permita el debate despolitizado de lo que será una de las fiscalías más grandes de Latinoamérica.

El apresurado nombramiento de Raúl Cervantes como Procurador y la remoción del titular de la FEPADE, decidida unilateralmente por el Subprocurador encargado del despacho, son hechos que muestran el control del Ejecutivo Federal sobre los procesos de nombramiento y remoción de altas autoridades encargadas de la procuración de justicia, en contravención de las mejores prácticas y estándares internacionales y hacen más pertinente que nunca, iniciar el debate legislativo encaminado a construir la Fiscalía General de la República que el país necesita.

Así, en el contexto de una PGR relativamente acéfala y sin contar con un fiscal encargado de perseguir los delitos electorales que podrían ocurrir en el periodo electoral que inicia, urgimos arrancar con las labores legislativas que nos permitan construir una Fiscalía General verdaderamente autónoma, eficaz e independiente.

Específicamente, convocamos a los partidos políticos y a cada uno de las y los 628 legisladores, a que cumplan con su compromiso de basar la discusión de reforma al artículo 102 constitucional en el Proyecto de Dictamen Ciudadano presentado por ambos colectivos y a la exigencia ciudadana expresada desde el 29 de agosto.

El estado de derecho en México debe fortalecerse desde ahora. Esta tarea debe hacerse hoy. La misión no puede estar bajo el reloj de la contienda electoral que se avecina, como tampoco puede estar condicionada al resultado de este proceso. Es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la impunidad.

#FiscalíaQueSirva

#VamosPorMás

Con renuncia de Raúl Cervantes, necesaria discusión amplia sobre diseño de la Fiscalía General de la República

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2017.- Tras conocer la decisión de Raúl Cervantes de presentar su renuncia al cargo de Procurador General de la República, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás reconocieron que la decisión abre la puerta a una discusión de Estado, y no solo de Gobierno, sobre el futuro de la Fiscalía General de la República.

El mensaje del ahora ex Procurador sobre la importancia de que la discusión legislativa sobre Fiscalía General sea integral, fue interpretado como una coincidencia con lo planteado por diferentes especialistas, colectivos y legisladores, quienes han insistido en que además del método de selección del nuevo o nueva Fiscal General, es necesaria una discusión amplia sobre el artículo 102 Constitucional y el diseño de la Fiscalía.

El olectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva coincidió en que ha llegado el momento de una discusión abierta a la sociedad, y junto con la sociedad, que permita crear una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente. La decisión de hacerlo está ahora en manos del Congreso.

Nota para prensa

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Desinterés y simulación de diputados en designación de la #NuevaCDHDF

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2017.- Las personas y organizaciones abajo firmantes exigimos a las y los diputados Luciano Jimeno Huanosta (Partido Humanista), Rebeca Peralta León (PRD), Mariana Moguel Robles (PRI), Jorge Romero Herrera (PAN) y Beatriz Adriana Olivares Pinal (PRD), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que asuman con seriedad, rigor y responsabilidad el mandato que les ha sido conferido para coordinar la elección de quien encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Demandamos puntualmente que la Comisión señale las razones por las cuales se desconoce lo estipulado en la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada el 4 de septiembre del año en curso, cuya base octava señala que:

Con el propósito de incorporar a la Sociedad Civil Organizada y mediante solicitud por escrito de las organizaciones y/o instituciones debidamente constituidas y con experiencia en la materia, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se conformará un Comité Observador Ciudadano, que acompañará y hará recomendaciones por escrito a esta Comisión Legislativa, a efecto de que el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF sea transparente y público, haciendo valer el Parlamento Abierto como principio básico de rendición de cuentas de la ALDF.

De las más de 80 organizaciones que solicitaron formar parte del Comité Observador Ciudadano sólo se conoce el nombre pero no están disponibles para su consulta los documentos probatorios que demuestren la constitución legal de las mismas y mucho menos insumos que permitan demostrar que tienen experiencia en defensa, garantía, promoción y protección de Derechos Humanos.

Si bien en la página web de la ALDF está habilitado un apartado específico sobre la designación de la CDHDF, ésta ha fallado como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, al no contar con información de interés público relacionada con el proceso y no ser utilizada como canal de comunicación formal entre la Asamblea y las y los actores involucrados. Es ahí donde debieron albergarse documentos que prueben que las 95 organizaciones de la sociedad civil inscritas para acompañar este proceso están legalmente constituidas y cuentan con expertise en el tema -requisito trascendental de la convocatoria.

A un día de las comparecencias, el Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Ignacio Picacho, informa que los diputados no han determinado dónde se llevará a cabo y cómo se coordinará la participación de 95 organizaciones que brindarán sus observaciones sobre la idoneidad de las candidaturas para ocupar la presidencia de la CDHDF.

Luego de lo ocurrido en el Foro “Las OSC de Derechos Humanos y el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF” –espacio que pretendía incluir una amplia consulta ciudadana sobre el proceso pero que, finalmente, derivó en un desfile de organizaciones que asistieron para manifestar su respaldo a una candidatura en particular– no podemos permitir que la defensa, protección y garantía de los Derechos Humanos en la Ciudad de México se limite a una simple cuestión asistencialista y de popularidad.

El desaseo con el que se ha gestionado la participación de la sociedad civil en este proceso de designación parece dar cuenta de un ejercicio de simulación para cumplir con el trámite de incluir las voces de la sociedad civil en eventos como el antes mencionado y no como un esfuerzo por generar un sistema de pesos y contrapesos que permitan que la persona más capaz ocupe el cargo y no aquella con mayor poder político para movilizar clientelas.

Reiteramos la exigencia a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF para que el nombramiento público del presidente o presidenta de la CDHDF se lleve a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzca de acuerdo con los principios de parlamento abierto y de designaciones públicas. El proceso de deliberación que conduzca al nombramiento de la presidencia de la Comisión debe ser público, abierto e incluir las observaciones e inquietudes de la sociedad civil.

A continuación se presenta una evaluación del proceso que ha seguido la ALDF con base en buenas prácticas en materia de designaciones públicas:

Buenas prácticas en Designaciones Públicas ¿Cumple la ALDF? ¿Por qué?
Convocatoria pública y abierta. La convocatoria se publicó el 4 de septiembre en el portal de la ALDF.
Definición de plazos y etapas. Claridad en el proceso.
Máxima publicidad durante todo el proceso. No Hubo poca difusión de la convocatoria. Se creó un micrositio en la página de la ALDF con la siguiente información: expedientes (incluidas las declaraciones), calendarios de entrevistas, versiones estenográficas de reuniones, comunicados y convocatoria.
Transparencia y rendición de cuentas. No No se han detallado los criterios con los que se realizarán las entrevistas y las decisiones sobre cada etapa del proceso han sido planteadas sin una sólida previsión.
Publicación de expedientes. Se publicaron los expedientes en el micrositio de la ALDF.
Declaraciones de interés. Se publicaron las declaraciones de interés en el micrositio de la ALDF.
Comparecencias públicas. No Del 16 al 18 de octubre se realizarán las comparecencias de los/as candidatos/as, pero no hay información sobre el acceso del público al recinto, la accesibilidad de personas con discapacidad, ni el proceso de transmisión en vivo por televisión y canales de internet.
Mecanismos de evaluación de los perfiles (instrumentos técnicos). No Los cinco diputados sólo considerarán su opinión como sistema de recolección de elementos de evaluación, aun cuando se les ha propuesto en diversas ocasiones un instrumento técnico de evaluación.

Comité de selección conformado por expertos.

No No se constituyó un Comité de Selección de expertos. En la base octava de la convocatoria solamente se estipuló un Comité Observador Ciudadano que se limitó a organizaciones de la sociedad civil. Al momento de emitir este comunicado, se desconoce cómo serán retomadas las observaciones del Comité Observador por parte de las y los diputados al momento de elaborar su dictamen.
Selección de perfiles con independencia e imparcialidad. En proceso N / A
Rendición de cuentas. No El micrositio del proceso de designación no contiene ninguna información sobre los criterios, indicadores, o metodología del proceso de designación, ni las razones que sustentarán o evaluarán los diputados/as.
Participación de la ciudadanía

  1. Por medio de cartas o escritos.
  2. Con voz en las audiencias.
  3. Comité de selección de expertos ciudadanos
No Al no haberse conformado un Comité de Selección destacado por su amplia trayectoria en derechos humanos, con elementos claros que determinen su nivel de participación y características de inclusión en el proceso, se ha privilegiado un sistema de acarreo.

Firmantes:

Abigail Delgado Estrada
Academia de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México
Adriana Herrera
Alberto Serdán Rosales
Al-dabi Olvera Castillo
Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos y la Salud A.C.
Alicia Naomi Ramos Imuro
Arkemetria Social A. C.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL
Asociación de Espina Bífida Miel que vino del cielo A. C.
Brenda Rodríguez Herrera
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, A.C.
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.
Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social A.C. (CIEDIS)
Claudia Campero Arena
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectivo de Egresados de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Colectivo Forjando Caminos
Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Cristina Gómez Johnson
Denise Dresser Guerra
Denise Reyes
Edgar Bautista Jiménez
Educando en los Derechos y la Solidaridad EducaDyS A.C.
Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos A.C.
El Caracol A.C.
Emilienne de León
Ernesto Tescucano Hernández
Felipe Martínez
Francisco Robles Gil Martínez del Río
Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Gabriela Delgado Ballesteros
Gabriela Rodríguez
Gabriela Ramírez Rojas Salazar
Gloria Lidia Legorreta Navarro
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
I-legal. Derechos humanos, servicios y consultoría jurídica
Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana
Iniciativa Ciudadana por la Democracia y la Transparencia INCIDET A.C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.
Investigación, organización y acción comunitaria Altepetl A.C.
Iván García Gárate
Habitat International Coalition – América Latina
Hilda Salazar Ramírez
José Guadalupe Sánchez Suárez
Juan Carlos Medel Cabrera
Leonardo Jorge Martínez Mejía
Letra S Sida, Cultura y Vida cotidiana A.C.
Lourdes Morales Canales
Luis Daniel Vázquez Valencia
Luis Enrique Hernández Aguilar
Manuel Canto Chac
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Marco Antonio Pérez
Mariana González Moyo
Maria Silvia Emanuelli
Mayela Eugenia Delgadillo Bárcena
Miguel Concha Malo
Mujer y Medio Ambiente A.C.
Observatorio Eclesial
Rebeca Salazar Ramírez
Red de empoderamiento de Personas con Discapacidad en México
Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Rodrigo Chávez
Secretariado Social Mexicano, A.C. (SSM)
Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual, A. C. (SISEX)
SPATIUM LIBERTAS A.C.
Víctor Manuel Arizmendi Pérez
Visión Legislativa
Yolotli Fuentes Sánchez
Zúe Valenzuela Contreras

#Verififcado19s continúa labores en estados y evalúa siguientes acciones en CDMX

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2017.- La red de #Verificado19s, como otras que surgieron en el marco de la emergencia, es un despliegue colectivo de logística ciudadana que dio respuesta inmediata a la situación de desastre derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017. La red de voluntarios en la calle y en oficinas superó las 500 personas. A diez días del terremoto, hemos procesado más de 20,000 datos, unificamos ocho mapas y lanzamos diez formularios con los que la ciudadanía reportó derrumbes de edificios y las necesidades en centros de acopio y albergues. Esta información se reflejó en dos plataformas distintas: un mapa colaborativo y uno en tiempo real.

La emergencia humanitaria en los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y Oaxaca aún no ha terminado. #Verificado19s continuará con su trabajo de informar en tiempo real sobre las necesidades más apremiantes en estos lugares.

En Ciudad de México las cosas han sido distintas: la solidaridad desbordó todas las expectativas y se confirmó que la sociedad civil está mejor organizada; mientras que el gobierno reaccionó lentamente frente a la emergencia del desastre. Es hora de pasar a otra etapa de respuesta humanitaria y evaluar, como colectivo, la mejor manera de aportar en las fases de reconstrucción. Todavía falta mucho por hacer para reconstruir nuestras comunidades.

Cada pieza de información que emitimos fue atestiguada y verificada en el campo, y lo que vimos y escuchamos no se nos va a olvidar. Mientras nos replanteamos nuestro futuro, y a partir de las experiencias compartidas por cientos de voluntarios en estos días, no sobra preguntar abiertamente:

  • ¿Por qué el gobierno, en todos sus niveles, fue incapaz de establecer en tiempo real y de forma veraz una red de logística: acopio, almacenamiento, distribución y entrega de herramientas, materiales, equipo, medicamentos, víveres, mano de obra y especialistas en las zonas de riesgo y de derrumbe; así como de facilitar el trabajo de los equipos de rescate?
  • ¿Por qué una vez más la ciudadanía hizo el trabajo que correspondía a las autoridades civiles y a las fuerzas armadas?
  • ¿Por qué no hubo una mejor comunicación con las familias, en un marco de empatía, dignidad y respeto?
  • ¿Por qué decenas de damnificados no contaban con información sobre el riesgo de sus viviendas?
  • ¿Por qué el gobierno fue incapaz de hacer pública una lista de personas desaparecidas de forma centralizada, verificada, transparente y oportuna?
  • ¿Por qué, a más de diez días del sismo, el gobierno todavía no conoce y hace público el número exacto de damnificados?
    ¿Por qué el gobierno es incapaz de brindar alojamientos temporales dignos, con agua y baños limpios, con alimentación y salud garantizada, con logística eficaz?
  • ¿El marco legal que protege a los damnificados es suficiente para atender a sus necesidades?
  • ¿Bajo qué criterios se va a reconstruir la ciudad: la seguridad y bienestar de la ciudadanía o los intereses de las constructoras?
  • ¿Se garantizará el derecho de la ciudadanía a participar en la reconstrucción de su ciudad?
  • ¿Se imputarán responsabilidades legales ante la negligencia en las construcciones afectadas o se mantendrá una complicidad corrupta en la opacidad?

Estamos trabajando para compilar y abrir nuestras bases de datos y metodología para que periodistas, académicos, investigadores y ciudadanos interesados puedan utilizarlas, aplicarlas y hacer una radiografía de lo sucedido.

En la red #Verificado19s agradecemos a todas y todos los voluntarios que construyeron y participaron en este esfuerzo colectivo y ciudadano en la primera etapa de emergencia por el sismo. Esta labor inédita e histórica fue posible gracias al amor y a la valentía de personas que, durante estos días, se entregaron en cuerpo y alma a salvar vidas.

Gracias,

@Verificado19s
@V19sestados
www.verificado19s.org

Información oficial: la gran ausente después del sismo

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.- Durante las primeras horas y días posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, los gobiernos federal y de la Ciudad de México han desplegado una estrategia de comunicación que no ha garantizado efectivamente el derecho a la información de la sociedad y de las personas afectadas. Durante la primera etapa de la crisis, la información oficial no ha sido un catalizador de protección y garantía de derechos. A la luz de estándares internacionales sobre los deberes del Estado en contextos de desastres naturales, ARTICLE 19 ha documentado un vacío informativo en diversos aspectos que tienen impacto sobre otros derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales.

Esta falta de información ya ha sido motivo de denuncias públicas por parte de vecinos, familiares de personas atrapadas entre los escombros y damnificados en edificios ubicados en Álvaro Obregón 286 y en el Multifamiliar Tlalpan, entre otros. Asimismo ha sido motivo de reclamos por parte de vecinos de la Av. Sonora, que cruza las colonias Hipódromo Condesa y Roma Norte, cuyos edificios presentan daños severos. Desde el viernes 22, esta ausencia de información clara y precisa provocó tensiones y conflictos en puntos como Chimalpopoca y Bolivar, donde se desplomó una fábrica textil. De la misma manera, hay datos sobre el bloqueo informativo que han padecido las y los periodistas, cuya labor resulta fundamental en el contexto de desastres naturales.

No hay justificación sobre esta respuesta limitada y restringida en materia de comunicación, cuando se cuentan con vastos recursos para informar a la sociedad. Por el contrario, la comunicación gubernamental se ha enfocado, una vez más, en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto. Tampoco se explica por qué no se ha concentrado la vocería en una persona que informe de manera constante y periódica a la población. En los lugares de colapsos o daños severos, se reproduce el mismo esquema: no hay quien concentre la información, o quien la concentra la brinda de manera limitada. Incluso, como en el caso Frida Sofía, la información provista por fuentes oficiales ha distorsionado la realidad de los hechos.

En esta tesitura, tampoco se cuenta con cifras oficiales aproximadas de personas desparecidas, o con un listado que recupere en su totalidad los datos de personas hospitalizadas. Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha, no ha fluido información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y albergues. También se ha obstaculizado la labor de periodistas en los lugares de derrumbe.

Lejos de informar, la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como objetivo  controlar y administrar la información. No es casual que ante la falta de coordinación interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas –como #Verficado19S– hayan suplido la ausencia del Estado en este rubro.

A continuación, haremos un breve estudio sobre las condiciones para el libre flujo de información en la Ciudad de México, después del terremoto del 19 de septiembre. Ello retomando los deberes del Estado en estos contextos críticos de desastres naturales, mismos que se encuentran desarrollados en diversos instrumentos internacionales.[1]

Para tales efectos, se realizaron encuestas en 11 de puntos de la Ciudad de México donde los inmuebles colapsaron (9) o presentaban daños severos (2). Para este estudio retomamos aspectos como información incluyente, abierta, fluida, ética, pertinente, objetiva, adecuada, accesible y comprensible, tanto a nivel general como en los lugares donde se han implementado acciones de rescate.

Previo a dicha revisión sobre el flujo de información in situ, presentamos un análisis sobre la estrategia general de comunicación que los gobiernos local y federal implementaron los días posteriores al sismo.

Como parte de las conclusiones, incluimos una serie de recomendaciones que esperamos sean atendidas a la brevedad.

  1. Análisis general de la estrategia de comunicación e información del gobierno mexicano

De un análisis general de la comunicación social del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México podemos afirmar que la falta de información precisa y oportuna para la población se ve reflejada en las calles y específicamente en los puntos de derrumbe y zonas de riesgo. El contexto amerita una utilización máxima de los mecanismos y recursos existentes que den certeza a las personas sobre el grado de vulnerabilidad en que se encuentran sus calles, sus colonias, sus hogares y sus familiares.

Para ejecutar las estrategias puntuales tendientes a disminuir el riesgo y poner a salvo vidas de los habitantes, el Estado debe coordinar esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno, y en ese esquema debe brindar la información pertinente y clara a partir de todas las plataformas de comunicación. Para ello debe contar con planes de acción como respuesta a desastres naturales.

Es importante resaltar que tales estrategias pueden contener planes de asistencia humanitaria como primera reacción, pero sin perder de vista que su objetivo debe enfocarse en asistir a las personas afectadas para proteger vida y dignidad, mas no enaltecer a determinadas autoridades o generar protagonismos políticos.

Si bien diversas secretarías de Estado, de los ámbitos federal y estatal, difundieron información a través de sus redes sociales sobre las acciones de rescate, lista de albergues, centros de acopio, programas sociales o recomendaciones para la detección de grietas en los hogares, las estrategias de comunicación social de las autoridades se han dedicado a promover la imagen del gobierno y a generar mensajes que exaltan el patriotismo y el heroísmo en lugar de proveer información pertinente y adecuada que garantice la vida y la integridad de las personas.

Asimismo, la información difundida sobre el registro oficial y el seguimiento de las personas hospitalizadas y desaparecidas presenta graves inconsistencias, al igual que la socialización de las necesidades reportadas en cada punto de derrumbe.

Ante la inexistencia de información oficial sobre personas desaparecidas, las acciones provinieron fundamentalmente de la sociedad civil, la cual creó listas colaborativas con procedimientos de verificación. Por su parte, en tanto intermediario privado, Google activó su Localizador de personas[2].En cambio, personal de Seguridad Pública y Protección Civil informó erróneamente que ya no había personas en edificios derrumbados, cuando los familiares señalaban lo contrario.

En el caso de las personas ingresadas en los hospitales, la información oficial se difundió a través de Locatel pero, antes las deficiencias planteadas infra, la población generó un registro más efectivo a través de cuentas en Twitter y Facebook que se sistematizó en listas colaborativas. La información de Locatel contrasta con las listas elaboradas por la sociedad civil, las cuales incluyen mayor número de hospitales, tanto públicos como privados, y mayor número de personas hospitalizadas. Además, ésta no coincide con los datos alojados en la plataforma de Google sobre personas desparecidas. De acuerdo con la lista colaborativa rescatecdmx, más del 70% de las fuentes de información sobre personas ingresadas en hospitales provino de fuentes no oficiales.

Cabe resaltar que al día de hoy ninguna autoridad ha explicado por qué elementos del Ejército, Marina y Policía Federal portaron armas de fuego en los derrumbes, zonas de riesgo y centros de acopio, creando confusión y temor entre la población.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, no ha brindado información de interés público en el actual contexto. Por el contrario, difundió mensajes de secretarios que enaltece las actividades de las fuerzas armadas y de elementos de Protección Civil, en lugar de dar instrucciones e información clara para responder a las inquietudes de la población. Sin embargo, de manera excepcional, el secretario se pronunció para desvirtuar las acciones emprendidas desde sociedad civil, soslayando que la difusión de “noticias falsas” es resultado de la incapacidad de las autoridades para brindar información clara y oportuna y así evitar la incertidumbre y la confusión entre las personas afectadas por el sismo.

El gobierno mexicano ha utilizado los espacios de publicidad oficial en medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, para difundir spots, con el formato característico de este gobierno federal, en los que, en vez de proporcionar información de interés público para la ciudadanía, pretenden resaltar que las instituciones gubernamentales están cumpliendo con sus obligaciones; lo que, con base en esta documentación, es medianamente cierto.

Por otro lado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio 3 mensajes públicos en 8 días, aun cuando se comprometió en sus 2 primeros mensajes emitidos el día del sismo, a informar de manera oportuna y periódica a la población. En estos, Peña Nieto informó de manera general sobre las medidas que el gobierno federal activaría para atender la situación de emergencia. También, han circulado fotos del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en reuniones de trabajo. Sin embargo, prevaleció la ausencia de información útil y específica sobre los acuerdos, planes de emergencia, responsabilidades institucionales y las rutas de ayuda para la población.

Lejos de incentivar mecanismos efectivos para evitar la propagación de mensajes inciertos, las autoridades emprendieron los días 22, 23 y 24 de septiembre una campaña de mensajes contradictorios –a través de cuenta oficiales como @segobmx o del propio Osorio Chong, @osoriochong– para que las personas hicieran caso omiso a los rumores e invitaron a consultar sólo información de cuentas oficiales. Ello intentó desacreditar en un primer momento el esfuerzo que desde la población se articuló para garantizar la fiabilidad de la información. Las plataformas sociales –como #Verificado19S, entre otras– suplieron la incapacidad institucional para responder de manera eficiente a los impactos de la emergencia provocada por el sismo del 19 de septiembre. A tal punto llegó la efectividad de #Verificado19S que cuentas en redes sociales como la del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) difundieron información provista por esta iniciativa.

Los ejemplos anteriores dan cuenta que la información proporcionada por las autoridades no se ha dado de forma periódica, oportuna, pertinente, adecuada y objetiva. No ha existido una vocería capaz de mantener el flujo de información constante ante la situación. La sociedad civil ha tenido que generar mecanismos de seguimiento al margen de la incapacidad gubernamental para difundir información clara, concisa y oportuna.

  1. Resultados de la documentación in situ

La evaluación in situ sobre el flujo de información se basó en entrevistas realizadas a civiles en 11 sitios, 9 de ellos zonas de derrumbe (Coquimbo, Gustavo A. Madero; Escuela Enrique Rebsamen, Tlalpan; Calle Enrique Rebsamen, Benito Juárez; Multifamiliar de Tlalpan, Tlalpan; Torreón y Viaducto, Benito Juárez; Gabriel Mancera y Escocia, Benito Juárez; Gabriel Mancera 33, Benito Juárez; Ámsterdam 25, Cuauhtémoc; y Álvaro Obregón 286, Cuauhtémoc) y 2 con alto riesgo de derrumbe (Pacífico 223, Coyoacán; y La Morena 312, Benito Juárez). Asimimo, el análisis se basa en la percepción de quienes acompañan los trabajos de búsqueda en los alrededores de dichos sitios.

2.1 Información sobre las labores in situ

De acuerdo con la Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas[3] y las Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, en una situación de desastre o de crisis humanitaria todas las personas ubicadas en dichos contextos deben recibir cierto tipo de información de manera adecuada, oportuna, clara, precisa y veraz sobre aspectos tales como la situación de vulnerabilidad y los riesgos que de la misma se puedan derivar, zonas de riesgo, procesos de evacuación y desalojo así como las razones por las cuales son necesarias, centros de evacuación, los recursos disponibles o previstos para llevar a cabo los trabajos in loco, los mecanismos de administración y de control de los mismos, etc.[4]

A partir de la información recabada por ARTICLE 19 en estos 11 contextos, hay una ausencia total de protocolos para mantener informadas a las personas que se ubican en las zonas de derrumbe o de riesgo, ya sea porque fueron afectadas por el sismo o bien porque se han acercado para brindar ayuda.

En ninguno de los 11 sitios en los que se recabó la información se implementó una estrategia para brindar actualizaciones sobre el estado de las cosas y/o insumos que faciliten la toma de decisiones de manera periódica, lo cual generó mucha incertidumbre. En ninguno de los sitios se pudo identificar con claridad a la autoridad encargada de las tareas de vocería, o el reconocimiento de éstos por parte de la población es ambiguo, con testimonios como: “son personas de la delegación”, “son marinos pero van cambiando y dicen cosas contradictorias”.[5]

De los 11 lugares documentados, sólo 2 contaban con autoridades identificadas para dirigir las actividades y coordinar los trabajos in situ (labores de rescate, evaluación de riesgo, canalización de recursos, tareas de limpieza, etc.). En 4 casos, fueron ciudadanos quienes tomaron la coordinación de los esfuerzos. Mencionaron la presencia de fuerzas de seguridad y su participación en los trabajos, pero no como actores capaces de satisfacer las necesidades básicas de información.

En 6 lugares[6] (54% de la muestra) no se compartieron los protocolos y estrategias para las labores de rescate o de evaluación de riesgo. La poca información que han recibido las personas viene de fuentes no oficiales, es decir, de voces ciudadanas que de buena fe tratan de aminorar la incertidumbre. Sin embargo, en ocasiones y ante la falta de información oficial, dan pie a rumores que han traído consigo connatos de violencia que podrían haberse evitado con información clara, oportuna y periódica, como en el caso de la fábrica textil  ubicada en Chimalpopoca y Bolívar.

Durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto, la canalización de los recursos materiales y humanos requeridos en los sitios y derrumbes se hizo de manera espontánea y sin que las autoridades asumieran la responsabilidad de satisfacer estas necesidades. Según la documentación realizada, la población involucrada tiene, hasta la fecha, mayor claridad de los insumos con los que se cuenta para realizar las labores de rescate, ayuda, acopio y protección civil en el lugar de los hechos, así como los que faltan. También se documentaron declaraciones de autoridades negando la existencia de herramientas – por ejemplo en Álvaro Obregón 286- para continuar con las labores de rescate, cuando los propios grupos de sociedad civil organizada les han informado de la disposición de los mismos.

El caso de la niña inexistente nombrada Frida Sofía, supuestamente atrapada con vida en el derrumbe de la Escuela Enrique Rébsamen, ilustra de manera clara la falta de rigor con el que las autoridades mexicanas difundieron información a los medios y a la población. Las opiniones públicas nacional e internacional[7] coinciden en la gravedad de que una situación como esta tenga lugar en medio de la tragedia que como país estamos encarando. Justo en los momentos más cruciales para marcar la diferencia entre la vida y la muerte, el gobierno federal canalizó todo su esfuerzo en dirigir la atención y los recursos para el rescate de una persona que nunca existió.

En conclusión, bajo el análisis de la muestra anteriormente descrita, hasta este momento las autoridades no han cumplido los mínimos estándares para explicar a la población de que manera se están articulando para afrontar la situación, quiénes son las y los responsables, bajo qué principios se rige su actuar, cuál es la función de cada una de las autoridades presentes y, en el caso particular de las fuerzas armadas, cuál es el comportamiento que se espera de ellos y las obligaciones a cumplir que justifican tanto su presencia como el cerco que han establecido para limitar la actuación de la sociedad civil.

2.2 Información necesaria sobre las estrategias para responder al desastre natural

A partir del peligro creado por un desastre natural, el Estado debe tomar medidas que resulten en el resguardo y garantía de la vida e integridad física y mental de las personas, medidas planteadas desde una cultura de comunicación ética y respetuosa.

Como parte de las estrategias de rescate, la evacuación es una de las medidas urgentes a realizar, debe ser pronta, monitoreada y atender a particularidades geográficas y de las y los habitantes, siempre informando a la población sobre los tiempos y las acciones a tomar.

La comunicación de estas medidas debe ser de forma 1) oportuna, aclarando el impacto del evento y el riesgo generado; 2) rápida, para evitar dilaciones que impliquen más riesgos; 3) claras, es decir, un mensaje contundente y preciso que no resulte en diferentes interpretaciones; 4) relevante, información útil sobre las estrategias del Estado para enfrentar la situación de riesgo, que implique actividades concretas tanto para las autoridades encargadas de ejecutarlas, como información de ‘qué hacer’ para salvar vidas y poner a salvo los demás derechos fundamentales, y 5) accesible, información disponible en todas las plataformas de comunicación y en todos los idiomas utilizados en las zonas afectadas o por las personas damnificadas [8]

Además de la información recabada en los 11 sitios antes mencionados, hemos documentado denuncias de servidores/as públicos/as a quienes sus superiores les han solicitado que retiren de sus redes sociales los videos o fotografías con las que buscaban dar cuenta del deterioro y posible riesgo en sus lugares de trabajo, bajo el argumento de “no generar mayor confusión”, como sucedió por parte de las autoridades del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Dado que se ha registrado este patrón en distintas dependencias, es inevitable interpretar esta serie de actos como una política de censura por parte del Estado mexicano que en nada abona a las necesidades de información que la población demanda para tomar decisiones de protección y autocuidado y, por el contrario, incrementa la sensación de inseguridad con la que está viviendo la población.

Al momento de la elaboración de este documento, no hay información oficial sobre personas desaparecidas, lo cual genera incertidumbre a la sociedad en general y configura una forma de trato cruel, inhumano y degradante a las familias afectadas. Además de las plataformas digitales pare búsqueda de personas mencionadas supra, en un ejercicio meramente ciudadano, se han desplegado listas afuera de los edificios con información recabada por familiares, amigos/as y conocidos/as que se han acercado a los lugares de derrumbe. Este mecanismo social necesario y pertinente no toma en cuenta la posibilidad de otorgar el estatus de persona desaparecida a quienes vivían en hogares unipersonales o bien aquellas con familiares o redes de contactos fuera de la ciudad o que no han podido trasladarse a los sitios de derrumbe. Por parte de las autoridades no se ha mencionado esta falencia de información y mucho menos las acciones que emprenderán para tener un padrón oficial y el tiempo que esto tomará. Esta información es imprescindible para garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación integral de daños.

Las listas de personas hospitalizadas generadas por Locatel –las cuales están siendo sólo difundidas a través de sus redes sociales y su página web– presentaron dos graves problemas. Por un lado, la institución difundió listas que no compilaban la información de la totalidad de personas hospitalizadas en la Ciudad de México. Quienes fueron registrados en la primera lista del día, no figuraban en la segunda entrega. Por otro lado, Locatel –hasta el día de hoy– brinda información de personas hospitalizadas en centros médicos públicos, omitiendo la información de hospitales privados a los que se trasladaron víctimas del sismo por razones de saturación de las instituciones de salud pública.

Con respecto a las personas fallecidas, más allá de las medidas precautorias que deben tomarse en términos de protección de datos personales, las autoridades han fallado en brindar información por todos los medios sobre dónde puede examinarse la documentación fotográfica y demás documentación del/a fallecido/a, dónde se guardan sus pertenencias personales y dónde se están realizando los exámenes forenses.

Parte de las acciones de reconstrucción señalan la pronta identificación de cuerpos como pieza fundamental, misma que debe obedecer estándares tanto médicos como comunicativos para minimizar el estrés emocional de familiares.[9] En la Ciudad de México, la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan emitió un comunicado una semana después del terremoto para declarar que no cuentan “con información precisa de las autoridades sobre el número de personas que lamentablemente perdieron la vida, así como a quienes han rescatado o pudieran estar bajo los escombros”. En conferencia de prensa, familiares de víctimas de Álvaro Obregón 286 exigieron al gobierno de la ciudad información certera sobre los desparecidos: “No sabemos si están en un hospital o en la morgue, nadie nos avisa”[10].

De los 11 casos documentados in loco por ARTICLE 19, ninguno obedece a los estándares de comunicación sobre la coordinación de autoridades federales y locales. Respecto a la información puntual sobre las personas fallecidas, solo se documentó un caso en que sí había información. Un caso que representa menos del 10% de la muestra.[11]

2.3 Obstrucción a la labor periodística

Aunado a lo anterior, la necesidad de información oportuna y expedita se vio entorpecida por la persistencia de bloqueos informativos por parte de las autoridades. En varias zonas de derrumbe en la Ciudad de México primó el hermetismo y la falta de información fiable que las y los periodistas pudieran difundir.

La reportera de El Sur, Vania Prende, declaró: “[…]había mucha desorganización atribuida a las autoridades, ellos no nos dejaban pasar a pesar de que no estorbábamos ni queríamos acercarnos tanto”. Prende dio cuenta del bloqueo informativo por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México en Av. Obrero Mundial casi esquina con Medellín: “una policía nos dijo que no podíamos hablar con la familia [de víctimas] ni con civiles […] en ese punto presencié cómo la policía, incluso, empujó a otra compañera reportera”. La periodista señaló que la mañana del miércoles 20 de septiembre, la policía la sacó del lugar y, por ende, ya no pudo dar cobertura noticiosa.

El viernes 22 de septiembre en la zona de Álvaro Obregón 286, Vania Prende fue nuevamente obstaculizada en su labor periodística. Señaló que a la prensa se le dio el acceso que a ella se le negó: “Soy corresponsal de un medio de Guerrero y a mí no me querían dejar pasar pero a los italianos sí, no pude cubrir la noticia.”

En esta zona, la falta de información oficial ocasionó que los familiares de las víctimas y personas buscadas en labores de rescate exigieran información oportuna sobre las labores de búsqueda y los cuerpos encontrados por los rescatistas al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, al tiempo que manifestaron la desconfianza hacia las autoridades capitalinas que fungieron como su enlace, ya que éstas no les proveyeron de información adecuada, veraz ni oportuna sobre las labores de rescate.

Por su parte, Isabel Mateos Hinojosa, fotorreportera independiente, fue víctima de estos bloqueos durante la cobertura de los hechos posteriores al sismo. La fotógrafa narró a ARTICLE 19 que durante la cobertura noticiosa a las labores de rescate en el complejo Multifamiliar Tlalpan, del 21 de septiembre al 23 de septiembre, circuló “información contradictoria” por parte de las autoridades a cargo de las labores de rescate. Narró que, incluso, un elemento de Protección Civil no identificado le negó información sobre la posibilidad de rescatar a más personas: “nadie da información….a los periodistas nos tratan como chismosos, meten al personal de prensa en un corralito (sic)”.

Mateos Hinojosa relató que al interpelar a un miembro del ejército no identificado sobre cuáles eran sus labores en el marco de la implementación del programa DNIII de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtuvo como respuesta: “no podemos dar información”. Además la fotógrafa mencionó que “nadie decía quién estaba a cargo e imperaba un ambiente de descoordinación” entre elementos de la policía capitalina y la Secretaría de Marina (Semar) presentes en la zona de desastre.

Neldy San Martín, reportera de El Financiero/Bloomeberg, señaló que durante su labor periodística del 20 de septiembre: “estábamos en el edificio de Torreón y Viaducto en la Narvarte […] llegaron policías federales no identificados [y] nos dijeron que no podíamos estar ahí, les indiqué que estaba haciendo mi trabajo de forma respetuosa, en una orilla, ni siquiera invadiendo espacio de labores de rescate […] una de las agentes de la policía me jaló del brazo, me dijo mugrosa […]”

San Martín afirmó que varios reporteros han vivido este tipo de agresiones y obstrucciones, sobre todo  si portaban cámaras de video. “[…] si eras de Televisa tenías acceso a todos los edificios […] al Rébsamen, a las zonas de derrumbe”, mientras que “a otros medios [las autoridades] no nos dejaban ni acercarnos a las inmediaciones”.

Otra periodista independiente que prefirió mantenerse en el anonimato refirió a ARTICLE 19 que durante la cobertura del derrumbe de Chimalpopoca y Bolívar la policía de Ciudad de México le dijo que ellos no estaban autorizados para dar informes a medios de comunicación sobre personas vivas ni cuerpos rescatados en esta zona. Durante el jueves 21 y viernes 22, la policía de la Ciudad de México tampoco dio explicaciones sobre el uso de maquinaria pesada. La periodista abundó que “policía de la Ciudad de México mencionó que ellos no sabían qué herramientas ni víveres eran necesarios en la zona. Dirigían a las personas con la brigada feminista para que este colectivo dijera qué cosas eran necesarias.”

La periodista mencionó que el viernes 22 de septiembre a las 14:30 horas se detuvieron las labores de rescate en esta zona y se usaron tres máquinas para limpiar el predio de escombros. Una hora después, las y los voluntarios pidieron a la policía de la Ciudad de México que les dejara entrar para verificar con qué fin se estaba utilizando la maquinaria pesada. Describió la periodista que ante el bloqueo y la incertidumbre se generó un enfrentamiento entre brigadistas y fuerzas de seguridad.

Los bloqueos informativos individuales a los que diversos periodistas se enfrentaron, además de constituir violaciones al ejercicio de su libertad de expresión, entrañan una violación al derecho de la sociedad a estar informada, en contextos de desastres naturales.

Conclusiones

Como lo ha documentado y señalado ARTICLE 19, en el marco general de una crisis de violaciones graves de derechos humanos, el Estado mexicano acostumbra desplegar una política de ocultamiento y censura. Dicha política se acentúa, a la luz de la evidencia mostrada en este documento, en un contexto de desastre natural.

La actual estrategia de comunicación gubernamental no ha sido proactiva ni eficiente para difundir las medidas de respuesta adoptadas por las autoridades. Tampoco garantiza, hasta el momento, las acciones de búsqueda de justicia para fincar responsabilidades institucionales y de actores privados por los daños a la vida, a la integridad y al patrimonio de las personas producto de posibles actos de corrupción.

Los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación también se encuentran condicionados por el actual proceder de las autoridades federales y capitalinas. De esta manera es poco viable que se garantice la no repetición de daños tan graves en caso de una nueva catástrofe.

En este contexto, resulta paradójico que las autoridades, en especial las federales, promuevan que la población consulte información solamente en fuentes oficiales cuando éstas no brindan información suficiente, necesaria y adecuada. En la misma tesitura, tampoco se ha garantizado información pertinente para las víctimas y personas afectadas en lugares de derrumbe y/o zonas de riesgos.

Si en condiciones de “normalidad” resulta injustificable la opacidad y el silenciamiento de voces críticas, inhibir el flujo de información cuando ocurren desastres naturales incide directamente sobre el goce y ejercicio de los derechos a la vida, la integridad y seguridad personales. De ninguna manera, el acceso a la información puede suspenderse o restringirse de manera desproporcionada en contextos de alto riesgo. Por el contrario, se debe garantizar el derecho a buscar, recibir y difundir información -en  las dimensiones individual y colectiva- en aras de facilitar, proteger y promover el ejercicio de otros derechos.

Para ARTICLE 19 resulta preocupante que 32 años después del sismo que causara grandes estragos en la capital del país, los gobiernos subsecuentes no tomaron medidas preventivas que evitaran la repetición de la catástrofe y garantizaran la vida y la dignidad de las personas.

Por lo anterior, exigimos una política de comunicación que garantice a la población el acceso a la información, a fin de brindar certeza sobre los protocolos implementados en las zonas de desastre y sobre las necesidades de centros de acopio y de albergues, a la par de brindar cifras certeras sobre las personas rescatadas, desaparecidas y hospitalizadas.

Bajo esta premisa, urge la coordinación de las diversas instancias implicadas en las labores de rescate, y posteriormente, de reconstrucción, para garantizar la plena participación de la ciudadanía y de las personas afectadas.

Es inadmisible que las autoridades utilicen los recursos destinados para comunicar las estrategias y acciones de las entidades gubernamentales para promover la imagen de altos funcionarios e instituciones que, en principio, están obligados a intervenir en situaciones de crisis como la actual.

Con el objetivo de apuntalar la importancia del derecho de acceso a la información y la libertad de expresión en contextos de desastres naturales, ARTICLE 19 hace las siguientes recomendaciones:

  • Implementar mecanismos efectivos de difusión de información útil y oportuna a través de medios accesibles, diversos e incluyentes
  • Garantizar la coordinación entre las distintas dependencias y procurar difundir cifras e información confirmada para generar certezas para la sociedad mexicana y la comunidad internacional.
  • Garantizar el libre ejercicio periodístico y de documentación, con respeto a los derechos humanos.
  • Comunicar efectivamente medidas de prevención, atención y reconstrucción.
  • Proveer de forma diligente datos confirmados sobre personas desaparecidas y hospitalizadas.
  • Garantizar el derecho de la información de los familiares de personas atrapadas en zonas de derrumbes, mediante mecanismos claros, permanentes y transparentes.
  • Establecer procedimientos claros y precisos para brindar información a familiares de personas fallecidas.
  • Evitar el uso político de las necesidades de la población.
  • Administrar de forma responsable los recursos nacionales -públicos y privados- asignados para atender la emergencia así como los recursos provistos por organismos internacionales.
  • Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas que aseguren que los recursos lleguen a quienes los necesitan.

Referencias:

[1]   Proyecto de brookings – BERN sobre desplazamiento interno (2011) Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, Washington, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_045.pdf
[2]    El “Localizador de personas” es una plataforma digital utilizada por la empresa en casos de desastres naturales para aportar información sobre personas desaparecidas y realizar búsquedas para localizarlas. Previamente, esta herramienta se activó en Haití (2010) y Japón, en contextos de desastres naturales.
[3]    Esta Norma es una guía para promover una mejor calidad y una mayor rendición de cuentas en todos los aspectos del trabajo con comunidades y personas afectadas por desastres naturales. Como parte de los nueve compromisos que propone este instrumento, el número cuatro subraya la importancia de que las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias conozcan sus derechos, tengan acceso a la información y participen en todas las decisiones que les conciernen. Cfr. CHS Alliance, Group URD y el Proyecto Esfera (2015) La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas, versión en español disponible en https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf
[4]    Idem. p. 13 y Proyecto de brookings – BERN sobre desplazamiento interno (2011) Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, Washington, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_045.pdf
[5]    Sitios: 1) Calle San Luis No. 199, 24/09/17; 2) Lindavista, 23/09/17
[6]    Gabriel Mancera y Escocia, Benito Juárez; La Morena 312, Benito Juárez; Gabriel Mancera 33, Benito Juárez;  Coquimbo, Gustavo A. Madero; Escuela Enrique Rebsamen, Tlalpan; Ámsterdam 25, Cuauhtémoc;
[7]    La noticia del rescate que confundió a México, como lo denominaran varios medios internacionales, evidenció la falta de diligencia de las autoridades mexicanas, dejó ver los vacíos de información confliable en el contexto de desastre naturall, vulnerando no sólo el derecho a la información, también a la vida e integridad. Cfr. Frida Sofía, el rescate que confundió a México, El país. 22 de septiembre de 2017. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/09/21/actualidad/1506028797_638924.html; Descartan la existencia de la niña “Frida Sofía” bajo los escombros de la escuela Rébsamen, derrumbada en Ciudad de México por el terremoto;BBC Mundo. 22 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41355799; La búsqueda de Frida en México, la historia del rescate que no fue;Clarín. 22 de septiembre de 2017; Disponible en:  https://www.clarin.com/mundo/busqueda-frida-mexico-historia-rescate_0_ByCL_6ZjZ.html
[8]    Criterios retomados de HUMAN RIGHTS AND NATURAL DISASTERS. Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster. Estados Unidos, Marzo 2008; HUMANITARIAN DISASTERS AND INFORMATION RIGHTS, Legal and ethical standards on freedom of expression in the context of disaster response. ARTICLE19. Reino Unido, 2005
[9]    Gestión de Cadáveres en situación de desastre. Comité Internacional de la Cruz Roja, Organización Mundial de la Salud. Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre, et al. Estados Unidos, 2009.
[10]  Animal Político, Nadie nos dice nada, es desesperante: familias exigen información de rescates en Álvaro Obregón, 26 de septimebre de 2017, disponible en http://www.animalpolitico.com/2017/09/alvaro-obregon-rescates-victimas-sismo/
[11]  Sitio: Pacífico 223 Pueblo de los Reyes, del. Coyoacán, 22/09/17

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a Juan Vázquez al correo jvazquez@article19.org o hablar a la organización al +52 55 1054 6500  

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Por una Ley General de Archivos congruente y funcional

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017.- En los últimos dos años, diversas instituciones públicas, académicas y sociales hemos manifestado  la urgencia de aprobar una Ley General de Archivos acorde con la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información aprobada en febrero del 2014.

En ese tiempo se han realizado al menos 20 foros de consulta en diversas entidades de la República, audiencias públicas en el Senado, discusiones en el Inai, cinco exhortos al Senado provenientes del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, del Consejo Académico Asesor del AGN, del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados y del Consejo Universitario de la UNAM mediante los cuales se ha expresado de manera reiterada la necesidad de aprobar una ley que atienda los diagnósticos de dispersión de criterios, la ausencia de lineamientos comunes y las debilidades estructurales en los procesos de producción, gestión y conservación de la información histórica e institucional en todo el país que resultan fundamentales para la identidad, la memoria y la rendición de cuentas.

El proceso ha sido lento y a pesar de todas las opiniones vertidas, la iniciativa de ley presentada en el Senado en noviembre del año pasado contiene disposiciones que de aprobarse en sus términos, materializarían un enorme retroceso en el ejercicio de derechos fundamentales.

Concretamente, preocupan cinco cuestiones:

  1. Captura política del Consejo Nacional de Archivos. En la iniciativa se propone la conformación de un  Consejo Nacional de Archivos encargado de diseñar  la política y las directrices de la archivística del país. Se propone que el Consejo esté encabezado por la Secretaría de Gobernación, lo cual haría que el diseño de herramientas fundamentales para la política nacional archivística del país (lineamientos, recomendaciones, criterios) se realice bajo criterios políticos y no técnicos. El riesgo es que la política pública de archivos no sea formulada a partir de las necesidades y del conocimiento técnico concreto, sino que esté supeditada al control político y a los intereses del gobierno en turno. Esto se reproduciría en las entidades federativas cuyos consejos locales estarían encabezados por los Secretarios de gobierno. Esto es simple y sencillamente inaceptable.
  2. Autonomía y mayor presupuesto para el Archivo General de la Nación. Ante el enorme reto de proponer y desarrollar la política nacional de archivos del país, es preocupante que no se reconozca la naturaleza jurídica descentralizada del AGN. Basta observar la reducción presupuestaria del 78% para esta entidad en 2017. La iniciativa que tiene el Senado no contempla un proceso público, transparente e inclusivo para la designación de su titular, que debería cuando menos contar con la ratificación del Senado. El AGN no puede quedar sectorizado a la Secretaría de Gobernación, cuyos fines no tienen que ver con la conservación de la memoria. Numerosos problemas han derivado de la vinculación del AGN a dicha Secretaría, desde presupuestarios hasta en la propia consulta de documentos, pasando por la incapacidad del propio Archivo para desarrollar sus propias páginas web para la consulta pública de sus catálogos y materiales digitalizados por depender de servidores de Segob. La Ley debe prever una rápida desvinculación del AGN de esa Secretaría.
  3. Archivos históricos fuente de acceso público sin restricciones. Los documentos contenidos en archivos históricos son públicos y de interés general, por lo que su información en ningún caso puede ser clasificada como confidencial ni reservada. La iniciativa acertadamente reconoce esto. Sin embargo, es necesario que desde las definiciones se reconozca la naturaleza del archivo histórico como una fuente de acceso público, como lo hace la Ley Federal vigente. No se trata de un capricho terminológico. La Ley General de Protección de Datos Personales define precisamente así a las bases de datos, sistemas y archivos que pueden ser consultados públicamente. Incluir a los archivos históricos entre las fuentes de acceso público garantizaría que esta información no sea clasificada como confidencial, ni reservada y evitaría un posible conflicto con la Ley General de Protección de Datos Personales. Actualmente, documentos de la primera mitad del siglo XX e incluso del siglo XIX se entregan a los investigadores y al público interesado con información testada, es decir tachada con negro, lo cual resulta ridículo.
  4. Profesionalización de los procesos de valoración. Esta labor es estratégica para garantizar el reguardo de información valiosa y clave en la memoria de la gestión pública, pues es el momento en el que se decide qué documentos se conservarán y cuáles se darán de baja (destruirán) y en qué plazos. En la iniciativa se propone un grupo interdisciplinario, integrado por personas sin especialización en la materia, para realizar esta labor. Es necesario que el grupo sea en efecto multidisciplinario, pues se trata de una labor archivística y no administrativa. En ese sentido, se propone que esta labor incluya a personas que tengan conocimiento en archivística, gestión documental e historia.
  5. Plazos para transferencias. Las mejores prácticas internacionales establecen como regla general, un plazo máximo forzoso para que los documentos que reposan en el archivo de concentración (documentos con vigencia) sean transferidos a archivos históricos. Si no es claro este plazo, los documentos que contienen datos personales corren el riesgo de quedarse para siempre en los archivos de concentración, en tanto la clasificación de confidencial no tiene caducidad. Se debe reconocer que la mayoría de las dependencias cuentan con catálogos de transferencias, pero como no hay en la iniciativa un plazo límite para realizarlas, se puede reproducir lo que hasta ahora ha pasado: numerosos expedientes que se acumulan en bodegas desde hace años, sin orden y sin ser enviados a los archivos históricos. La Ley General de Archivos debe señalar de manera clara que el plazo máximo para la transferencia documental a los archivos históricos es de 25 años a partir del cierre de los expedientes, pudiendo haber excepciones a juicio de los grupos interdisciplinarios de valoración.
  6. Los expedientes y documentos en los archivos históricos ya no requieren mayor valoración. En la iniciativa, se propone un artículo transitorio (el décimo cuarto) que pondría en grave riesgo tanto a los documentos localizados en archivos históricos como aquélla información que puede ser útil para la rendición de cuentas. Actualmente muchos documentos contenidos en los acervos históricos del país no cuentan con un proceso de valoración pues llegaron a estos archivos antes de que existiera una regulación. Por ello, condicionar el acceso a estos archivos a un proceso de valoración paralizaría la consulta irrestricta de los mismos. Los documentos que están en los archivos históricos son, por ese solo hecho, históricos, y no requieren más valoración, así de claro debe quedar establecido en la ley. En los medios de comunicación nos hemos enterado en el transcurso de este año de la destrucción y “baja” de expedientes y documentos con posible valor histórico, sin que queden claros los criterios ni las razones por las cuales se decidió destruirlo.
  7. Procesos de parlamento abierto. Nos pronunciamos a favor de la propuesta hecha por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido de que dada la importancia de la materia, el proceso de deliberación que conduzca a la aprobación de la Ley debe ser público y abierto. Los espacios de deliberación que se han realizado, no han recuperado las preocupaciones que reiteradamente los especialistas han realizado sobre la gestión archivística.

En congruencia con la temática y con los compromisos adquiridos por el Senado en materia de Parlamento Abierto, la discusión de la Ley General de Archivos debería adoptar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.

Lo que está en juego no solo es cómo se tratará la información en los tres órdenes de gobierno sino la conservación de la memoria y la verdad de las instituciones y la sociedad. Por ello, hacemos un llamado al Senado de la República para que considere estas preocupaciones, abra el debate público y apruebe una normatividad acorde con los retos que el país enfrenta en materia de rendición de cuentas.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

San Fernando: 7 años sin verdad en la masacre de 72 migrantes

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.- El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina hizo público el hallazgo de 72 personas migrantes sin vida en el rancho “Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas. La masacre de 58 hombres y 14 mujeres es uno de los sucesos más atroces de violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes en su tránsito por México. El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda histórica con todas las víctimas de esta masacre y con la sociedad en general; México está obligado a dar razones sobre lo que ocurrió en este hecho y en las otras masacres de migrantes.

Sin embargo, a 7 años de estos lamentables hechos, las familias y la sociedad seguimos sin saber qué fue lo que sucedió; seguimos sin conocer el contenido de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR); y seguimos sin saber quiénes son los responsables. Siete años después, las familias continúan con la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron son los de sus familiares, porque siete años después el Estado mexicano no ha podido responder cómo se realizó el proceso de identificación.

El Estado mexicano tampoco les ha reparado integralmente: siete años después y con siete amparos en contra de la negativa de México de reconocer su responsabilidad, las víctimas siguen buscando respuestas y luchando por obtener justicia.

Por resolución emitida el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a cumplir con sus facultades por lo que el 20 de junio de 2017 calificó esta masacre como violación grave a derechos humanos y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación. A la fecha los familiares siguen esperando que la CNDH cumpla y les entregue las copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q en el que este organismo investigó la muerte de sus seres queridos.

Por otro lado, las víctimas han debido emprender sendos litigios para tener acceso a la investigación penal de la PGR. A siete años, la información que se les ha proporcionado es escasa, y pese a existir ya un Mecanismo de Apoyo Exterior para facilitar la comunicación con víctimas de delitos cometidos en territorio mexicano, que radican en el extranjero, las autoridades mexicanas no han acudido a sus países de origen a darles una explicación sobre los avances o líneas de investigación que se siguen en torno al caso.

Tratándose de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad —como en los casos de las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012— esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado.

Por su parte, Fundación para la Justicia y ARTICLE 19 hemos promovido dos amparos tras las negativas para tener acceso a las averiguaciones previas de estas tres masacres de migrantes. Actualmente, ambos amparos se encuentran listados para su discusión en el Pleno de la Corte con los folios 661/2014 y 453/2015, respectivamente, por lo que los ministros y las ministras de la SCJN tienen el deber jurídico de garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Fuente: Imágenes tomadas del expediente PGR/SDHPDSC/UIDPM/M2/03/2016, en el que se investiga la masacre de Cadereyta, Nuevo León, cuyas copias testadas en su totalidad, fueron entregadas a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Las entregas que se realicen deben garantizar el pleno acceso a la información de las averiguaciones previas. El pasado 3 de agosto, la Fundación para la Justicia, por orden del poder judicial, recibió las copias de la versión pública elaborada por PGR, de 17 de los 19 tomos que integran la investigación del caso Cadereyta que ejemplifican la simulación y la burla con la que el Estado mexicano pretende garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad.

Exigimos se abran las investigaciones que la PGR ha realizado en torno a las tres masacres de migrantes. La masacre de las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando ya ha sido calificada como una violación grave a derechos humanos por parte de la CNDH y de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) no puede invocarse reserva en torno a violaciones graves a derechos humanos.

Asimismo, exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad como se pueden observar en las fotografías del expediente de Cadereyta.

Las víctimas y la sociedad tienen depositada su confianza en el poder judicial, pues los ministros y las ministras de la SCJN decidirán si habrá acceso a las investigaciones de las tres masacres. El sentido en el que falle la Corte determinará criterios para saber si tenemos que esperar más de siete años para conocer la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Firma la petición dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR).

Transparencia proactiva: informe de ARTICLE 19 y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM)

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Fuente: Artículo 19

El informe “Transparencia proactiva” compila las experiencias y los aprendizajes que fueron sembrados y cosechados en el marco de un proyecto impulsado por la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19 en colaboración con Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) cuyo objetivo inicial fue capacitar a mujeres y hombres de comunidades indígenas y rurales en los estados de Chiapas y Tabasco sobre el uso instrumental del Derecho a la Información como una herramienta para acceder a otros derechos.

Estas páginas retratan lo construido por un grupo de mujeres de diversas comunidades que, a lo largo de un año de arduo trabajo, con su empeño y dedicación, con su tenacidad y sabiduría, recuperaron las preocupaciones de sus pueblos en torno a la desinformación y se apropiaron del derecho a la información para buscar respuestas por parte de las autoridades sobre los problemas públicos que hasta el día de hoy aquejan a las y los suyos.

El presente documento da cuenta también de los 106 talleres y pláticas que en diversas comunidades ARTICLE 19 y CAM implementaron y a partir de los cuales se pudo corroborar el impacto que genera el derecho a la información en la vida cotidiana de las personas y, particularmente, en la de las mujeres.

El informe “Transparencia proactiva” expone también avances y retrocesos en materia de transparencia, además de recomendaciones y exigencias dirigidas a los organismos cuya labor es garantizar el ejercicio del derecho a la información, ya que aún no utilizan los mecanismos adecuados que acerquen ésta de manera proactiva a las poblaciones del sureste mexicano y mucho menos a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, este texto documenta -inevitablemente- casos sobre violaciones a diversos derechos humanos, diversos derechos de las mujeres y varios derechos de los pueblos, así como el proceso de solución y/o reconocimiento de los mismos por parte de las poblaciones.

Las y los lectores que se acerquen a este documento podrán conocer los frutos de un proyecto que, como el Junco, ha encontrado en su raíz, en el trabajo con las comunidades de la Selva Norte de Chiapas y la región de Pantanos en Tabasco, la fortaleza para hacerle frente a los temporales y renacer para seguir acompañando los procesos de resistencia comunitaria y el empoderamiento de las mujeres que habitan las regiones más rezagadas de nuestro país. Su voz es, ha sido y será nuestra fuerza.

Lee y descarga el informe completo en este enlace.

Transparencia proactiva: informe de ARTICLE 19 y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd



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