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Category Archives: Posicionamientos

Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe derechos a la libertad de expresión y la protesta social

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2017.- El pasado 15 de septiembre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que establece en su artículo 220 la obligación de dar aviso sobre las marchas y reuniones que tendrán lugar en la capital del país por medio un escrito con una serie de requisitos que pueden dejar vulnerables a las personas que se manifiestan, además de mitigar el ejercicio de la protesta social

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México, además de contradecir lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver en 2016 que el aviso previo no era condición para ejercer el derecho a manifestarse públicamente, además contradice las propias posturas del gobierno capitalino, como la incorporación del Derecho a la Protesta en la Nueva Constitución de la Ciudad de México y otras disposiciones legales en las que se generan mejores condiciones para el ejercicio libre y pleno de la protesta social, a partir del diálogo mantenido con las Organizaciones de la Sociedad Civil para lograr avances en la materia.

La Ley de Movilidad fue publicada el 14 de julio de 2014, y contiene disposiciones que restringen las libertades de expresión y reunión en contextos de protesta social a través de sus artículos 212, 213 y 214. Debido a esto fue impugnada por las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como del Distrito Federal, a través de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la SCJN. Además, desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en coordinación y colaboración con diversos actores, promovió en su momento juicios de amparo en su contra en los que jueces federales determinaron que los artículos 212, 213 y 214, son inconstitucionales por violar los derechos a la libertad de expresión y reunión.[1].

Finalmente, el 11 de agosto de 2016, la SCJN resolvió las Acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014, determinando que estos artículos son constitucionales, pero debiendo realizar una interpretación conforme con la Constitución Federal y los tratados internacionales[2]. Si bien la SCJN no declaró inconstitucional el artículo 212 (referente al “aviso previo”), le dio sentido a través de las siguientes líneas interpretativas: 1) el aviso nunca debe constituir una autorización; 2) no debe contener mayores requisitos que lo vuelvan burocrático, debiendo ser una mera notificación; 3) puede darse o no el aviso previo, aún así, las autoridades siempre están obligadas a proteger y garantizar los derechos humanos; 4) el término “perfectamente lícito” debe entenderse conforma al artículo 9 constitucional, que regula las “reuniones pacíficas con objeto lícito”; 5) el Estado no debe calificar previamente ninguna manifestación o expresión; 6) las manifestaciones espontáneas se encuentran totalmente protegidas.

A pesar de este antecedente, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal desobedece lo dictado por la SCJN al establecer que las manifestaciones “deben tener un fin perfectamente lícito” y que “es necesario dar aviso previo” por medio de un escrito donde se solicitan, para que “las autoridades presten las facilidades necesarias para las manifestaciones públicas”, una serie de requisitos: nombre completo de la persona que organiza, nombre de la manifestación, hora de inicio y conclusión, lugar y ruta, número estimado de asistentes, número y tipo de vehículos a utilizar. Es decir, impone la necesidad de dar aviso, sin considerar la existencia de manifestaciones espontáneas y estableciendo requisitos desproporcionales para el ejercicio de un derecho, incluso generando la posibilidad de calificar de manera previa las protestas, su contenido y sus participantes. Lo anterior, en claro incumplimiento a los estándares internacionales y lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al hacer referencia a la Ley de Movilidad, señaló expresamente que “recomienda a los Estados que todavía exigen autorización o permiso previo para la realización de manifestaciones y protestas en espacios públicos enmendar la normativa nacional a fin de eliminar este requisito y establecer expresamente la presunción general en favor del ejercicio de este derecho.”[3]

Además, resulta sumamente alarmante que el actual Gobierno establezca medidas restrictivas y regresivas para el uso del espacio público exigiendo información que puede ser utilizada contra las personas que ejercen su derecho a la protesta, intención que fue evidente durante los dos primeros años de gestión de la actual administración y pareció cambiar a partir de 2015 con los cambios en la titularidad de Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

En este sentido, surge la preocupación por la omisión de los esfuerzos de diálogo que ha impulsado FLEPS con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno; siendo que la agenda de este Frente, partiendo  de la buena fe, ha buscado acuerdos para garantizar todos los derechos implicados en el ejercicio de la protesta social.

En este sentido se logró la elaboración y publicación -el 29 de marzo pasado- del Protocolo  de la SSPCDMX para la Protección de Personas en Contextos de Manifestaciones y Reuniones. De la misma manera, se construyó un Protocolo para la Secretaría de Gobierno para la Concertación Política en el Contexto de Reuniones y Manifestaciones, aún sin publicar y entrar en vigor.

En suma y apelando a los esfuerzos que han servido para incidir en la garantía de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, esperamos desde el FLEPS, que se modifiquen todas aquellas disposiciones del nuevo Reglamento de la Ley de Movilidad que restrinjan de manera injustificada, innecesaria y desproporcionada los derechos de reunión y libertad de expresión.

En caso contrario, esperamos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y/o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpongan de nueva cuenta una acción de inconstitucionalidad para evitar que se consume una violación a los derechos humanos de protesta social, libertad de expresión y libertad de reunión, mediante el uso de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.

[1]          Ver los siguientes comunicados: a) Juzgados federales confirman que la Ley de Movilidad viola derechos humanos b) Poder Judicial de la Federación reafirma que la Ley de Movilidad es inconstitucional c) Reconoce juez que Ley de Movilidad favorece actos de criminalización de la protesta
[2]          Ver comunicado: Suprema Corte pone en riesgo el derecho a la protesta social
[3] CIDH, Informe anual 2015, capítulo IV Uso de la Fuerza, pp 554 y 556.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.
Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA
Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C.
Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
Resonar

Por una Ley General de Archivos congruente y funcional

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017.- En los últimos dos años, diversas instituciones públicas, académicas y sociales hemos manifestado  la urgencia de aprobar una Ley General de Archivos acorde con la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información aprobada en febrero del 2014.

En ese tiempo se han realizado al menos 20 foros de consulta en diversas entidades de la República, audiencias públicas en el Senado, discusiones en el Inai, cinco exhortos al Senado provenientes del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, del Consejo Académico Asesor del AGN, del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados y del Consejo Universitario de la UNAM mediante los cuales se ha expresado de manera reiterada la necesidad de aprobar una ley que atienda los diagnósticos de dispersión de criterios, la ausencia de lineamientos comunes y las debilidades estructurales en los procesos de producción, gestión y conservación de la información histórica e institucional en todo el país que resultan fundamentales para la identidad, la memoria y la rendición de cuentas.

El proceso ha sido lento y a pesar de todas las opiniones vertidas, la iniciativa de ley presentada en el Senado en noviembre del año pasado contiene disposiciones que de aprobarse en sus términos, materializarían un enorme retroceso en el ejercicio de derechos fundamentales.

Concretamente, preocupan cinco cuestiones:

  1. Captura política del Consejo Nacional de Archivos. En la iniciativa se propone la conformación de un  Consejo Nacional de Archivos encargado de diseñar  la política y las directrices de la archivística del país. Se propone que el Consejo esté encabezado por la Secretaría de Gobernación, lo cual haría que el diseño de herramientas fundamentales para la política nacional archivística del país (lineamientos, recomendaciones, criterios) se realice bajo criterios políticos y no técnicos. El riesgo es que la política pública de archivos no sea formulada a partir de las necesidades y del conocimiento técnico concreto, sino que esté supeditada al control político y a los intereses del gobierno en turno. Esto se reproduciría en las entidades federativas cuyos consejos locales estarían encabezados por los Secretarios de gobierno. Esto es simple y sencillamente inaceptable.
  2. Autonomía y mayor presupuesto para el Archivo General de la Nación. Ante el enorme reto de proponer y desarrollar la política nacional de archivos del país, es preocupante que no se reconozca la naturaleza jurídica descentralizada del AGN. Basta observar la reducción presupuestaria del 78% para esta entidad en 2017. La iniciativa que tiene el Senado no contempla un proceso público, transparente e inclusivo para la designación de su titular, que debería cuando menos contar con la ratificación del Senado. El AGN no puede quedar sectorizado a la Secretaría de Gobernación, cuyos fines no tienen que ver con la conservación de la memoria. Numerosos problemas han derivado de la vinculación del AGN a dicha Secretaría, desde presupuestarios hasta en la propia consulta de documentos, pasando por la incapacidad del propio Archivo para desarrollar sus propias páginas web para la consulta pública de sus catálogos y materiales digitalizados por depender de servidores de Segob. La Ley debe prever una rápida desvinculación del AGN de esa Secretaría.
  3. Archivos históricos fuente de acceso público sin restricciones. Los documentos contenidos en archivos históricos son públicos y de interés general, por lo que su información en ningún caso puede ser clasificada como confidencial ni reservada. La iniciativa acertadamente reconoce esto. Sin embargo, es necesario que desde las definiciones se reconozca la naturaleza del archivo histórico como una fuente de acceso público, como lo hace la Ley Federal vigente. No se trata de un capricho terminológico. La Ley General de Protección de Datos Personales define precisamente así a las bases de datos, sistemas y archivos que pueden ser consultados públicamente. Incluir a los archivos históricos entre las fuentes de acceso público garantizaría que esta información no sea clasificada como confidencial, ni reservada y evitaría un posible conflicto con la Ley General de Protección de Datos Personales. Actualmente, documentos de la primera mitad del siglo XX e incluso del siglo XIX se entregan a los investigadores y al público interesado con información testada, es decir tachada con negro, lo cual resulta ridículo.
  4. Profesionalización de los procesos de valoración. Esta labor es estratégica para garantizar el reguardo de información valiosa y clave en la memoria de la gestión pública, pues es el momento en el que se decide qué documentos se conservarán y cuáles se darán de baja (destruirán) y en qué plazos. En la iniciativa se propone un grupo interdisciplinario, integrado por personas sin especialización en la materia, para realizar esta labor. Es necesario que el grupo sea en efecto multidisciplinario, pues se trata de una labor archivística y no administrativa. En ese sentido, se propone que esta labor incluya a personas que tengan conocimiento en archivística, gestión documental e historia.
  5. Plazos para transferencias. Las mejores prácticas internacionales establecen como regla general, un plazo máximo forzoso para que los documentos que reposan en el archivo de concentración (documentos con vigencia) sean transferidos a archivos históricos. Si no es claro este plazo, los documentos que contienen datos personales corren el riesgo de quedarse para siempre en los archivos de concentración, en tanto la clasificación de confidencial no tiene caducidad. Se debe reconocer que la mayoría de las dependencias cuentan con catálogos de transferencias, pero como no hay en la iniciativa un plazo límite para realizarlas, se puede reproducir lo que hasta ahora ha pasado: numerosos expedientes que se acumulan en bodegas desde hace años, sin orden y sin ser enviados a los archivos históricos. La Ley General de Archivos debe señalar de manera clara que el plazo máximo para la transferencia documental a los archivos históricos es de 25 años a partir del cierre de los expedientes, pudiendo haber excepciones a juicio de los grupos interdisciplinarios de valoración.
  6. Los expedientes y documentos en los archivos históricos ya no requieren mayor valoración. En la iniciativa, se propone un artículo transitorio (el décimo cuarto) que pondría en grave riesgo tanto a los documentos localizados en archivos históricos como aquélla información que puede ser útil para la rendición de cuentas. Actualmente muchos documentos contenidos en los acervos históricos del país no cuentan con un proceso de valoración pues llegaron a estos archivos antes de que existiera una regulación. Por ello, condicionar el acceso a estos archivos a un proceso de valoración paralizaría la consulta irrestricta de los mismos. Los documentos que están en los archivos históricos son, por ese solo hecho, históricos, y no requieren más valoración, así de claro debe quedar establecido en la ley. En los medios de comunicación nos hemos enterado en el transcurso de este año de la destrucción y “baja” de expedientes y documentos con posible valor histórico, sin que queden claros los criterios ni las razones por las cuales se decidió destruirlo.
  7. Procesos de parlamento abierto. Nos pronunciamos a favor de la propuesta hecha por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido de que dada la importancia de la materia, el proceso de deliberación que conduzca a la aprobación de la Ley debe ser público y abierto. Los espacios de deliberación que se han realizado, no han recuperado las preocupaciones que reiteradamente los especialistas han realizado sobre la gestión archivística.

En congruencia con la temática y con los compromisos adquiridos por el Senado en materia de Parlamento Abierto, la discusión de la Ley General de Archivos debería adoptar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.

Lo que está en juego no solo es cómo se tratará la información en los tres órdenes de gobierno sino la conservación de la memoria y la verdad de las instituciones y la sociedad. Por ello, hacemos un llamado al Senado de la República para que considere estas preocupaciones, abra el debate público y apruebe una normatividad acorde con los retos que el país enfrenta en materia de rendición de cuentas.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

San Fernando: 7 años sin verdad en la masacre de 72 migrantes

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.- El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina hizo público el hallazgo de 72 personas migrantes sin vida en el rancho “Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas. La masacre de 58 hombres y 14 mujeres es uno de los sucesos más atroces de violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes en su tránsito por México. El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda histórica con todas las víctimas de esta masacre y con la sociedad en general; México está obligado a dar razones sobre lo que ocurrió en este hecho y en las otras masacres de migrantes.

Sin embargo, a 7 años de estos lamentables hechos, las familias y la sociedad seguimos sin saber qué fue lo que sucedió; seguimos sin conocer el contenido de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR); y seguimos sin saber quiénes son los responsables. Siete años después, las familias continúan con la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron son los de sus familiares, porque siete años después el Estado mexicano no ha podido responder cómo se realizó el proceso de identificación.

El Estado mexicano tampoco les ha reparado integralmente: siete años después y con siete amparos en contra de la negativa de México de reconocer su responsabilidad, las víctimas siguen buscando respuestas y luchando por obtener justicia.

Por resolución emitida el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a cumplir con sus facultades por lo que el 20 de junio de 2017 calificó esta masacre como violación grave a derechos humanos y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación. A la fecha los familiares siguen esperando que la CNDH cumpla y les entregue las copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q en el que este organismo investigó la muerte de sus seres queridos.

Por otro lado, las víctimas han debido emprender sendos litigios para tener acceso a la investigación penal de la PGR. A siete años, la información que se les ha proporcionado es escasa, y pese a existir ya un Mecanismo de Apoyo Exterior para facilitar la comunicación con víctimas de delitos cometidos en territorio mexicano, que radican en el extranjero, las autoridades mexicanas no han acudido a sus países de origen a darles una explicación sobre los avances o líneas de investigación que se siguen en torno al caso.

Tratándose de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad —como en los casos de las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012— esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado.

Por su parte, Fundación para la Justicia y ARTICLE 19 hemos promovido dos amparos tras las negativas para tener acceso a las averiguaciones previas de estas tres masacres de migrantes. Actualmente, ambos amparos se encuentran listados para su discusión en el Pleno de la Corte con los folios 661/2014 y 453/2015, respectivamente, por lo que los ministros y las ministras de la SCJN tienen el deber jurídico de garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Fuente: Imágenes tomadas del expediente PGR/SDHPDSC/UIDPM/M2/03/2016, en el que se investiga la masacre de Cadereyta, Nuevo León, cuyas copias testadas en su totalidad, fueron entregadas a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Las entregas que se realicen deben garantizar el pleno acceso a la información de las averiguaciones previas. El pasado 3 de agosto, la Fundación para la Justicia, por orden del poder judicial, recibió las copias de la versión pública elaborada por PGR, de 17 de los 19 tomos que integran la investigación del caso Cadereyta que ejemplifican la simulación y la burla con la que el Estado mexicano pretende garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad.

Exigimos se abran las investigaciones que la PGR ha realizado en torno a las tres masacres de migrantes. La masacre de las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando ya ha sido calificada como una violación grave a derechos humanos por parte de la CNDH y de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) no puede invocarse reserva en torno a violaciones graves a derechos humanos.

Asimismo, exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad como se pueden observar en las fotografías del expediente de Cadereyta.

Las víctimas y la sociedad tienen depositada su confianza en el poder judicial, pues los ministros y las ministras de la SCJN decidirán si habrá acceso a las investigaciones de las tres masacres. El sentido en el que falle la Corte determinará criterios para saber si tenemos que esperar más de siete años para conocer la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Firma la petición dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR).

Carta de organizaciones a Blackstone Group L.P. por posible compra de NSO Group

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2017

A la mesa directiva de Blackstone Group L.P.,

Por medio de esta carta, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Blackstone Group L.P. en relación al interés reportado en adquirir el 40 por ciento de la firma israelí NSO Group Technologies, encargada de desarrollar, promocionar y vender software sofisticado de vigilancia a diferentes gobiernos del mundo, entre ellos, el mexicano.t

Las organizaciones expresamos nuestra preocupación por la falta de rendición de cuentas de NSO Group respecto al uso de sus productos y servicios de forma ilegal e ilegítima en México. En los meses recientes, se ha documentado la utilización del malware Pegasus, vendido en los últimos años a diversas dependencias del gobierno federal, en contra de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, legisladores, e incluso, un grupo de expertos y expertas internacionales con inmunidad diplomática .

El mal uso de estas herramientas de vigilancia por parte de los clientes de la firma NSO Group han motivado el llamado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de cuatro expertos de la Organización de las Naciones Unidas y entre otros, para que se inicie una investigación independiente e imparcial en torno a estos abusos.

Al igual que en la misiva del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, las organizaciones exhortamos a Blackstone Group L.P. a considerar las implicaciones éticas y de derechos humanos que tiene invertir en dicha empresa.

Hasta el momento, NSO Group solamente ha emitido un escueto mensaje sobre el tema, en el que reafirma que sus productos son comercializados únicamente a gobiernos y se declaran “horrorizados por el supuesto mal uso de nuestro producto” y que cualquier uso de este tipo “sería una violación a nuestras políticas de ética de negocios, contratos legales y a lo que defendemos como compañía”. Sin embargo, hasta la fecha no ha aclarado su participación en los hechos denunciados ni ha ofrecido garantías públicas de colaboración con la investigación.

Por ello, en atención a los compromisos públicos que Blackstone Group L.P. ha adquirido en torno a principios de inversión responsable, responsabilidad social corporativa, transparencia y derechos humanos, hacemos un llamado a abstenerse de invertir en NSO Group, al menos, hasta que dicha empresa asuma el compromiso de:

  • Cooperar de manera absoluta con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones oficiales en torno al uso ilegal de los productos desarrollados por NSO Group en contra periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil en México.
  • Adoptar las medidas necesarias para rescindir los contratos vigentes con agencias del gobierno mexicano y abstenerse de ofrecer sus servicios en México.
  • En cualquier caso, adoptar las políticas y medidas necesarias que prevengan y eviten que sus clientes alrededor del mundo utilicen sus productos de manera violatoria de los derechos humanos, como ha sido demostrado en el caso mexicano.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
El Poder del Consumidor
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
SocialTIC

Nota para prensa

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Caso Narvarte: dos años sin #Ju5ticia

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Fuente: Artículo 19

  • Hoy se cumplen 2 años del múltiple feminicidio y del homicidio ocurrido en la colonia Narvarte.
  • Las familias de las víctimas continúan exigiendo conocer la verdad de los hechos así como la realización de una investigación exhaustiva.
  • El jefe de Gobierno de esta Ciudad, cargará en su historia y en su carrera política el haberse negado a resolver este caso: abogadas y abogados.

Ciudad de México, a 31 de julio de 2017.- A dos años de sucedidos los 4 feminicidios en contra de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martin; y el homicidio de Rubén Espinosa en la colonia Narvarte,  las autoridades capitalinas persisten en su negativa de garantizar los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación integral del daño en favor de las víctimas.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Recomendación 4/2017 emitida el 22 de junio pasado, señaló que la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, habían sido responsables del desaseo en la investigación abierta con motivo de los hechos, así como en el mal manejo de la escena del crimen, de las evidencias, del deficiente agotamiento de las líneas de investigación así como la falta de cumplimiento en los derechos de las víctimas.

Todas estas irregularidades y violaciones a los derechos humanos habían sido señaladas por las organizaciones que representamos a las víctimas pocas semanas después de los hechos, pero con la emisión de esa Recomendación, la CDHDF corrobora que aquello que señalábamos y que el ex procurador se atrevió a descalificar, se han convertido en un conjunto de violaciones probadas.

En este marco de violaciones a derechos humanos, la PGJCDMX se negó a realizar las investigaciones pertinentes en relación a las empresas de seguridad privada domiciliadas en la Ciudad de México propiedad de Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Sobre todo porque el domicilio de una de las empresas se encontraba a unos minutos del departamento en Luz Saviñon y porque personal de esas empresas tienen permisos para portar armas y capacitación para usarlas de manera profesional.

Dicho ex funcionario, hoy sujeto a proceso en Veracruz por delitos patrimoniales, es señalado por varios testigos como principal instigador de actos de hostigamiento y acoso contra Nadia Vera y Rubén Espinosa. Sin embargo, a juicio de Ministerio Público, no existe relación de Bermúdez Zurita con los hechos por lo que consideró que sería sometido a “actos de molestia injustificados” si se le requiriera mayor información sobre estos hechos, según dejó constancia en el expediente que se mantiene abierto en la Fiscalía de Homicidios de esta Ciudad.

Pero las deficiencias en la investigación no sólo han afectado a los derechos de las víctimas a conocer la verdad y a acceder a la justicia, sino que de manera paralela también han afectado los procesos judiciales que se siguen en contra de las 3 personas que permanecen encarceladas por su presunta participación en los hechos.

En el caso de Daniel Pacheco y Omar Martínez, les han sido otorgados amparos por un juzgado federal bajo el razonamiento de que “los autos de formal prisión que les fueron dictados por la Jueza 25 de lo Penal no explicaban los motivos de género indispensables para el juzgamiento en casos de feminicidio ni las agravantes en el homicidio de Rubén Espinosa”. Es decir, sustancialmente les fueron concedidos para que la Jueza volviera a dictar un nuevo auto integrando los elementos que no fueron incorporados en ese primer auto de formal prisión.

El problema, es que varios de los elementos que se requieren en los Juicios de Amparo  y que tiene que integrar la Jueza 25 de lo Penal, no fueron integrados ni articulados en su momento por la propia PGJCDMX, precisamente porque incumplió una serie de protocolos y disposiciones normativas que lo obligaban a realizar una investigación seria, exhaustiva, objetiva, imparcial, científica y efectiva.

En el caso de Abraham Torres Tranquilino, que ha sido sentenciado a casi 300 años de prisión por la Jueza 25 de lo Penal, su sentencia se encuentra en Apelación ante el propio Poder Judicial de esta Ciudad. Ello se debe a que la Jueza niega la reparación integral del daño a las víctimas y porque “asume” como versión real de los hechos, el supuesto  móvil construido -y nunca probado- por la PGJCDMX, consistente en un supuesto robo de droga a una de las víctimas. Esta versión sólo se sustenta en la declaración ministerial de Torres Tranquilino, y es contraria a las propias versiones que dieran Daniel Pacheco y Omar Martínez. Bajo esta premisa, se abre la posibilidad de que los tres probables implicados logren obtener su libertad más adelante.

Al haber sido aceptada la Recomendación de la CDHDF en sus términos, se abre una posibilidad remota de que algunas de las inconsistencias y deficiencias de las investigaciones sean subsanadas. Resulta fundamental abrir un nuevo proceso de revisión de las líneas de investigación pendientes. Sin embargo, respecto al apartado de responsabilidades de los servidores públicos, las víctimas mostraron escepticismo pues expresaron que “es difícil creer, que el actual Procurador, quien tuvo injerencia y participación en estos 2 años de investigación deficiente, vaya a iniciar un procedimiento de sanción contra él mismo, pues él también violó nuestros derechos humanos”, señalaron los familiares.

Al día de hoy se da seguimiento a los siguientes procesos legales: en Materia Penal: Juzgado 25º de lo Penal de la Ciudad de México- Causa Penal 129/2015 y acumuladas, Cuarta Sala Penal del TSJDF, toca 87/2017 (apelación de la sentencia contra Torres Tranquilino), Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidio, deslgose de averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, en la Justicia Constitucional (juicios de Amparo) en el Quinto Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito –Amparo en Revisión 156/2017 (por violación al derecho a la verdad al no conocer el “móvil de los crímenes”), mientras que en materia de Derechos Humanos se le da seguimiento para su cumplimiento a la Recomendación 4/2017.

Por su parte, si bien las violaciones a derechos humanos fueron cometidas por las autoridades mencionadas, pesa sobre la Jefatura de Gobierno la ineludible responsabilidad política de no revertirlas, aún y cuando las conocieron de viva voz por parte de las víctimas y sus representantes. Por ello las organizaciones civiles que representan a las víctimas han señalado que “el jefe de Gobierno de esta Ciudad, cargará en su historia y en su carrera política el haberse negado a resolver este caso”.

Por consiguiente, será muy difícil avanzar y esclarecer este caso si no se cumple de forma integral con todos los puntos recomendatorios. La exigencia de lograr verdad, justicia y reparación persiste. Por tanto la señal de que se caminará en ese sentido será  que el actual Procurador se disculpe públicamente y que sean sancionados todos los responsables de las irregularidades. Asimismo, se requiere que se den pasos firmes en la reestructuración de una Procuraduría que evidentemente carece de capacidad para investigar de manera diligente y eficaz casos de feminicidios, así como agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Descarga el documento técnico del balance del caso Narvarte en este enlace.

Nota para prensa

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Posible espionaje al GIEI confirma la necesidad de que se incorpore un panel independiente a indagatoria de #GobiernoEspía

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. El día de hoy se hizo público un informe de Citizen Lab, consignado por el diario The New York Times, en el que se confirma que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue objeto del uso del spyware Pegasus. Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos y respaldamos el Informe #GobiernoEspía expresamos:

  1. La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica.
  2. El caso del GIEI, confirmado por Citizen Lab, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1]. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria, como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH.
  3. La gravedad de esta revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que hemos elevado: Primero, generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por parte de todas las dependencias que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares vendedoras de servicios de espionaje.

Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación; sin embargo, sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas.

[1] Cfr. Addendum de fecha 12 de noviembre de 2015 al Acuerdo Marco para la Incorporación de Asistencia Técnica, cláusula SEGUNDA: […] el Estado garantizará los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el desempeño de las funciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos conforme al derecho internacional aplicable  […]. Ver: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Acuerdo-Addendum-Mexico-CIDH.pdf

El respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad deben ser temas abordados en la agenda de la visita de EPN a Francia

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 4 de julio de 2017

Señor Emmanuel Macron

Presidente de la República Francesa

Señor Presidente:

Las organizaciones que firmamos esta carta, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que sea abordada la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad, en la próxima reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a Francia el próximo 6 de julio.

Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías.

Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores: más de 150 mil homicidios intencionales de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al menos 77 denuncias por ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); más de 8000 casos de tortura y 1,207 denuncias por tortura cometidas por militares; más de 30 mil personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y más de 300 mil personas desplazadas internamente a causa de la violencia. La población migrante en tránsito es también altamente afectada sin que a la fecha se cuente con cifras oficiales y al menos tres masacres de migrantes documentadas, con cerca de 314 víctimas, permanecen aún en la impunidad. Por otra parte, preocupa la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral. A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial. Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes.

Resulta particularmente alarmante los niveles de violencia que se han alcanzado durante el 2017. Tan solo en lo que va del año la Unión Europea han llamado públicamente al gobierno de México más de una decena de veces a esclarecer los asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y el 16 de mayo de este año, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad afirmó que con siete asesinatos de periodistas desde principios del año y quince en 2016, México es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas trabajadoras de los medios de comunicación.

Nos preocupan en particular los crímenes atroces cometidos en lo que va del año, así como la falta de investigaciones adecuadas. La ejecución extrajudicial cometida contra un civil por militares en Palmarito, Puebla el pasado 3 de mayo, así como de los asesinatos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos como lo son: Isidro Baldenegro López asesinado el pasado 15 de enero en Chihuahua, Juan Ontiveros asesinado el 31 de enero en Chihuahua, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada el 10 de mayo en Tamaulipas, Miguel Vázquez y su hermano Agustín Vázquez asesinados el 20 de mayo en Jalisco y Meztli Sarabia Reyna asesinada el 29 de junio en Puebla; así como los asesinatos de las y los periodistas: Filiberto Álvarez Landero, asesinado el 1 de marzo en el Estado de Morelos, Cecilio Pineda Birto asesinado el 2 de marzo en Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera, asesinado el 19 de marzo en Veracruz, Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo en Chihuahua, Max Rodríguez Palacios asesinado el 14 de abril en Baja California Sur, Javier Valdez asesinado el 15 de mayo en Sinaloa, Jonathan Rodríguez Córdova, hijo de la periodista Sonia Córdova, asesinado en un atentado contra su madre en Jalisco el mismo 15 de mayo y Salvador Adame, desaparecido el 19 de mayo en Michoacán, son muestra de la magnitud de la crisis de derechos humanos que enfrenta México. Es importante destacar, que las agresiones a personas defensoras y periodistas, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas. 

Por otro lado, vemos con preocupación, que espacios o medidas implementadas que han sido reconocidas por mecanismos internacionales, como la Comisión Forense para identificación de restos de migrantes asesinados, se están viendo afectados o amenazados con un cierre de actividades, como ocurre con otros espacios de interlocución y articulación donde se requiere la participación de expertos independientes internacionales.

De igual forma, nos preocupa el impulso de leyes o iniciativas tendientes a la restricción de derechos humanos, como la Ley de Seguridad Interior y la llamada “miscelánea penal” –que representa una regresión para los avances hacia un sistema acusatorio- mientras que reformas estructurales y necesarias para combatir la corrupción y la impunidad, como la consolidación de una Fiscalía General de la República autónoma y la ley contra la desaparición forzada, siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión. 

Señor Presidente, en momentos tan difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado para que Francia, país cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos, promueva el respeto de los mismos con sus países aliados, como lo es México.

Cada año su país mantiene un papel crítico y activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha contribuido en el fortalecimiento del mismo, ha promovido la escrupulosa aplicación de los mecanismos de protección de derechos humanos y ha demostrado ser firme ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su independencia, imparcialidad.

Es por ello que de la manera más atenta le solicitamos:

Primero: Fortalecer la asociación bilateral con México garantizando que los esfuerzos y las acciones conjuntas, contribuyan en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de ambos países. De igual manera, le llamamos a instar al Jefe del Estado mexicano a emprender soluciones estructurales y duraderas para que sus instituciones combatan la preocupante impunidad prevaleciente en México. Sabemos que el gobierno de Francia, al igual que otros gobiernos europeos, apoya técnicamente al gobierno mexicano en temas de procuración de justicia y requerimos que exista una transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos fondos, a fin de que se apliquen efectivamente para el combate de la impunidad, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo: Promover el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al Gobierno de México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, la que se refiere al establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad. Ante la falta de capacidad e imparcialidad para investigar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, México necesita de un mecanismo internacional, independiente e imparcial, compuesto por personas expertas que coadyuven con el Estado Mexicano para generar instituciones de procuración y administración de justicia capaces de revertir los alarmantes índices de corrupción e impunidad por violaciones a derechos humanos que existen en el país. Confiamos en que su gobierno, reconociendo la importancia fundamental de los Estados a prestar ayuda mutua de conformidad con sus obligaciones internacionales, ayudará a México a combatir la corrupción e impunidad a través de la promoción del establecimiento del Consejo Asesor y de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Tercero: Promover, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales, un diálogo respecto de la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, con miras a plantear soluciones estructurales e integrales al contexto que vive México.

Cuarto: Manifestar la importancia que tienen las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, y la sociedad civil mexicana en la construcción de un estado de derecho, solicitando al Gobierno mexicano que garantice amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta, participación y evaluación de la sociedad civil en políticas públicas y otros temas relacionados con derechos humanos.

Quinto: Promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Al igual que Francia, México está en un proceso de implementación de dichos Principios a través de un Programa Nacional. La implementación de este Programa constituye una oportunidad para atender los niveles de impunidad con la que operan entes públicos y privados que han causado abusos y violaciones a derechos humanos por sus actividades empresariales. Siendo que México no cuenta con un mecanismo de identificación y sanción a los responsables de dichos abusos, ni con mecanismos efectivos para el acceso a la justicia de personas que resultan afectadas, esta política pública tiene el potencial de fomentar el respeto de los derechos humanos como eje primordial del desarrollo y de todo tratado comercial y de inversión.

Agradecemos de antemano su amable atención y aprovechamos para expresarle nuestras más altas y distinguidas consideraciones.

Atentamente,

Organizaciones de la sociedad civil

ARTICLE 19
Borde Político
Asistencia Legal por los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social
Cauce Ciudadano A.C.
Casa del Migrante de Saltillo
Colectivo familias de Desaparecidos Orizaba – Córdoba
Colectivo Solecito de Veracruz de búsqueda de personas desaparecidas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Disability Rights International
Documenta | Análisis y acción para la justicia social A.C.
Enjambre Digital
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) integrada por familiares de personas desaparecidas en todo México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) integrada familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila.
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.
Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (PRODESC)
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD)
CIC Propuesta Cívica A.C.
Red Retoño

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).;

Personas defensoras de derechos humanos, activistas e integrantes de la academia

Aram Barra
Araceli Salcedo Jiménez
Alfredo Lecona Martínez
Aranxa Bello Brindis
Alejandra Nuño Ruiz- Velasco
Ana Lorena Delgadillo Pérez
Catalina Pérez Correa
Carolina Pimentel
Cecilia Real
Denise Dresser
Ernesto López Portillo
Eliana García
Guadalupe Barrena
Jorge Javier Romero
Lucía Díaz Genao
Iván García Gárate
María Novoa
Pablo Girault
Rosario Villanueva
Simón Hernández León

Comité de Participación Ciudadana del SNA fue designado con base en altos estándares de apertura, transparencia y rendición de cuentas

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Fuente: Artículo 19

  • El proceso de designación del CPC ha sido el único del Sistema Nacional Anticorrupción con un comité técnico de evaluación reconocido nacional e internacionalmente.
  • La Comisión de Selección designó al CPC utilizando criterios ineludibles como la capacidad, la trayectoria profesional, la probidad, la independencia, así como acciones afirmativas en favor de la participación política de las mujeres.
  • Es trascendental que las exigencias que el Senado le hace a la Comisión de selección del CPC, sean las mismas que consoliden el marco normativo en materia de designaciones públicas a nivel nacional

Ciudad de México, a 4 de julio de 2017.- El proceso de designación de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue inédito en México. El proceso estuvo regido por altos estándares en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación social. Lo anterior ha sido destacado por el Observatorio Ciudadano de las Designaciones Públicas que ha evaluado varios procesos, entre ellos, los de las designaciones de ministros, magistrados, ombudsperson, rectores, consejeros y comisionados de instituciones tan relevantes para nuestro país como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), diversos Tribunales y el SNA en su conjunto.

En los últimos días han surgido diversos pronunciamientos, entre ellos uno desde el Senado, que han buscado deslegitimar este proceso bajo la idea de que las y los candidatos que obtuvieron la mayor puntuación con base en las cédulas de evaluación de las entrevistas no fueron los elegidos para integrar el CPC. En particular, es preocupante que la Cámara Alta cuestione, sin fundamento alguno y con base en elementos subjetivos, la designación señalada.

El Observatorio ha validado que la Comisión de Selección siguió una metodología rigurosa, pública, con periodos puntuales y con la difusión necesaria de la convocatoria para el proceso de selección; los plazos legales fueron respetados y se contó con una participación ciudadana amplia; también se privilegió la deliberación pública y, finalmente, se expusieron las razones que fundamentaron las decisiones tomadas (ver el tablero de evaluación al final).

En estos cuestionamientos se ha puesto también en tela de juicio la aplicación de acciones afirmativas en favor de la participación política de las mujeres. En este sentido, es trascendental recordar que la idea central de los sistemas de cuotas de género es facilitar la selección de mujeres para puestos en los espacios públicos de participación y de toma de decisiones; así se garantiza que no queden marginadas de la vida pública y/o tengan una presencia secundaria. Las capacidades están consideradas en igualdad de circunstancias de acuerdo con los estándares en la materia, por lo que Designaciones Públicas reitera la trascendencia de implementar estos mecanismos de inclusión de manera transversal a cualquier designación pública realizada por los tres Poderes de la Unión.

Ante estos mecanismos de desacreditación, da la impresión de que para el Senado existe un doble estándar de prioridades. Ninguno de los procesos de designación que han tenido lugar en el marco del SNA han cumplido con tan altos estándares como el proceso del CPC. Basta recordar que el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción se ha pospuesto desde 2014 y esto ha obstaculizado el funcionamiento de dicho organismo, además de que no se cuenta con información pública respecto a las cédulas de evaluación elaboradas por el Comité de Acompañamiento. Aún está pendiente abrir al escrutinio público el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las razones que fundamentan la elección de estos perfiles, sin mencionar la premura y opacidad que primó en el proceso de designación del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo anterior, es primordial que el Senado se comprometa públicamente a que la Junta de Coordinación Política haga explícitos los criterios y razones que fundamentarán la selección de cualquier candidato o candidata que sometan al pleno para su designación o ratificación, con el mismo rigor que se le está exigiendo a la Comisión de Selección del CPC.

Por último, pero no por ello menos importante, es necesario contar con un marco normativo en materia de designaciones para que los procesos de selección cuenten con los estándares descritos y no se basen sólo en la voluntad política, sino en un proceso definido por un marco normativo general de designaciones públicas. Al contar con una ley, podremos armonizar la calidad de estos procesos y evitar el secuestro político de los nombramientos de las y los funcionarios que encabezan las instituciones más importantes de nuestro país.

Conoce el tablero de evaluación con los puntos que cumplió la Comisión de Selección:

Tablero de evaluación con los puntos que cumplió la Comisión de Selección by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Declaraciones del Presidente sobre #GobiernoEspía ponen en duda la voluntad política de protección: Espacio OSC

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Ciudad de México, a 30 de junio de 2017.- Las declaraciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del día 22 de junio en Lagos de Moreno, Jalisco, en respuesta a las denuncias sobre el espionaje gubernamental, que se hicieron públicas el día 19 de junio, se pueden interpretar como un acto de criminalización a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que denunciaron haber sido víctimas de vigilancia ilegal y a las organizaciones que hicieron una labor de escrutinio y difusión pública de la misma. Dichas declaraciones ponen en riesgo principios democráticos y los derechos a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Además, contravienen el discurso de protección estatal hacia las personas defensoras y periodistas, entre otras, las “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”, anunciadas en la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) por el mismo Jefe de Estado este 17 de mayo de 2017.

Como se señaló anteriormente, el condenar al fracaso las investigaciones, normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, así como restar importancia a las intervenciones – tal como lo hizo el primer mandatario – contradice la voluntad política expresada por las autoridades mexicanas de proteger verdaderamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Así mismo, consideramos las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto del pasado 22 de junio se pueden considerar una acción de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas al solicitar la aplicación de la ley en su contra al considerar, a priori a una debida investigación, dichos señalamientos como falsos.

Lo anterior demuestra que en lugar de investigar y juzgar a los responsables de los intentos de espionaje, el Presidente pide a las autoridades aplicar la ley en contra de las víctimas de tales actos, que en este caso son personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Reiteramos y nos sumamos al llamado en cuanto a la necesidad de proteger a quienes han denunciado y difundido los intentos de espionaje, tal como lo han señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Respaldamos el trabajo de las y los periodistas afectados, y de las y los defensores de derechos humanos, algunas/os integrantes del Espacio de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).

Por otro lado, externamos nuestra preocupación por la existencia de indicios de intentos de espionaje hacia más personas defensoras integrantes del Espacio OSC – hechos que se investigan y se denunciarán ante las autoridades correspondientes.

Rechazamos enérgicamente la política de espionaje gubernamental a la que se están sometiendo personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, incluyendo a sus familiares mayores y menores de edad, así como el uso de recursos públicos para monitorear y restringir el campo de acción de estas poblaciones.

Por lo anterior, exhortamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a que, desde su Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis (Tercera Unidad), emprenda acciones inmediatas para generar elementos de diagnóstico y análisis que sirvan de base para implementar medidas de protección en contra de las amenazas en el ámbito digital incluyendo el monitoreo e intervención de comunicaciones fuera del marco de la ley.

Urgimos a las autoridades competentes a que se investigue y sancione a los funcionarios que han permitido, tolerado y usado el software de vigilancia en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas en México y a que se hagan públicos los contratos que constaten la compra de dicho software por dependencias públicas.

Instamos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a las otras instituciones competentes a dar seguimiento y garantizar la no repetición.

Por último, instamos al establecimiento de un panel de expertos independientes que haga escrutinio de la investigación y pueda dar mínima certeza de independencia, imparcialidad y conocimiento técnico en la investigación.

Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Para mayor información, favor de contactar a contacto@espacio.osc.mx.

Organizaciones responden a FEADLE de la PGR sobre espionaje

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 26 de junio de 2017.- Luego de las declaraciones hechas por el Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, Ricardo Sánchez, donde anuncia su plan de investigación de las denuncias sobre el espionaje hacia periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, las organizaciones que acompañamos a las personas denunciantes señalamos lo siguiente:

  • Que la FEADLE no aclara el tipo de asistencia técnica que pretende solicitar y la razón por la cual las instituciones y personas nombradas como parte del supuesto “grupo de apoyo técnico” poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida para aportar elementos relevantes a la investigación.
  • Que el “grupo de apoyo técnico” no atiende la solicitud del establecimiento de un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales como ha sido solicitado.
  • Que la FEADLE sólo ha solicitado el resguardo y no la entrega de información sobre los procesos de contratación ni sobre el uso del software Pegasus u otros de similar naturaleza.
  • Como coadyuvantes, reiteramos nuestra disposición para efectos de cooperar en la indagatoria en el entendido de que es obligación del Estado, en este caso a cargo de la PGR y por lo tanto del gobierno federal asumir de manera responsable y oficiosa la investigación de los delitos. En vía de consecuencia, expresamos disposición para que el plan de investigación sea construido con las y los afectados.

Finalmente, no dejamos de mencionar que después de las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, existe el temor fundado de que la investigación esté destinada de antemano al fracaso, al considerar falsos los hechos que dieron origen a la misma. Por ello, reiteramos la necesidad de contar con un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional que den certeza sobre el curso de la indagatoria.

Organizaciones:

ARTICLE 19

R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales

SocialTIC

Sin certeza de justicia, a 3 meses del feminicidio de Miroslava Breach

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 22 de junio de 2017.- A tres meses del feminicidio de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo por ejercer su labor periodística, redes de periodistas y organizaciones sociales exigimos justicia al gobernador Javier Corral Jurado y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Nos pronunciamos por:

  • Que se rinda un informe detallado sobre el progreso de las indagatorias ya que a pesar del discurso de las autoridades locales que aseguran tener identificados a los responsables no se han emitido ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni intelectuales del asesinato.
  • Que se evite la impunidad en el feminicidio de Miroslava Breach, realizando una investigación adecuada con perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la reparación del daño para la familia.
  • Que el gobierno federal y local establezcan una coordinación eficiente para el impulso de medidas concretas de protección para quienes ejercen el periodismo en Chihuahua. Así como evitar la criminalización de las y los periodistas en el desempeño de su trabajo.
  • Que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informe los avances que tiene en la investigación de conformidad a su mandato constitucional.

Lo anterior de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe publicado en 2014 y en las que señala:

“Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesario, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia”.

Por lo anterior y debido a que hoy se  cumplen 93 días del feminicidio de Miroslava Breach, exigimos al gobierno federal y de Chihuahua que tomen las medidas necesarias y adecuadas que reviertan el evidente patrón  de impunidad que presentan los casos de asesinatos de periodistas.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC)

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

Reporteros sin Fronteras (RFS)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.

Con sus declaraciones, EPN condena al fracaso la investigación por #GobiernoEspía y amenaza a quienes han denunciado

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 22 de junio de 2016.- El día de hoy, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto se refirió por primera vez públicamente a las denuncias sobre el uso ilegal de tecnología para intervenir ilegalmente telecomunicaciones de personas vinculadas al trabajo periodístico, a investigar y denunciar la corrupción, y a la defensa de los derechos humanos. Las expresiones del primer mandatario ocurrieron en Lagos de Moreno, Jalisco, en el marco de la inauguración de un parque industrial.

En su discurso, el Presidente Peña Nieto rechazó la vulneración de la privacidad de todas las personas y ordenó una investigación. Asimismo, aceptó que el Estado mexicano efectivamente cuentas con la tecnología de espionaje en cuestión. Al mismo tiempo, sin embargo, el Primer Mandatario realizó diversas expresiones impropias de su investidura y en extremo preocupantes.

En primer lugar, sin esperar a que la investigación siquiera iniciara, el Presidente condenó al fracaso la indagatoria al afirmar que “[…] Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso”, insistiendo en que las denuncias son “falsos señalamientos”. Es decir, el Titular del Ejecutivo calificó, sin que mediara una indagatoria, como falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad. Dado que la investigación aún no ha comenzado, el Mandatario carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección. Que el Presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el Presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado.

En segundo lugar, el Presidente de la República normaliza la gravedad de las denuncias y minimiza las consecuencias en la vida de las personas que han denunciado las intervenciones, al señalar que “Ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”. De nuevo, estas afirmaciones son irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información.

En tercer lugar, el Primer Mandatario realizó una afirmación en extremo grave, al aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje, al señalar que “Yo mismo como Presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que digo telefónicamente. No faltará que alguien, o alguna vez, exhiban una conversación mía”. Para provenir de un Jefe de Estado, una aceptación así de pasiva de las intervenciones ilegales es alarmante. La seguridad de las comunicaciones del Presidente interesan a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el Titular Ejecutivo acepta su vulnerabilidad, confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación.

En cuarto lugar, el Presidente profirió una muy preocupante amenaza a las personas denunciantes al decir al final de su discurso: “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”. Con estas expresiones, Enrique Peña Nieto no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos. Esta posición presidencial es en extremo preocupante y denota una deriva autoritaria que a todos debe alarmar. Cuando el Presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas. Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global.

En suma, al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el Presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo.

En vía de consecuencia, reiteramos que la única forma de asegurar una investigación profunda y real es mediante la conformación de un panel independiente de expertos que en todo caso hagan escrutinio de la acción o inacción de la PGR en la “investigación” del espionaje. En el mismo sentido demandamos –dado que el Presidente afirmó que su gobierno cuenta con la tecnología de espionaje- que se transparenten y publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje.

Estos dos elementos serán los indicadores para considerar que existen posibilidades mínimas para una investigación en contexto de democracia. Mientras tanto, lo único que tenemos al día de hoy son amenazas a quienes denunciamos públicamente el espionaje y ausencia total de condiciones para una verdadera investigación.

Firman:

ARTICLE 19

Centro ProDH

El Poder del Consumidor

IMCO

R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales

SocialTIC

Más de 200 organizaciones de Latinoamérica rechazan acciones de #GobiernoEspía y exigen rendición de cuentas

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Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 21 de junio de 2017.- El lunes 19 de junio fue publicada por Citizen Lab y por las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC una nueva investigación, recogida por el diario The New York Times, que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

El principal método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.

Según reportes de The New York Times (NYT), cada licencia de infección tendría un costo alrededor de $77,000.00 dólares americanos (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público).

En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos (76 mensajes en esta nueva investigación y 12 en la investigación pasada sobre los activistas por el derecho a la salud, el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo de la organización el Poder del Consumidor y Luis Encarnación de la coalición ContraPESO) para espiar a periodistas y defensores de derecho humanos vinculados a la infraestructura de Pegasus.

Estos casos de vigilancia a los activistas por el derecho a la salud constituyeron un detonante para que la sociedad civil mexicana se retirara del mecanismo de co-construcción con el Gobierno Federal y el INAI en el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto.

La nueva publicación reveló que otras organizaciones, periodistas y personas críticas al poder también han recibido mensajes de la misma naturaleza y son identificadas como blanco de ataques para tener acceso y control absoluto de sus dispositivos.

Las personas que recibieron los mensajes SMS con enlaces maliciosos fueron: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal de noticias (Aristegui Noticias), así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui; el periodista Carlos Loret de Mola; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Resulta de gravedad que un adolescente, el hijo de la periodista Carmen Aristegui, fuera una de las doce personas que recibiera los mensajes con enlaces al programa malicioso Pegasus para ser espiado.

En un escueto mensaje en Twitter, Eduardo Sánchez H., Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, publicó la respuesta del gobierno federal al reportaje del NYT en donde se señala que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje” y llamó a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la SEDENA cuentan con estas herramientas de espionaje. Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Los hechos expuestos en la nueva investigación ya fueron denunciados formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR). Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.

El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos. Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta.

Por lo tanto, las organizaciones firmantes se suman al rechazo de la sociedad civil ante este nuevo ataque en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. Asimismo, exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.

Organizaciones:

Centro Diosesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC

Centro Nacional de Comunicación social (CENCOS)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Cultura Ecológica; Instituto de justicia Procesal penal AC (IJPP)

IDHEAS, Litigio Estratégico en DH

Grupo de información en reproducción elegida (GIRE)

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C

Renacer Lagunero

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Ojo-Público (Perú)

CIMAC

Causa en Común

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.

Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Red Nacional de Periodistas

Ruta Cívica

Observatorio Nacional Ciudadano

Data Cívica

IPANDETEC (Panamá)

GESOC

Fundación Gobierno Abierto Colombia (Colombia)

Datos Concepción (Argentina)

TEDIC (Paraguay)

Iniciativa Social para la Democracia

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Factual

Grupo Cultural Horizontal

Bicitekas

Codeando México

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Luchadoras

La Sandía Digital

Fundación Ciudadano Inteligente (Chile)

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C.

Redes Quinto Poder IDEA

Transparencia Mexicana

Abriendo Datos (Costa Rica)

Son Tus Datos – Artículo 12

DATA Uruguay

LabMedia (Colombia)

Grupo Indignación, Yucatán

Centro de Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos (CEDILADH)

Cauce Ciudadano AC

Alianza Cooperativista Nacional, A.C.

Católicas por el Derechos a Decidir

Uniendo Cristales A.C.

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C

GENDES, A.C (Género y Desarrollo)

Circo Volador

Equipo Mexicano de Acompañamiento Psicosocial (EMAAPSI)

El Poder Del Consumidor

Red Ciudadana (Guatemala)

Colectivo Cocina de los Paramis

Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac)

Observatorio Ciudadano Ojo Ambulante

Observatorio Cero Trata

Lupa Ciudadana

Centro Cultural el Faro A.C.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

Borde Político A.C

Comité Para la Protección de los Periodistas (CPJ)

Reverdecer Colectivo

Fundem

Fundec

Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.

CDH Fray bartolomé de las Casas

Red Retoño

Derechos Digitales, América Latina

Central Campesina Cardenista

Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana – Ciudad de México

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Fondo Semillas

El Barzón Chihuahua

Ala Izquierda

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)

Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. (DOCUMENTA)

Ecos de Mirabal

Grupo de Abogadas Demócratas, A.C.

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

Mukira, A.C.

Observa Ciudadana (Observatorio para el Acceso a la Información Pública)

Red por la Participación Ciudadana, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Uno de Siete Migrando

Grupo V.I.D.A LAGUNA A.C.

Brigada Nacional en Búsqueda de Personas Desaparecidas

Participando por México AC

Desaparecidos Justicia AC Querétaro

Grupo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz

Colectivo regional defensa verde naturaleza para siempre

Colectivo Vive Migrante

Familiares enlaces Xalapa

Insyde

Asociación unidos por los desaparecidos de baja california AC

Asociación alas de esperanza Coahuila

Promoción de la Cultura del Diálogo

Directorio Legislativo (Argentina)

Fundación Conocimiento Abierto (Argentina)

MORLAN

Familias Unidas En La Busqueda Y Localizacion De Personas Desaparecidas AC

Familias Unidas Desaparecidos Jalisco

Reporteros sin Fronteras (RSF)

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados

Mujeres de Michoacán a.c

Asociación Civil Japiqay, Maemoria y Ciudadanía (Perú)

CIDAC

México Evalúa

Consejo consultivo del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Reporteros Sin Fronteras

Familiares en Búsqueda María Herrero Xalapa

Colectivo familias de Desaparecidos Orizaba – Córdoba

Comisión Estatal para la Promoción de una Vida Digna A.C.

Comité de familiares de personas detenidas desaparecidas en México “Alzando Voces” Michoacán

Colectivo Colibrí

Familiares Caminando por Justicia. Michoacán

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM

Unión De Madres Con Hijos Desaparecidos De Sinaloa, Años 70’s

Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, Veracruz

Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur

Iniciativa Social y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Colectivo por la Paz Xalapa A.C.

Versus

SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados

Organización Ambulante A.C

Wingu Argentina

CDH Fray Matias

Radio LakLumal

ARTICLE 19

Social Tic

Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D

CLACPI

Transita Seguro

División del Sur

Diversidad Desarrollo y Estrategias Sociales A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México);Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Personas:

Carolina Pimentel
Janett Guzmán Guerrero

Michael Chamberlain
Ixchel Cisneros
Denise Dresser
Julio Madrazo
Eliana García
José Luis Caballero Ochoa
Iván García Garate
José Antonio Guevara Bermúdez
Jacobo Dayán
Aranxa Bello
Daniel Urrutia Laubreaux
Ernesto López Portillo Vargas
Dr. Alberto J. Olvera Rivera
Luis Daniel Vázquez Valencia
Julián Mejía Berdeja
Fernando Ríos Martínez
Quetzalcoatl G. Fontanot
Rubén Aguilar
Jorge Javier Romero
Mariclaire Acosta Urquidi
Mónica Tapia A.
Alberto Serdán
Luis Briones
Roberto Enrique Ulloa Flores
Óscar Montiel
Pável Sosa
Laura Freyermuth
Anca Matioc
Patricia de Obeso
Óscar Campos Molina
Cipriana Jurado
Humberto Zazueta
Axel Didrikson
Leticia Burgos
Javiera Atenas
Carla Bonina
Carlos Castellanos
Felipe González
Rebeca Moreno Sandoval
Luz María Montoya Pérez
Pedro Iván García Sánchez
Areli Carreón
Marcela Villalobos Andrade
Patricia Carmona Hernández
Brisa Ruiz Chan
Elena Fortes Acosta
Gael García Bernal
Carla Fernández
Patricia Martín
Clara Jusidman
Diego López Rivera
Ximena Ugarte Trangay
Claudia García Covarrubias
Benito Tomás Toledo
Asminda Nohemi Navarro González
José Mario de la Garza
Carlos Cruz Santiago
Erika Llanos Hernandez
Ana Gabriela Mora
José Guadalupe Armenta Martínez
Gabriela Delgado Ballesteros
Patricia Santos Quevedo
Ania Ezquerro Cervantes
Fabiola Rivera Hernández
Ana Jimena Ramírez España
Verónica Ortiz Cisneros
Paola Ojeda Linares
Valeria Scorza
Alejandra Carrillo Soubic
Héctor Castillo Berthier
Luis Zambrano González
Carlos Brown
Guadalupe Barrena
Luis Eduardo Pérez Llamas
Ruth Montaño Díaz
Óscar Rivas Muñoz
Paulina Arriaga
María Cristina Guerrero Saucedo
Tania Sánchez
Magdalena Cos
María Guadalupe Morfín Otero
Alma Irene Nava Bello
Marcela Godínez Esparza
Aarón Hernández Hernández
Ricardo Alonso Pavón Marín
Armando Santacruz Gonzalez
Fernando Ramos Casas
Gabriela Jáuregui
Leticia Mariana Jauregui Casanueva
Andrea Foncerrada Allala
María Álvarez Reyes
Luisa Reyes Retana
Verónica Ruiz González Luna
José Orvelin Montiel Cortes
Nicomedes Fuentes
Catalina Pérez Correa
Gerardo Candano Conesa
Ma. Teresa Troncoso de Venguer
Grettel Rodríguez Almeida
Santiago Esteinou L.
Juan Gerardi
Norma González Benitez
Javier Mancera
Luis de la Calle
Rosa Ma. Gómez Saavedra
Cecilia Real
Ana Lorena
Mario Saucedo Pérez
Alfredo Castro
María Novoa
Ilse Salas
Claudia Maldonado Trujillo
Leonardo Heiblum
Joanna Ruiz Galindo
Pbro. Pedro Pantoja
Aleida Calleja
Mara Hernández
Rossana Fuentes Berain
Armando Ríos Piter
María Amparo Casar
Ana Laura Magaloni
Valeria Scorza
Max Correa
Gabriela Warkentin
Luis de la Calle
Gustavo Mohar
Eufrosina Cruz Mendoza
Areli Rojas Rivera
Genaro Lozano
Carlos Brito
Javier Mancera
Carlos Cruz Santiago
Giovanni Xochipa
Érika Llanos Hernández
Armando Barrera Cuevas
Leticia Jauregui Casanueva
José Antonio Caballero
Paulina Vega González
Francisco Saucedo Pérez
Marcos Edgar Zavala Cruz
Olivia Ávila Martínez
David Pérez Esparza
Daniel Trujillo
Mara Gómez Pérez
José Fernando Ortigoza Mugarte
Silvia Elida Ortiz Solís
Julio Sánchez Pasillas
Berenice Camacho Castillo
Cecilia Real
Mauro García Medina
Bibiana Salamanca García
Luis F. Fernández
⁠Simón Hernández León
María Antonieta Muñoz Roa
Olga Lidia Saucedo Garcia
Mayra Vergara Hernández
Elio Villaseñor Gómez
Azyadeth Adame Ramírez
Amalia Cruz Rojo
Diana Mora López
José Ricardo Robles Zamarripa
Josefina Mac Gregor
Darvy Batallar Gómez
Daniel Villatoro García
José Merino
Iván Benumea
Celso Alvarado
Valeria Hamel
Alfredo Lecona
Lucía Riojas
María Teresa Sierra
Julio Mena
Aranzazú Ayala
María Hortensia Rivas
Adriana Moreno Becerril
Daniel Cubría
Andrés Torres Checka
Israel Espinosa
Juan Yves Palomar
Darío Ramírez
Gisela Pérez de Acha
Anamaría Hernández Cárdenas
Darvy batallar gomez
Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama
Yolanda Tello Mondragón
Gabriela Flores
Lourdes Chávez
Rosalía Flores
Antonio Martínez Velázquez
Mony de Swaan
Karla Rivera
Ricardo Giraldo
Ximena Urrutia
Enrique Gordon
Adrián López
Ricardo Raphael
Martha Cristiana Merino
Dolores Heredia
Claudia Rodríguez
Eduard Martin-Borregon
Eugenio Caballero
Fernanda Kalb
Natalia Gabayet
Soren García Ascot
Luis Gerardo Méndez
Andrés Sánchez
Adela Navarro
Sandra Patargo
Mira G Tello Santana
Yadira González Hernández
Cristina Paredes Lachino
Luz Elba Hernandez Gutierrez
Guillermina González
Araceli Pérez Montejo
Araceli Magdalena Rodríguez Nava
Maria Herrera
Francisco González Díaz
Hna. Leticia Gutierrez Valderrama
Mayra De La Vega Aduna
Brenda Ivonne Rangel Ortiz
Laura Carlsen
Miguel Sarre
Ana María Hernández Cárdenas
Paula Valle
Margarita Espino
Adriana Moreno Becerril
Enrique González Ruiz
Diego Luna
Marion Reimers
Paola Herrera
Morelia Montes
Úrsula Pruneda
Andrés Solís
Dip. Pedro Kumamoto
Nicolás Celis
Paula Amor
Tarick Gracida
Alfredo Figueroa
Emilio Álvarez Icaza
Paulina Suárez Hesketh
Sarah Aguilar Flaschka
Marcelo Pérez
Emmanuel del Real Díaz
Johanna Murillo
José María Yazpik
Rocío Culebro
Jorge Fernández Souza
Antonio Escobedo Araos
Maite Azuela
Yulissa Sánchez Dimas
Elday Álvaro Sánchez
Roman Arcos Jímenez
Patricio Ruiz Abrín
Janina Márquez Aldave
Héctor Rodrigo Patiño López
Carmen Cecilia Sánchez Lara
Ana Luisa López Carmona



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