NOTICIAS
 [México] [Edomex] [SUTESUAEM] [Estados] [Emprendedores Tech] [Prensa Educativa] [Universities] [Empleo]
 [
Trabajo y Sindicatos][Latinoam
érica] [Estados Unidos] [Unión Europea] [Asia] [África]


Category Archives: Posicionamientos

Funcionarios atentan contra la libertad de expresión al demandar al El Mañana de Nuevo Laredo

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017.- El diario El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha sido notificado de, al menos, tres demandas en su contra por supuesto daño moral por parte de un funcionario público del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y una persona que funge como proveedor del mismo.

El 26 de junio de 2017 el diario fue notificado de la demanda por 15 millones de pesos, presentada por Hilario Martín Landa Herrera alegando supuesto daño moral, quien es proveedor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, con base en investigaciones y solicitudes de acceso a la información que realizó el medio, en donde constató que las empresas vinculadas con Landa Herrera son algunas de las principales proveedoras de medicamentos en el municipio y que además, también derivado de la información obtenida por el diario, se encontraría vinculado con la presunta comisión de actos ilícitos.

Una segunda demanda contra el diario El Mañana, fue presentada por la misma persona, Landa Herrera, derivado de la nota que publicó el medio donde informaba sobre la demanda referida líneas arriba, por 15 millones de pesos, que les fuera notificada el 26 de junio.

La tercera demanda contra el medio fue presentada por Daniel Tijerina Valdez, tesorero municipal de Nuevo Laredo, derivado de una nota publicada el 13 de agosto con el título “Cambia tesorero municipal modesta casa por mansión”, en donde el medio da cuenta que en menos de un año, presuntamente incrementó de manera sustancial la situación económica de dicho funcionario. Esta demanda por daño moral les fue notificada el pasado 2 de octubre.

Cabe mencionar que El Mañana ha sido víctima de agresiones, de manera grave y sistemática, en los últimos diez años, con el objeto de coartar su labor periodística. La propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente informe “Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión”, reportó el caso del estado de Tamaulipas como una zona silenciada, azotada por la violencia y el crimen organizado, que además actúa con motivo de la omisión, cooptación y complicidad de autoridades, aunado a la situación imperante de impunidad. En dicho informe se da cuenta de las agresiones que ha sufrido El Mañana, entre asesinatos y desapariciones de sus integrantes, así como ataques a sus instalaciones.

En mayo de 2017, de acuerdo con la documentación realizada por ARTICLE 19, el medio de comunicación fue víctima de una campaña de estigmatización y actos de intimidación por parte del alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, quien amenazó con demandar al medio por exigirle, supuestamente, hacer un contrato por 2.5 millones de pesos mensuales a cambio de una cobertura positiva. Menos de un mes después de estos hechos, integrantes del medio reportaron a ARTICLE 19 que las intimidaciones persistían y que habían recibido información de fuentes cercanas en el sentido de que se puede preparar un ataque en su contra.

El Mañana de Nuevo Laredo, se ha constituido como un medio crítico y de escrutinio hacia la actuación de las autoridades en el estado de Tamaulipas, publicando diversa información sobre actos de corrupción, nepotismo, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, opacidad gubernamental, entre otros temas.

Recientemente, el medio de comunicación ha publicado información sobre estos temas, en un reportaje titulado “En medios fantasma y prensa, gasta Rivas $10 millones al mes” donde da cuenta a través de investigaciones periodísticas y solicitudes de información que el gobierno municipal de Nuevo Laredo ha gastado en el primer trimestre de 2017, 30 millones 336 mil 275 pesos y 02 centavos en publicidad e imagen, así como la utilización para esos fines de las denominadas ‘empresas fantasma’.

Ahora El Mañana, como ya se refirió, ha sido objeto de demandas en su contra por presunto daño moral, lo cual también representa una agresión que se caracteriza por hostigamiento judicial en contra de los medios de comunicación, lo cual contraviene los estándares internacionales en la materia.

En este sentido, debemos recordar que las y los servidores públicos, candidatos a ocupar cargos de elección y personas con proyección pública, se encuentran sujetas a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, ya sea por la naturaleza de las funciones que desempeñan y por constituir información de interés público.

Así lo ha establecido tanto la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto al “sistema dual de protección”, según el cual, conforme a lo establecido por la SCJN, “los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública”.

De 2009 a 2016, ARTICLE 19 registró 70 agresiones contra la prensa en Tamaulipas. Además, es el segundo estado con más asesinatos de periodistas, junto con Chihuahua, con 13. En el primer semestre de 2017, se registró un total de 8 agresiones, siendo uno de los estados donde ARTICLE 19 ha identificado preocupantes tendencias en cuanto a la agudización de la violencia contra la prensa, la cual se acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018.

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige al gobierno del estado de Tamaulipas, así como al gobierno municipal de Nuevo Laredo, que cese todo acto de intimidación contra el diario El Mañana y cumplan con su obligación de garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado, debiendo generar las condiciones para que esta labor sea realizada de manera segura y libre, sin obstáculos ni cualquier tipo de coacción.

Asimismo, ARTICLE 19 exhorta al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a efecto de que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles que por supuesto daño moral se encuentran abiertos contra el medio de comunicación.

Finalmente, ARTICLE 19 urge al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que proporcione y dé puntual seguimiento a las medidas de protección idóneas y pertinentes, tomando en cuenta la situación del medio de comunicación y sus integrantes, así como el contexto adverso en el estado de Tamaulipas y los antecedentes de agresiones que ha sufrido el mismo.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Estado Mexicano debe rendir cuentas ante Corte IDH por tortura sexual en caso Atenco

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2017.- Los días 16 y 17 de noviembre del presente año, 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual tras la represión de Atenco en 2006 sostendrán una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar las violaciones a derechos fundamentales que el Estado Mexicano perpetró y busca mantener en la impunidad durante 11 años

El 3 y el 4 de mayo de 2006, habitantes de Texcoco y de San Salvador Atenco se manifestaron en apoyo a un grupo de hombres y mujeres que se habían instalado afuera de un mercado para vender flores. Los vendedores fueron rodeados por granaderos y pidieron el auxilio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ante la presencia de los ejidatarios la respuesta del Gobierno del Estado de México fue desatar una brutal represión con gas lacrimógeno, agresiones físicas y petardos. El operativo resultó  en 2 personas muertas (entre ellas, un menor de edad), 207 detenciones arbitrarias y 27 mujeres víctimas de tortura sexual por parte de elementos policiacos. Once de estas mujeres decidieron denunciar al Estado, y a partir de ello se ha visto el intento de las autoridades de encubrir y dejar impunes estos hechos.

El caso que ha sido visibilizado con el hashtag #MujeresDeAtenco, después de más de 11 años, ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de ese tiempo, el  entonces Gobernador del Estado de México y ahora Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, ha marcado una tendencia de criminalización, estigmatización y represión de la protesta social.

Hasta la fecha, el Estado ha incumplido con su deber de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, respondiendo de manera sistemática a través del uso excesivo de la fuerza por parte de sus aparatos policiales, teniendo consecuencias graves desde detenciones arbitrarias masivas hasta la comisión de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, por medio del uso de armas letales.

Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) consideramos de vital importancia que el Estado Mexicano acate las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la resolución que en particular emita en este caso, tomando todas aquellas medidas  estructurales que garanticen la no repetición de este tipo de hechos, además de la reparación que de manera integral proporcione a las mujeres víctimas de violaciones en sus derechos.

Asimismo, hacemos énfasis en el hecho de que el Estado Mexicano es cómplice y partícipe de la violencia machista y misógina; y, en este caso, ha hecho uso de la tortura sexual como un medio para castigar la protesta social. Consideramos esta situación particularmente indignante y repudiable en un país donde diariamente se cometen 7 casos de feminicidio, quedando la mayoría impunes.

Así, denunciamos que las autoridades perpetúan la violencia en contra de las mujeres, así como la represión de la protesta social, cuando está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos a la integridad personal, a la libre expresión de todas las personas.

Frente a un contexto de graves violaciones a derechos humanos como el que atraviesa México, aunado a la imperante impunidad que existe y que incentiva a que se sigan cometiendo este tipo de hechos, exigimos a las autoridades de todos los niveles que garanticen de manera plena la verdad, justicia y reparación de todas las personas víctimas, sin simulaciones ni paliativos.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

Fallo histórico de la Suprema Corte obliga al Congreso a regular publicidad oficial

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017.- El día de hoy, con 4 votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución en materia de gasto de comunicación social. Ahora el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Con este fallo histórico, la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por ARTICLE 19 contra la omisión legislativa del Congreso es procedente y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios comunicación y periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información de la sociedad. Como trasfondo la SJCN reconoce el valor intrínseco de la libertad de expresión en tanto precondición para una construcción democrática y la necesidad de remover cualquier forma las presiones directas e indirectas que pongan en riesgo este derecho.

Cabe recordar que desde la reforma político electoral de 2007, se adicionó el párrafo octavo al artículo 134 de la Constitución, estableciendo la obligación de todas las dependencias de gobierno y organismos autónomos de difundir información con fines educativos y de orientación social. En dicha reforma se estableció en el artículo tercero transitorio un plazo máximo de 30 días naturales para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Dicho mandato no se cumplió por parte del Congreso de la Unión. Siete años después, en la reforma político electoral publicada el 10 de febrero de 2014,  se obligó de nueva cuenta al Congreso a legislar antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones (30 de abril de 2014). Una vez más no se discutió y aprobó ley alguna pese a la existencia de 17 iniciativas en la materia.

Con esta resolución, la SCJN reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especial cuando ello se traduce en la vulneración de derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución.

Este gran esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil por impulsar un cambio en la dinámica prevaleciente entre medios de comunicación y gobierno tiene un resultado positivo mediante esta sentencia. Ahora el reto es que se suscite una discusión legislativa abierta, que cuente con la participación de la sociedad civil y adopte los más altos estándares internacionales en la materia. Otro momento fundamental será que la ley aprobada sea efectivamente implementada y el gasto de publicidad oficial sea ejercido a través de criterios claros objetivos, transparente, equitativo y con fines verdaderamente informativos, evitando en todo momento su uso discriminatorio y arbitrario.

Históricamente en México, los gobiernos han utilizado el dinero público para promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos. El gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017 sin ningún control y sin cumplir con los fines informativos que deben guiar dicha publicidad.

Peor aún, tal como ha documentado Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el gasto a nivel federal se ha sobreejercido en un 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Asimismo ha señalado que en 2015 los estados ejercieron 11 mil 895 millones de pesos, concentrando el 70% del gasto en los poderes ejecutivos. Los sobre ejercicios a nivel local siguen siendo una constante: se gasta el doble de lo que se presupuesta y, por ende, se deja de gastar en rubros prioritarios, como el socia

Esta tónica, caracterizada por el despilfarro y la censura, ha regido la relación de los medios informativos y el poder político en México, imponiendo un obstáculo para el desarrollo de un debate plural, crítico, desinhibido y robusto sobre los temas de interés público. Al condicionar el ejercicio de derechos humanos de la población ante la falta de diversidad informativa, se condiciona el proyecto democrático mismo.

Con base en lo anterior ARTICLE 19 reconoce la labor de protección de la libertad de expresión de la Suprema Corte. Al mismo tiempo exigimos al Congreso de la Unión la pronta discusión y aprobación de la ley que regule el gasto en publicidad oficial, en el marco de un proceso participativo donde se escuche a periodistas, representantes de medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a jvazquez@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Primero la Fiscalía, luego los fiscales

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017.- #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, colectivo que agrupa a casi 300 organizaciones civiles y académicas, ha enfatizado por meses la necesidad de una reforma integral al artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente.

Diseñar la nueva Fiscalía General debe ser una prioridad para nuestro Congreso. Del diseño integral de la fiscalía dependen la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración de justicia en el país, pero también piezas tan importantes como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y una cada vez más necesaria Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Abrir la discusión legislativa sobre la Fiscalía General es la antesala para el nombramiento del Procurador General de la República y los Fiscales Especializados en Anticorrupción y Delitos Electorales.

Sin instituciones funcionales que garanticen la autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado, transparencia y rendición de cuentas de la procuración de justicia, no se puede romper con las malas prácticas y vicios institucionales que durante años ha arrastrado la Procuraduría General de la República y que podría heredar la nueva Fiscalía. Por eso consideramos necesario abrir la discusión legislativa del 102 Constitucional y después nombrar a los fiscales.

La discusión de la nueva Fiscalía General es un asunto urgente y muy necesario para fortalecer nuestro Estado de Derecho, y tal vez la principal prioridad legislativa una vez aprobado el paquete económico 2018.

Especialistas, académicos, organizaciones civiles hemos puesto a consideración del Congreso un proyecto ciudadano de dictamen para la reforma constitucional que daría lugar a la nueva Fiscalía.

Realizar la designación de nuevos titulares en las Fiscalías acéfalas sin haber transformado antes la institución sería un cambio superficial que no logrará hacer frente al flagelo de la impunidad.

Los responsables de la investigación y persecución de las conductas criminales seguirían careciendo de la independencia para actuar a través de un proceso de investigación integral, exhaustiva, oportuna y respetuosa de los derechos de las víctimas y personas imputadas.

#FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás

Senadores y pleno del IFT deben presentar juicio ante SCJN para restaurar derechos de las audiencias

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2017.- Sin cumplir con los procedimientos parlamentarios, violando el Reglamento del Senado de la República, con bancadas ausentes y en medio de una severa crisis institucional, el Pleno del Senado aprobó con 72 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones la Minuta de Reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que anula los derechos de las audiencias y las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular en la materia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado a los senadores que votaron en contra de la minuta y a quienes se abstuvieron de convalidar las irregularidades legislativas y el atropello a los derechos de las audiencias, que afecta a la nación entera y las generaciones por venir que serán audiencias de la radio y la televisión, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Nuestro régimen constitucional es garantista de los derechos fundamentales (incluido el derecho a la información), los cuales deben ser ensanchados, protegidos, promovidos y garantizados a través de políticas públicas democráticas. En ese sentido las reformas aprobadas son violatorias del artículo 1º constitucional, del principio de progresividad, que indica que una vez que se ha avanzado en la efectividad de un derecho, el Estado no puede retroceder, así como del principio de protección que obliga al estado a establecer los mecanismos para impedir que particulares violen los derechos de terceros, que en este caso son los concesionarios frente a las audiencias.

Asimismo, el régimen reconoce al Estado como regulador del servicio público de radiodifusión, del cual se desprenden los derechos de las audiencias, reconocidos en la Carta Magna y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión antes de que las cámaras de Diputados y de Senadores –esta última de manera tramposa– le diera la espalda a millones de radioescuchas y televidentes que, entre otros, tienen derecho a recibir información veraz y objetiva.

Entre otros retrocesos de la minuta aprobada en el Senado, se encuentran la violación al artículo sexto constitucional de prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Los legisladores también desmantelaron las facultades del IFT para regular, emitir lineamientos y aplicar sanciones a los concesionarios que transgredan algunos de los derechos de las audiencias.

La minuta desnaturalizó la función social de los defensores de las audiencias al convertirlos en empleados de las empresas de radio y televisión, coartándoles su independencia. También alteró los objetivos de los códigos de ética de los medios, los cuales no podrán ser verificados por el regulador.

Los legisladores colocaron por encima de los derechos de las audiencias (incluidas personas con discapacidad, niñas y niños) los intereses económicos y políticos de los concesionarios de la radio y la televisión, en pleno proceso electoral.

Al aprobar la minuta, el Congreso de la Unión creó un régimen de excepción para la industria de la radiodifusión, según el cual la tutela de los derechos de las audiencias queda debilitada, y su transgresión sin la posibilidad de ser sancionada. Un derecho fundamental como el de las audiencias –que deriva del derecho a la información– queda desprotegido contraviniendo el principio de progresividad de los derechos humanos, lo cual es inconstitucional.

Hacemos un llamado al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que interponga una controversia constitucional, defendiendo sus facultades y autonomía. De igual manera, el Instituto no debe abrogar los Lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias publicados el 21 de diciembre de 2016, pues de hacerlo, quedarían sin materia las controversias constitucionales promovidas por los poderes legislativo y ejecutivo.

Las audiencias, que somos todos los millones de mexicanos que sintonizamos la radio y la televisión en México, tenemos interés jurídico y legítimo, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante una minuta que atenta contra nuestros derechos y deteriora la de por sí incipiente calidad de la democracia en nuestro país.

Organizaciones

Asociación Mexicana de Derecho a la Información A.C. (AMEDI)
Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias A.C. (AMDA)
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México).
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC).
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación A. C. (AMIC).
Comunicación Comunitaria A.C.
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Observatorio de las Telecomunicaciones en México (OBSERVATEL).

Personas.

Clara Luz Álvarez, Gabriel Sosa Plata, Mony De Swaan, Irene Levy Mustri, Miguel Concha Malo, Beatriz Solís Leree, Adriana Solórzano, Jorge Ruiz-Dueñas, José Woldenberg, Rosalía Orozco, Jesús Cantú, Gustavo Reyes Terán, Clara Jusidman, Aleida Calleja, Patricia Ortega Ramírez, Jaime Cárdenas Gracia, Fátima Fernández Christlieb, Irma Ávila Pietrasanta, Alfredo Lecona, Aurelio Collado, Daniel Giménez Cacho, Damián Loreti, Antonio Pasquali, José Luis Piñar.

SCJN tiene oportunidad histórica para acabar con uso arbitrario y discrecional de publicidad oficial

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.- El día de ayer fue publicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de sentencia de amparo en el cual propone conceder la protección constitucional a ARTICLE 19 para efectos de que el Congreso de la Unión legisle en materia de publicidad oficial.

De aprobarse dicho proyecto por la mayoría de los Ministros y la Ministra de la Primera Sala, el Congreso de la Unión tendría hasta el 30 abril de 2018 para discutir y aprobar la ley reglamentaria. Sin duda se trataría de un precedente histórico en dos sentidos. Primero, brindaría al juicio de amparo eficacia para que la ciudadanía pueda reclamar violaciones a la Constitución por omisiones del legislativo. Segundo, obligaría a regular en la asignación de la publicidad oficial para lo cual se estaría en la oportunidad de revertir los históricos mecanismos de censura ejercidos contra la prensa por los gobiernos federal y estatales. Hasta el día de hoy 37 mil millones de pesos han sido ejercidos sin ningún control por la actual administración federal.

De esta manera, al reconocer la Suprema Corte el papel fundamental en la construcción democrática que tienen los medios de comunicación y la pluralidad informativa, el proyecto de sentencia considera que se actualiza una violación al derecho de libertad de expresión, ante la falta de reglas claras sobre la asignación de recursos en comunicación social. De hecho, el proyecto retoma como contexto el uso brindado a este gasto: premiar o castigar líneas editoriales. Ante ello equipara el uso discrecional del gasto público de comunicación social con una condena penal o una indemnización civil desproporcionada, por lo cual la omisión legislativa genera un efecto inhibidor en el flujo de información.

Entre los aspectos destacados de el proyecto de sentencia encontramos : 1) considera que ARTICLE 19 tiene interés legítimo para reclamar la violación del derecho de  libertad de expresión en razón de su objeto social; 2) el asunto no se constriñe a la materia electoral sino a cualquier uso que se brinde a la comunicación social; 3) procede el juicio de amparo contra omisiones legislativas absolutas, es decir, cuando existe mandato expreso de legislar en la Constitución; 4) la importancia de los medios de comunicación en una sociedad democrática y la necesidad de construir pluralismo y diversidad informativas y; 5) la falta de regulación en la materia abre un campo de discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto público de la publicidad oficial, lo cual redunda en un medio indirecto de restricción de la libertad de expresión.

Desde mayo de 2014, ARTICLE 19 promovió un juicio de amparo en el cual reclamaba que el Congreso de la Unión había incurrido en una violación al derecho de libertad de expresión al omitir discutir y aprobar la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución. La base de la demanda constitucional es la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014, cuyo artículo tercero transitorio ordenaba al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria en materia de comunicación social. Para ello, estableció como plazo el 30 de abril de 2014.

Cabe recordar que el artículo 134, párrafo octavo, constitucional establece que “[l]a propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Tras el sobreeseimiento del amparo en primera instancia por un Juzgado de Distrito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad la atracción en el procedimiento de revisión.

Posteriormente, el asunto fue turnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea bajo el expediente 1359/2015 quien ya listó el proyecto de sentencia.  El citado proyecto está previsto para discutirse el próximo 15 de noviembre en la Primera Sala.

Tal como ha señalado ARTICLE 19, el ejercicio de la libertad de expresión se encuentra bajo asedio debido a las agresiones generalizadas contra la prensa; la impunidad rampante; la ineficacia de los mecanismos de protección a periodistas; la intención de restringir acceso a los archivos históricos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos; la obstrucción estatal para ejercer derechos en el espacio público; la ausencia de diversidad mediática e informativa. A ello abona, por supuesto, la falta de regulación de la publicidad oficial, misma omisión que ha redundado en el control gubernamental de la prensa.

La viabilidad de construcción democrática depende de la existencia de un debate público robusto, plural y desinhibido, aún más necesario en el contexto actual de violaciones graves a derechos humanos.  Asimismo, es urgente maximizar los alcances del juicio de amparo en  tanto recurso de protección de derechos humanos, brindando a la ciudadanía instrumentos que exijan la rendición de cuentas del Legislativo por sus evidentes omisiones.

Por lo anterior, ARTICLE 19 conmina a la Ministra y a los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aprueben el proyecto de sentencia en sus términos a efecto de acabar con el uso arbitrario del dinero público para controlar a la prensa en México y al mismo tiempo, ampliar los alcances de recursos judiciales para la protección de derechos fundamentales.

Referencias: 

Descarga la síntesis del proyecto de sentencia de amparo de ARTICLE 19 en este enlace.
Descarga el documento completo publicado por la SCJN del proyecto de sentencia de amparo de ARTICLE 19 en este enlace.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a jvazquez@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión

La prensa no está a salvo de los funcionarios públicos en San Luis Potosí

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.- El clima para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en San Luis Potosí se encuentra en su punto histórico más bajo. El temor se ha instalado en el gremio; varios periodistas de la entidad reportaran agresiones provenientes de funcionarios públicos después de la desaparición forzada, tortura y asesinato del fotorreportero de nota policiaca Edgar Daniel Esqueda Castro, colaborador de los medios Vox Populi y Metrópoli San Luis, el 6 de octubre.

Varias fuentes que pidieron permanecer anónimas reportaron a ARTICLE 19 que una semana después de la desaparición y asesinato de Esqueda, Julio Cevallos, ex-policía judicial filtró en un acto público un video en donde presuntamente el fotorreportero de nota policiaca menciona vínculos de integrantes de los medios El Pulso de San Luis,  El Sol de San Luis y Código San Luis y otros periodistas locales con el crimen organizado. De ser legítimo, este video podría haber sido obtenido bajo tortura por lo que la veracidad de sus contenidos deben ser severamente cuestionados.

La filtración y difusión de este video constituye una forma de criminalización y ha consolidado una campaña de desprestigio contra los medios en San Luis Potosí a través de la instrumentación de una narrativa en la que, independientemente de la alusión individual a periodistas de diversos medios, “todos los reporteros de los periódicos” están relacionados en actividades criminales.

Otras fuentes anónimas corroboraron a ARTICLE 19 que el video fue presentado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en actos a puerta cerrada en la casa de gobierno, donde asistieron personal de la PGE, la Secretaría de Gobierno del estado y empresarios. En dichos actos este material se ha presentado como legítimo.

La criminalización de medios desde el poder ejecutivo del estado es de suma gravedad ya que la reproducción de mensajes de este tipo abonan a la construcción de juicios mediáticos sin una previa investigación judicial exhaustiva, diligente e imparcial. Esto genera un ambiente adverso en la opinión pública y contraviene el acceso a la justicia.

La difusión mediática de este tipo de videos incriminadores contra la prensa por parte de servidores públicos de alto nivel viola los derechos humanos y genera un efecto corruptor en el sistema de la justicia. Esto contrasta con la ausencia de información veraz y oportuna que imperan respecto al avance de las investigaciones de agresiones recientes contra la prensa en la entidad ya que fomenta la elucubración y la formulación de hipótesis desviadas respecto de los hechos ocurridos, sin garantizar el derecho a la verdad.

ARTICLE 19 ha documentado cómo medios mencionados en el video difundido como El Pulso de San Luis han sido atacados previamente a través de campañas de desprestigio en videos, memes y publicaciones en redes sociales enfocadas a vincular al medio con el crimen organizado. Tal es el caso de una publicación de pago en Facebook que asocia lo asocia como un “narcoperiódico”, en a página “Periodistas Unidos por San Luis”, difundida el 17 de octubre de 2017, la cual desapareció días después.

Además, se ha documentado cómo este medio ha sido objeto de diversas agresiones, entre ellas, la violencia institucional. Pablo Valladares, su director, ha enfrentado el inicio de diversos procedimientos penales y la judicialización a través de una demanda de daño moral, interpuesta el 28 de septiembre de 2017 por parte de Manuel Barrera Guillén, diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado, a raíz de una investigación periodística sobre enriquecimiento ilícito.

La cobertura de El Pulso de San Luis es crítica en temas de corrupción y transparencia, como ejemplifica la investigación periodística “La Ecuación corrupta” que devela corrupción de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PVEM en auditorías a nivel de alcaldías locales.

Además de las campañas de desprestigio, la intimidación presencial por parte de funcionarios públicos ha dejado verse. Otro reportero del medio –que pidió reservar su identidad­– dijo a ARTICLE 19 que el 18 de octubre, aproximadamente a las 10:30 de la noche, fue víctima de intimidación cuando policías arribaron a su domicilio: “llegó una patrulla número 2414 de la Policía Metropolitana con tres policías a preguntarme mi nombre”. El periodista fue interrogado sobre varios nombres de colegas del gremio y también se le cuestionó “si había puesto una demanda pidiendo protección a periodistas”. Al periodista no le fue mostrado ningún oficio, al requerir una orden judicial así como el acompañamiento de abogados para la indagatoria en su domicilio, los policías se retiraron.

La instrumentalización de narrativas criminalizadoras ponen en riesgo ulterior y agravado a los periodistas de los medios incriminados. Un periodista local refirió: “están usando estos videos para golpetear a los compañeros periodistas. Hay datos inciertos y la opinión pública no sabe lo que realmente está pasando. Después del asesinato de (Edgar) Daniel nadie quiere cubrir (nota) policiaca”. Uno de los periodistas criminalizados en el video difundido por autoridades narró a ARTICLE 19: “temo por mi integridad y la de mi familia, no tomo esto a la ligera, ya en el pasado trabajando nota en el estado me han golpeado policías mientras cubría un enfrentamiento de nota policiaca, no les pareció mi trabajo.”

Este tipo de campañas en San Luis Potosí crea un ambiente restrictivo para la libertad de prensa. Sobre todo cuando en este estado prevalece la opacidad sobre información de seguridad pública y que suma el grave antecedente reciente de tortura, desaparición forzada y asesinato de un periodista con indicios que participación de agentes ministeriales.

Un periodista ajeno a los medios mencionados en el video contó a ARTICLE 19 cómo antes del asesinato de Esqueda ya existían indicios de la infiltración grave del crimen organizado en las filas de las policías locales y añadió que a pesar de que policías ministeriales del estado estaban posiblemente implicados en el crimen contra Esqueda estas fuerzas “no se mencionan en el video difundido inicialmente”. Otro periodista de la entidad dijo: “nadie en San Luis Potosí investiga realmente cosas de seguridad. No nos podemos meter a reportear temas de ejecuciones ni decomisos a fondo, sólo nos limitamos a cubrir lo que sacan las autoridades, nadie quiere investigar por el peligro que implica.”

En este contexto, destaca la renuencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atraer la investigación en las agresiones contra Esqueda y la difusión del video obtenido bajo tortura, dados los indicios de la participación de autoridades estatales. Ante la falta de una investigación diligente y exhaustiva por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de San Luis Potosí, la FEADLE tiene la obligación de atraer el caso.

La situación se agrava cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí no han sido proactiva en acreditar las violaciones de derechos e implementar acciones efectivas tras el conocimiento de las agresiones reiteradas contra la prensa en el estado. “Las instituciones oficiales en materia de libertad de expresión y derechos humanos en San Luis Potosí son deficientes; carecen de experiencia y conocimiento para enfrentar la violencia contra la prensa”, declaró un defensor de derechos humanos con conocimiento de terreno del estado de censura a esta organización.

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la FEADLE, de la Procuraduría General de la República (PGR), atraer como establece su mandato constitucional en el Art. 73 fracción XXI, la investigación de los crímenes en contra de Esqueda y de otros periodistas en San Luis Potosí, privilegiando las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión sin descartar aquellas que vinculan a funcionarios públicos en la comisión de crímenes. Dicha investigación se debe efectuar de forma diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial en aras de garantizar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.

Al gobierno del estado de San Luis Potosí, en específico a su ejecutivo Juan Manuel Carreras, exige se abstenga de criminalizar y ejercer violaciones de derechos mediante la promoción de narrativas estigmatizadoras que generan condiciones negativas y obstaculicen la libertad de prensa, en especial la de medios que promueven la cobertura de temas de seguridad pública, transparencia y corrupción en la entidad, información de interés público relevante para las y los potosinos.

Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), implementar medidas coordinadas de protección tanto colectivas para los medios como individuales que así lo requieran contemplando medidas de reconocimiento como mandata la Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de tal manera que se revierta el impacto de campañas estigmatizadoras por parte de servidores públicos que ponen en riesgo a periodistas en San Luis Potosí.

Requerimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de su “Programa de agravio a periodistas y defensores civiles” atraiga la investigación por las posibles violaciones a derechos humanos y emita recomendaciones específicas dirigidas a autoridades estatales y federales para que se tomen medidas correctivas subsecuentes en el actuar de las mismas.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Recomendación de CNDH desestima agresiones a mujeres y a periodistas en caso Nochixtlán

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

  • Quedan ambiguos los reconocimientos de tortura sexual y de agresiones a periodistas
  • Aunque reconoció el abuso de autoridad y el uso excesivo e injustificado de la fuerza, la CNDH omitió responsabilidades a nivel federal
  • Mecanismos de seguimiento precisos serán fundamentales para evitar la impunidad

Ciudad de México/Oaxaca, a 26 de octubre de 2017.- El pasado 17 de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 7VG/2017 respecto a los hechos del 19 de junio de 2016 en las comunidades de Nochixtlán, Telixtlahuaca, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera en el denominado “Operativo Oaxaca”. Dicha resolución de violaciones graves de derechos humanos fue dirigida exclusivamente al Gobernador de Oaxaca, al Comisionado Nacional de Seguridad, al Procurador General de la República y al Fiscal del Estado de Oaxaca; dejando al descubierto responsabilidades de la Secretaría de Gobernación por violaciones a los derechos de vida, integridad personal, interés superior de la niñez, libertad, seguridad personal, recurso judicial efectivo, acceso a la justicia, libertad de expresión.

Las organizaciones aquí firmantes hemos documentado las violaciones graves de derechos humanos que desde las esferas Federal y Estatal se realizaron aquél día en esos poblados, pero con efectos extensivos en días y en lugares a víctimas que documentaron los hechos, como el caso de periodistas. En el informe “Operativo ‘Oaxaca’, 19 de junio. Informe de Violaciones a Derechos Humanos” dado a conocer en octubre de 2016, dimos cuenta de diversos casos de malos tratos, tortura y tortura sexual cometida por elementos de la policía federal y del estado de Oaxaca. No obstante, la Recomendación de la CNDH si bien recoge testimonios de violencia sexual a mujeres que fueron privadas de su libertad, no califica de tortura los hechos y solamente establece como violado el derecho a la integridad personal.

La recomendación analiza la actuación de las corporaciones policiacas, mismas que incurrieron en abuso de autoridad y un uso de la fuerza no justificado, dado que no se respetaron los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. El hecho de que no haya imperado el diálogo ni algún otro tipo de gestión política previa –a cargo de Segob y lo cual no fue abordado en la Recomendación– para la resolución del conflicto fue señalado por la CNDH, además de dar cuenta de cómo las diversas instituciones federales y estatales obstaculizaron las investigaciones al negar que los policías iban armados, que un helicóptero participó en los hechos y respondiendo con generalizaciones, imprecisiones y contradicciones.

Si bien la Comisión Nacional da cuenta de las afectaciones que vivieron niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad así como población en general, lo atribuye también a los periodos de enfrentamiento que tuvieron las corporaciones policíacas en contra de integrantes del movimiento magisterial. Esta aseveración da la idea de que al conflicto asistieron en igualdad de circunstancias tanto el bando magisterial como el de las corporaciones policiacas, cuando los segundos cuentan con todo el equipo e infraestructura para garantizar la seguridad de la gente, además de un marco jurídico sobre uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

El caso del “Operativo Oaxaca” del 19 de junio pasado demuestra el patrón de violencia que en casos similares ha imperado en México. Pese a recomendaciones de derechos humanos que prevén la reparación y la capacitación a funcionarios, las violaciones graves persisten en conflictos de tal magnitud.

La recomendación también reconoce obstaculización y agresiones al trabajo de personas periodistas, pero atribuyendo en igualdad de circunstancias la responsabilidad tanto a corporaciones como a miembros del magisterio. En el informe de las organizaciones referido así como en el denominado “Cobertura bajo fuego” de ARTICLE 19, se han documentado diversos ataques a periodistas no sólo en el contexto del conflicto sino incluso con posterioridad a los hechos, en donde también se llevaron a cabo robo de equipo y de información a periodistas que cubrieron el evento. En ese sentido la resolución de la CNDH no abunda suficientemente en los hechos de agresiones contra la prensa y simplemente los menciona de manera somera, sin describir la tipología de las agresiones y la calidad de los sujetos, que según nuestra documentación fueron mayoritariamente por parte de policías federales y estatales.

https://readymag.com/558055

La Recomendación de la CNDH instruye a las autoridades responsables a reparar el daño ocasionado a las víctimas y sus familiares, así como a la comunidad afectada a través de un plan de restablecimiento del tejido social, a otorgar una disculpa pública, a seguir colaborando en materia de acceso a la justicia y a la capacitación del personal policíaco en situaciones similares.

La CNDH deberá de dar un efectivo seguimiento al cumplimiento de la Recomendación y observar de manera proactiva y diligente el proceso de búsqueda de justicia para las víctimas, ya que dada la experiencia, los casos de violaciones graves a derechos humanos persisten en impunidad.

Para mayor información:

ARTICLE 19
jvazquez@article19.org
Cel. 55 2100 9008

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH)
contacto@codigodh.org
Tel. 9515160802

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
contacto@consorciooaxaca.org.mx
Tel: 951 132 8996

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
dianaa@fundar.org.mx
Tel. 55543001 ext. 217

Lunas del Sur A.C.
lunadelsurac@gmail.com
Tel. 9515150592

Caso de Miroslava Breach: justicia pendiente e impunidad evidente

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Cudad de México, 23 de octubre de 2017.- A siete meses del asesinato de Miroslava Breach, se mantiene la impunidad en el caso.

Al cumplirse siete meses del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea ocurrido el 23 de marzo del presente año, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, manifestamos nuestra preocupación por la falta de resultados por parte de las autoridades locales y federales en la investigación del asesinato de la periodista, a pesar de que las autoridades de Chihuahua anunciaron públicamente la identificación de los responsables, materiales e intelectuales en abril de este año.

La Fiscalía estatal en reiteradas ocasiones se negó a reconocer el carácter de víctima a la familia, particularmente a la hermana de la periodista Rosa María Breach, violando su derecho a conocer y participar en la integración de la investigación, motivo por el cual el Centro de Capacitación e Investigación Propuesta Cívica presentó una demanda de amparo en contra de dicha autoridad, amparo que fue otorgado por un juez federal y en el que se reconoce su calidad de víctima.

Posterior a esto, la Fiscalía local realizó una serie de declaraciones que resultan cuestionables, máxime que en todo este tiempo la investigación realizada por esta autoridad ha permanecido en secretismo, pues ha impedido el acceso a la carpeta de investigación a la hermana de Miroslava. Además de esto, la Fiscalía del estado revela serios problemas de desarticulación entre las instancias de procuración de justicia local y federal. Esta situación es una constante que repercute en la garantía de los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación integral a las víctimas periodistas y sus familias.

Asimismo, las informaciones publicadas en la prensa nos alertan a estar pendientes de que nos se fabriquen responsables ni materiales, ni intelectuales, pues de ser así, el caso de Miroslava Breach quedaría en la impunidad.

1.- La organizaciones manifestamos nuestra preocupación ante la falta de transparencia y sensibilidad con la que se ha conducido la Fiscalía de Chihuahua en las investigaciones y ante los familiares.

2.- Nos causa extrañeza que el gobierno haya ha preferido filtrar las informaciones a la prensa que reunirse con familiares para explicarles los avances en la investigación.

3.- Nos preocupa el enorme silencio de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la libertad de Expresión de PGR, institución no ha dicho una palabra a pesar de tener una copia de la carpeta de investigación de este caso, también nos alarma la negativa para ejercer su “facultad de atracción” en esta investigación.

Los resultados en este caso a siete meses del crimen que ha lacerado en general las condiciones para ejercer el periodismo en Chihuahua, al día de hoy se desconocen. Lo único que tenemos a la vista en la investigación son declaraciones y promesas de se tienen avances sin conocer con certeza cuáles son, lo que genera incertidumbre y en las y los familiares y colegas periodistas que están a la espera de resultados verdaderos y concretos. Peor aún, en su calidad de víctima, Rosa María Breach se mantiene en total incertidumbre respecto a los supuestos avances anunciados a los medios de comunicación en días recientes.

A pesar de la puesta en marcha de la alerta temprana para prevenir agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, el clima que prevalece en la entidad a siete meses del homicidio es el de riesgo para la libertad de expresión y defensa de derechos humanos. La ausencia de garantías de protección y de prevención ante la comisión de crímenes en contra de estas poblaciones seguirán imperando en Chihuahua a menos de que se combata de forma contundente la impunidad en este y otros casos de periodistas y personas defensoras.

Reiteramos que la impunidad que permanece en el asesinato de Miroslava Breach pone en riesgo a los y las periodistas de Chihuahua y del resto del país, ante un contexto  nacional de incremento y naturalización de la violencia contra las mujeres.

Por lo anterior, ARTICLE 19, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC PC), Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC),  Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Red de Periodistas de a Pie, exigimos tanto a la PGR como a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que se garanticen de manera plena los derechos de las víctimas a recibir información y participar durante el desarrollo de la investigación.

En la misma tesitura, exigimos que se explique la razón por la cual las personas supuestamente identificadas como responsables del crimen no han sido detenidas y procesadas.

Una vez más exigimos resultados, no más discursos.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PROPUESTA CÍVICA   

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. (CIMAC)

COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS (CPJ)

RED DE PERIODISTAS DE A PIE

REPORTEROS SIN FRONTERAS (RSF)

Urgente modificar protocolo de uso de la fuerza de Policía Federal para evitar uso arbitrario

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

  • Es importante que el Protocolo incorpore estándares mínimos sobre la intervención policial en contextos de manifestaciones, para casos como las graves violaciones ocurridas en junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca;
  • La Policía Federal debe continuar elaborando protocolos específicos de actuación, que abarquen las intervenciones policiales en disturbios, manifestaciones y operativos migratorios.

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.- El 18 de octubre de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, en respuesta a la necesidad de contar con un marco de aplicación de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad pertenecientes a la Policía Federal (PF) y a la Recomendación 7VG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos perpetradas por la Policía Federal en las manifestaciones de Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio del año pasado.

Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) destacamos la importancia de este Protocolo, siendo un avance para la regularización de las actuaciones de la PF. Destacamos la incorporación de estándares sobre la progresividad en la aplicación de los niveles del uso de la fuerza pública, los derechos de las y los integrantes de la PF ante sus superiores, el establecimiento de exclusión de responsabilidad ante órdenes ilegales o inconstitucionales y la asignación de armas no letales o potencialmente letales únicamente al personal capacitado y asignado para su uso.

No obstante, existen omisiones dentro del Protocolo que podrían ocasionar graves violaciones de derechos humanos, principalmente en el contexto de manifestaciones o reuniones en todo el País.

En primer lugar, se señala que este Protocolo “podrá emplearse también para restablecer el orden público causado por disturbios colectivos y actos tumultuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz públicos”, este texto es ambiguo y puede usarse para justificar la intervención arbitraria de la PF en manifestaciones o reuniones, como ocurrió el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México; en Apatzingan el 6 de enero de 2015; en Nochixtlan, Oaxaca el 19 de junio de 2016; o en Playas de Rosarito, Baja California en enero de 2017.

En todo caso el “orden y la paz públicas” deben interpretarse a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, no en contraposición a ellos.

El Protocolo no es claro para saber cómo debe actuar la PF en desalojos, enfrentamientos con el crimen organizado o manifestaciones y reuniones. Debe recordarse que en su informe anual de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “[e]n el diseño de las normas, especial énfasis se deberá tomar en los diferentes escenarios en los que se requiere la presencia de los agentes del orden, debiendo contar con parámetros claros que rijan, por ejemplo, en desalojos, y que necesariamente deberán ser distintos en manifestaciones públicas, o motines en centros de detención, enfrentamientos con particulares o grupos en conflicto con la ley, entre otros escenarios”.

Cuando alguna fuerza policiaca intervenga en manifestaciones o reuniones, los estándares internacionales determinan que los policías tienen prohibido usar o portar armas letales o potencialmente letales, para prevenir violaciones graves a derechos humanos. Este estándar es fundamental que sea incluido en el Protocolo ya que este no hace alusión a tal prohibición, lo que consideramos una ausencia que debe resarcirse a la brevedad.

Las organizaciones que conformamos el FLEPS consideramos importante destacar que la CIDH ha señalado que “[s]ea cual sea el formato adoptado por quienes ejercen este derecho, la actuación policial debe tener como objetivo principal la facilitación y no la contención o la confrontación con los manifestantes”. Por tanto, la actuación de la PF debería enfocarse a la facilitación de manifestaciones, no al control o dispersión de las personas que participan en ellas.

Otros puntos importantes que están fuera del Protocolo son: la protección hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el enfoque diferenciado en la actuación policial sobre grupos en situación de vulnerabilidad; la prohibición de detenciones masivas; la recopilación y análisis de datos derivados de los operativos donde participe la corporación; la temporalidad y necesidad de continua capacitación de las y los integrantes, principalmente en el uso de armas no letales y potencialmente letales; la transparencia y la rendición de cuentas previo y posterior a los operativos; así como la responsabilidades en la cadena de mando; el registro de las armas y equipo asignados, entre otros.

Por tanto, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hacemos un llamado al Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que haga las modificaciones necesarias para la incorporación de estándares mínimos sobre el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones y reuniones en el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, con la finalidad de garantizar su actuación bajo los más altos estándares en la materia.

Asimismo, la CNS debería trabajar en protocolos específicos de actuación policial, en apartados especiales, para control de disturbios, participación en operativos migratorios, intervención en zonas de conflicto y en la facilitación de manifestaciones o reuniones, desde un enfoque de derechos humanos y con la participación de personas expertas en seguridad y sociedad civil especializada.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. 

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar

FLEPS denuncia represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

  • En una semana, Gobierno de Michoacán ha reprimido y criminalizado a más 60 estudiantes normalistas y activistas.
  • La situación de violencia es constante y creciente contra la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga.

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2017.- Esta semana se perpetraron una serie de acciones represivas contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, y activistas comunitarios por parte de elementos de la Policía Estatal. Primero conocimos de las agresiones contra integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), especialmente contra Carlos Olivares Valencia, perpetradas en un operativo del que resultaron dos personas detenidas de manera arbitraria. Luego supimos del uso excesivo de la fuerza pública en contra de normalistas que se manifestaron para exigir la liberación de sus compañeros estudiantes el día 15 de octubre, de lo cual resultó la detención arbitraria de 65 personas, así como varias heridas.

El pasado martes 10 de octubre del 2017 los integrantes del MCDL, principalmente mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, realizaron una manifestación para exigir la evaluación de los daños en las casas y escuelas ocasionados por las explosiones que la empresa PROACON-ALDESA ha estado detonando para la construcción del Ramal Camelinas. Alrededor de las 19:30 hrs., tras aproximadamente 5 horas de manifestación pacífica en la calle Baltazar Echave, llegó un estimado de 80 elementos de la UROP (Unidad de Restablecimiento del Orden Público) a reprimir violentamente y disolver la manifestación. En medio de estos actos, un grupo de sujetos vestidos de civiles sometió a Carlos Olivares Valencia, quitándole el teléfono celular con que llevaba el registro fotográfico de la manifestación y subiéndolo a una camioneta blanca sin placas. Dentro del vehículo, Carlos fue contínuamente golpeado, insultado y amenazado, según documentó otro miembro del MCDL, Hugo Salas. A pesar de las irregularidades y violaciones a sus derechos, ambos continúan bajo proceso por el delito de ataque a las vías de comunicación, siendo que ambas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad.

Por otro lado, el viernes 13 de octubre, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, normalistas de Tiripetío se encontraban realizando boteo con el fin de obtener recursos para una movilización a realizarse el día 15 del mismo mes, en conmemoración de la represión que sufrieron en la misma fecha en 2012. Cuando se encontraban realizando esta actividad, en la carretera Siglo XXI, policías estatales procedieron a detener a seis personas supuestamente pot secuestrar camiones, según versiones de medios locales. A raíz de estos hechos, el 15 de octubre alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) para exigir la liberación de sus compañeros. Como respuesta, la Policía Estatal desplegó un operativo con 200 elementos que persiguió y agredió a los estudiantes manifestantes, haciendo uso de gas lacrimógeno y deteniendo a 65 personas de manera arbitraria.

Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) denunciamos esta serie de hechos que violan los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad, a la integridad y a la seguridad jurídica, de los estudiantes normalistas de Tiripetío y de integrantes del MCDL. Vemos con preocupación que se esté utilizando de manera sistemática a la fuerza pública para reprimir a dichos estudiantes y activistas: recordamos las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas el pasado 21 de junio, especialmente contra Gael Solorio Cruz, quien resultó gravemente herido por una bala perteneciente a los elementos de la Policía Estatal de Michoacán.

Desde el FLEPS exigimos al Gobierno de Michoacán el cese de las agresiones y de las detenciones arbitrarias en contra de las personas que se manifiestan en la entidad y a la Procuraduría General de Justicia del Estado que garantice investigaciones imparciales, así como la garantía a los derechos a la protesta social y a la libertad de expresión. Asimismo, exigimos que el estado de Michoacán sancione a las personas que participaron en las detenciones arbitrarias de los estudiantes de Tiripetío y del MCDL, y que cumpla con la obligación que tiene de garantizar de manera plena el derecho a la educación, partiendo del diálogo con los estudiantes normalistas, a favor de satisfacer sus necesidades y las de su Escuela, así como la resolución de las peticiones del MCDL.

En el marco de los hechos denunciados, repudiamos el uso de la fuerza y la violencia policial, así como la criminalización de la protesta social, de los estudiantes normalistas y de las personas defensoras de derechos humanos. De igual manera, resaltamos la importancia que tienen las normales rurales y las y los estudiantes de éstas en las comunidades como personas defensoras del derecho a la educación en el país.

 Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. 

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

Desinterés y simulación de diputados en designación de la #NuevaCDHDF

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2017.- Las personas y organizaciones abajo firmantes exigimos a las y los diputados Luciano Jimeno Huanosta (Partido Humanista), Rebeca Peralta León (PRD), Mariana Moguel Robles (PRI), Jorge Romero Herrera (PAN) y Beatriz Adriana Olivares Pinal (PRD), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que asuman con seriedad, rigor y responsabilidad el mandato que les ha sido conferido para coordinar la elección de quien encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Demandamos puntualmente que la Comisión señale las razones por las cuales se desconoce lo estipulado en la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada el 4 de septiembre del año en curso, cuya base octava señala que:

Con el propósito de incorporar a la Sociedad Civil Organizada y mediante solicitud por escrito de las organizaciones y/o instituciones debidamente constituidas y con experiencia en la materia, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se conformará un Comité Observador Ciudadano, que acompañará y hará recomendaciones por escrito a esta Comisión Legislativa, a efecto de que el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF sea transparente y público, haciendo valer el Parlamento Abierto como principio básico de rendición de cuentas de la ALDF.

De las más de 80 organizaciones que solicitaron formar parte del Comité Observador Ciudadano sólo se conoce el nombre pero no están disponibles para su consulta los documentos probatorios que demuestren la constitución legal de las mismas y mucho menos insumos que permitan demostrar que tienen experiencia en defensa, garantía, promoción y protección de Derechos Humanos.

Si bien en la página web de la ALDF está habilitado un apartado específico sobre la designación de la CDHDF, ésta ha fallado como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, al no contar con información de interés público relacionada con el proceso y no ser utilizada como canal de comunicación formal entre la Asamblea y las y los actores involucrados. Es ahí donde debieron albergarse documentos que prueben que las 95 organizaciones de la sociedad civil inscritas para acompañar este proceso están legalmente constituidas y cuentan con expertise en el tema -requisito trascendental de la convocatoria.

A un día de las comparecencias, el Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Ignacio Picacho, informa que los diputados no han determinado dónde se llevará a cabo y cómo se coordinará la participación de 95 organizaciones que brindarán sus observaciones sobre la idoneidad de las candidaturas para ocupar la presidencia de la CDHDF.

Luego de lo ocurrido en el Foro “Las OSC de Derechos Humanos y el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF” –espacio que pretendía incluir una amplia consulta ciudadana sobre el proceso pero que, finalmente, derivó en un desfile de organizaciones que asistieron para manifestar su respaldo a una candidatura en particular– no podemos permitir que la defensa, protección y garantía de los Derechos Humanos en la Ciudad de México se limite a una simple cuestión asistencialista y de popularidad.

El desaseo con el que se ha gestionado la participación de la sociedad civil en este proceso de designación parece dar cuenta de un ejercicio de simulación para cumplir con el trámite de incluir las voces de la sociedad civil en eventos como el antes mencionado y no como un esfuerzo por generar un sistema de pesos y contrapesos que permitan que la persona más capaz ocupe el cargo y no aquella con mayor poder político para movilizar clientelas.

Reiteramos la exigencia a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF para que el nombramiento público del presidente o presidenta de la CDHDF se lleve a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzca de acuerdo con los principios de parlamento abierto y de designaciones públicas. El proceso de deliberación que conduzca al nombramiento de la presidencia de la Comisión debe ser público, abierto e incluir las observaciones e inquietudes de la sociedad civil.

A continuación se presenta una evaluación del proceso que ha seguido la ALDF con base en buenas prácticas en materia de designaciones públicas:

Buenas prácticas en Designaciones Públicas ¿Cumple la ALDF? ¿Por qué?
Convocatoria pública y abierta. La convocatoria se publicó el 4 de septiembre en el portal de la ALDF.
Definición de plazos y etapas. Claridad en el proceso.
Máxima publicidad durante todo el proceso. No Hubo poca difusión de la convocatoria. Se creó un micrositio en la página de la ALDF con la siguiente información: expedientes (incluidas las declaraciones), calendarios de entrevistas, versiones estenográficas de reuniones, comunicados y convocatoria.
Transparencia y rendición de cuentas. No No se han detallado los criterios con los que se realizarán las entrevistas y las decisiones sobre cada etapa del proceso han sido planteadas sin una sólida previsión.
Publicación de expedientes. Se publicaron los expedientes en el micrositio de la ALDF.
Declaraciones de interés. Se publicaron las declaraciones de interés en el micrositio de la ALDF.
Comparecencias públicas. No Del 16 al 18 de octubre se realizarán las comparecencias de los/as candidatos/as, pero no hay información sobre el acceso del público al recinto, la accesibilidad de personas con discapacidad, ni el proceso de transmisión en vivo por televisión y canales de internet.
Mecanismos de evaluación de los perfiles (instrumentos técnicos). No Los cinco diputados sólo considerarán su opinión como sistema de recolección de elementos de evaluación, aun cuando se les ha propuesto en diversas ocasiones un instrumento técnico de evaluación.

Comité de selección conformado por expertos.

No No se constituyó un Comité de Selección de expertos. En la base octava de la convocatoria solamente se estipuló un Comité Observador Ciudadano que se limitó a organizaciones de la sociedad civil. Al momento de emitir este comunicado, se desconoce cómo serán retomadas las observaciones del Comité Observador por parte de las y los diputados al momento de elaborar su dictamen.
Selección de perfiles con independencia e imparcialidad. En proceso N / A
Rendición de cuentas. No El micrositio del proceso de designación no contiene ninguna información sobre los criterios, indicadores, o metodología del proceso de designación, ni las razones que sustentarán o evaluarán los diputados/as.
Participación de la ciudadanía

  1. Por medio de cartas o escritos.
  2. Con voz en las audiencias.
  3. Comité de selección de expertos ciudadanos
No Al no haberse conformado un Comité de Selección destacado por su amplia trayectoria en derechos humanos, con elementos claros que determinen su nivel de participación y características de inclusión en el proceso, se ha privilegiado un sistema de acarreo.

Firmantes:

Abigail Delgado Estrada
Academia de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México
Adriana Herrera
Alberto Serdán Rosales
Al-dabi Olvera Castillo
Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos y la Salud A.C.
Alicia Naomi Ramos Imuro
Arkemetria Social A. C.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL
Asociación de Espina Bífida Miel que vino del cielo A. C.
Brenda Rodríguez Herrera
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, A.C.
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.
Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social A.C. (CIEDIS)
Claudia Campero Arena
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectivo de Egresados de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Colectivo Forjando Caminos
Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Cristina Gómez Johnson
Denise Dresser Guerra
Denise Reyes
Edgar Bautista Jiménez
Educando en los Derechos y la Solidaridad EducaDyS A.C.
Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos A.C.
El Caracol A.C.
Emilienne de León
Ernesto Tescucano Hernández
Felipe Martínez
Francisco Robles Gil Martínez del Río
Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Gabriela Delgado Ballesteros
Gabriela Rodríguez
Gabriela Ramírez Rojas Salazar
Gloria Lidia Legorreta Navarro
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
I-legal. Derechos humanos, servicios y consultoría jurídica
Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana
Iniciativa Ciudadana por la Democracia y la Transparencia INCIDET A.C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.
Investigación, organización y acción comunitaria Altepetl A.C.
Iván García Gárate
Habitat International Coalition – América Latina
Hilda Salazar Ramírez
José Guadalupe Sánchez Suárez
Juan Carlos Medel Cabrera
Leonardo Jorge Martínez Mejía
Letra S Sida, Cultura y Vida cotidiana A.C.
Lourdes Morales Canales
Luis Daniel Vázquez Valencia
Luis Enrique Hernández Aguilar
Manuel Canto Chac
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Marco Antonio Pérez
Mariana González Moyo
Maria Silvia Emanuelli
Mayela Eugenia Delgadillo Bárcena
Miguel Concha Malo
Mujer y Medio Ambiente A.C.
Observatorio Eclesial
Rebeca Salazar Ramírez
Red de empoderamiento de Personas con Discapacidad en México
Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Rodrigo Chávez
Secretariado Social Mexicano, A.C. (SSM)
Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual, A. C. (SISEX)
SPATIUM LIBERTAS A.C.
Víctor Manuel Arizmendi Pérez
Visión Legislativa
Yolotli Fuentes Sánchez
Zúe Valenzuela Contreras

Justin Trudeau debe condenar alarmante situación de derechos humanos e impunidad en México durante visita oficial

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Señor Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá

Las organizaciones que firmamos esta carta, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que sea abordada la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad, en la próxima reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a nuestro país los próximos 12 y 13 de octubre.

Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México sufre niveles alarmantes de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atrocesdado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías.

Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores. Desde el 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) ha contabilizado 5,910 averiguaciones previas por tortura y las Fiscalías de los estados han registrado al menos 6,262. No obstante, hasta el momento solo existen 8 sentencias condenatorias en torno a este grave delito.

Así mismo, ocurren hechos extremadamente violentos y atentados contra el derecho a la vida a un nivel intolerable. Desde el 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 77 recomendaciones en las que se documentan hechos de asesinatos. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, de acuerdo a cifras oficiales, se han registrado más de 150 mil homicidios intencionales entre el 2006 y 2015.

Por otro lado, existe un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en gran parte del territorio de México, y existen serias dificultades para la prevención, investigación y sanción de las mismas, así como para la búsqueda de las personas desaparecidas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 32,943 personas desaparecieron desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluyendo 8,525 mujeres y 5,985 menores de edad. Por su parte, la PGR sólo ha iniciado 598 averiguaciones previas por este delito y hasta el momento solo se han emitido 9 sentencias condenatorias por desaparición forzada. De manera preocupante, de acuerdo a datos de 19 procuradurías estatales del país, existe un total de 1,075 fosas clandestinas y 2,014 cuerpos exhumados del año 2007 al 2014.

La violencia e impunidad, además ha propiciado el desplazamiento interno forzado de al menos 310,527 personas dentro del país.

Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes.

En particular, nos preocupa que gran parte de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en México, se cometan bajo un contexto de militarización de la seguridad pública. Hemos documentado una actuación recurrente de las Fuerzas Armadas mexicanas: el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas.

En ese sentido, aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra preocupación por la aprobación de una Ley de Seguridad de Interior en México. Dicha Ley, tiene como propósito facultar a las Fuerzas Armadas del país en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía llegando a ampliar las facultades para que el Ejército y la Marina puedan tener competencias ministeriales y judiciales. Tememos que, con esta Ley, la autoridad civil termine cediendo a las acciones militares y de que se perpetúe la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, la población migrante en tránsito es también altamente afectada sin que a la fecha se cuente con cifras oficiales y al menos tres masacres de migrantes documentadas, con cerca de 314 víctimas, permanecen aún en la impunidad. De igual manera, nos preocupa la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva, así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral. A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial.

Así mismo, desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo, se han registrado 38 asesinatos de periodistas, lo anterior, a pesar de que el mandatario anunció oficialmente en mayo de 2017 las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”. Pese a ello, en lo que va del 2017, 11 asesinatos en contra de periodistas han sido documentados, 6 de ellos corresponden a mujeres periodistas. Esto demuestra que las acciones anunciadas por el presidente parecen solo actos de retórica sin indicadores de impacto efectivo. En tanto, 106 personas defensoras han sido asesinadas y 81 desaparecidas, lo que evidencia que las acciones del Estado para promover y proteger la defensa de derechos humanos no han sido efectivas a pesar de los compromisos asumidos. Es importante destacar, que las agresiones que enfrentan en México las y los periodistas y las personas defensoras, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje, son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas.

Señor Primer Ministro, en momentos tan difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado para que Canadá, país cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos, promueva el respeto de los mismos con sus países aliados, como lo es México.
Cada año su país mantiene un papel crítico y activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha contribuido en el fortalecimiento del mismo, ha promovido la escrupulosa aplicación de los mecanismos de protección de derechos humanos y ha demostrado ser firme ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su independencia, imparcialidad.

Es por ello que de la manera más atenta le solicitamos:

  • Fortalecer la asociación bilateral con México garantizando que los esfuerzos y las acciones conjuntas, contribuyan en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de ambos países. De igual manera, le llamamos a instar al Jefe del Estado mexicano a emprender soluciones estructurales y duraderas para que sus instituciones combatan la preocupante impunidad prevaleciente en México.
  • Promover el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al Gobierno de México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, la que se refiere al establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad. Ante la falta de capacidad e imparcialidad para investigar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, México necesita de un mecanismo internacional, independiente e imparcial, compuesto por personas expertas que coadyuven con el Estado Mexicano para generar instituciones de procuración y administración de justicia capaces de revertir los alarmantes índices de corrupción e impunidad por violaciones a derechos humanos que existen en el país. Confiamos en que su gobierno, reconociendo la importancia fundamental de los Estados a prestar ayuda mutua de conformidad con sus obligaciones internacionales, ayudará a México a combatir la corrupción e impunidad a través de la promoción del establecimiento del Consejo Asesor y de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad con una composición internacional.
  • Promover, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales, un diálogo respecto de la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, con miras a plantear soluciones estructurales e integrales al contexto que vive México.
  • Manifestar la importancia que tienen las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, y la sociedad civil mexicana en la construcción de un estado de derecho, solicitando al Gobierno mexicano que garantice amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta, participación y evaluación de la sociedad civil en políticas públicas y otros temas relacionados con derechos humanos.
  • Promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONUsiguiendo las observaciones hechas por el Grupo de Trabajo de la ONU en la materia al final de su visita al Estado canadiense. México está en un proceso de implementación de dichos Principios a través de un Programa Nacional. La implementación de este Programa constituye una oportunidad para atender los niveles de impunidad con la que operan entes públicos y privados que han causado abusos y violaciones a derechos humanos por sus actividades empresariales. Siendo que México no cuenta con un mecanismo de identificación y sanción a los responsables de dichos abusos, ni con mecanismos efectivos para el acceso a la justicia de personas que resultan afectadas, esta política pública tiene el potencial de fomentar el respeto de los derechos humanos como eje primordial del desarrollo y de todo tratado comercial y de inversión.
  • Hacer una revisión sobre la eficacia de los lineamientos y compromisos adquiridos por el Estado canadiense en materia de respeto a los derechos humanos en sus actividades empresariales y operaciones en el exterior y en su cadena de valor, incorporando el proceso de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y remediar impactos negativos en derechos humanos en todos los sectores, particularmente en el extractivo, tomando en cuenta que la mayoría de las empresas mineras operando en México son canadienses. Es importante mencionar que en el marco del diálogo debe darse esta conversación teniendo en consideración la modernización, actualización y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde también debe ponerse énfasis en el respeto a los derechos a la tierra, territorio y medio ambiente de comunidades agrarias, indígenas y equiparables, así como en las afectaciones específicas en estos contextos a los derechos de las mujeres y los riesgos de las personas defensoras comunitarias frente a la actividad empresarial.

Agradecemos de antemano su amable atención y aprovechamos para expresarle nuestras más altas y distinguidas consideraciones.

Atentamente,

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos
Casa Xitla-Lekil Kuxlejal
Causa en Común
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
CIMAC Noticias
Enjambre Digital
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) integrada por familiares de personas desaparecidas en todo México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) integrada familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila.
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)
Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Insyde
Laboratorio de Innovación para la Paz
México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (PRODESC)
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).;

Espacio OSC (Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.)

Personas defensoras de derechos humanos, activistas e integrantes de la academia
Aram Barra
Alberto Athié Gallo
Alfredo Lecona Martínez
Carlos Cruz Santiago
Carlos Brito
Denise Dresser
Eliana Garcia
Ernesto López Portillo
Genaro Lozano
Jorge Javier Romero
Maite Azuela
Lisa Sánchez
Catalina Pérez Correa

Sociedad civil rechaza adiciones a Ley de Telecomunicaciones que criminalizan medios comunitarios

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2017.- El miércoles 4 del presente mes, la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el Diputado priista Benjamín Medrano Quezada ante la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, por la cual se adicionan la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFTR) y el Código Penal Federal.

La adición al Artículo 304 de la LFTR inhabilita en un plazo de cinco años a aquellas personas que hubieran sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión, mientras que la adición al Código Penal Federal de un Artículo 172 Ter  sanciona al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, con dos a seis años de prisión, cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.

De ser aprobada esta iniciativa que se presentará ante el Congreso la próxima semana, significaría un enorme retroceso para la legislación mexicana desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos en general, y de la libertad de expresión en particular.

Las sanciones administrativas y penales propuestas en esta iniciativa son inconstitucionales, pues se oponen a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Los tratados internacionales que se obliga a respetar el Estado mexicano, así como los organismos internacionales que los tutelan, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido claramente que en materia de libertad de expresión y derecho a la información, frente este tipo  de ilícitos debe optarse por medidas administrativas y no penales, considerando que se trata de infracciones y no de delitos.

La Corte Interamericana ha señalado que “El Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita (…). En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs Argentina, Sentencia de dos de mayo de 2008. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 76).

La iniciativa no sólo da la espalda a los altos estándares internacionales, sino que reconoce explícitamente basarse en una de las legislaciones más atrasadas y restrictivas del continente en materia de libertad de expresión, como la legislación chilena, sobre la cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó recientemente: “Persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información que pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado”. (Informe especial sobre visita oficial a Chile con el objeto de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión. Abril de 2017).

Para respaldar su iniciativa, el Diputado Medrano utilizó cuatro ejemplos del Derecho Comparado, de los cuales tres obran en su contra, pues el Reglamento de la UIT y las legislaciones de España y Argentina solo hacen referencia a sanciones administrativas y no a penales; solo la Ley General de Telecomunicaciones de Chile, publicada en 1982 por la dictadura militar de Pinochet, establece “pena de presidio en sus grados mínimo a medio” para la radiodifusión sin autorización (Art. 36 B).

La Reforma de Telecomunicaciones fue impulsada por un movimiento social que exigió poner fin a la enorme concentración de medios en pocas manos y luchó por abrir el espectro a los medios indígenas y comunitarios. A tres años de la aprobación de la Ley, todavía persiste el oligopolio mediático, y la incorporación de los medios indígenas y comunitarios es muy lenta, por las dificultades para cubrir los requisitos de ley.

En este país de enormes desigualdades, prevalece un escenario de violencia contra comunicadores, con un imparable número de agresiones y asesinatos que colocan a México como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, y la impunidad como aliciente para los agresores. A esta grave situación vienen a sumarse las catástrofes naturales, frente a las cuales los medios comunitarios, entre ellos no concesionados, han representado un valioso apoyo para sus comunidades, enfrentadas a condiciones de vida o muerte y de absoluta miseria. En estas condiciones, la iniciativa criminalizadora aprobada por la Comisión de Radio y TV, es una verdadera provocación y un desatino

Existe el antecedente de la aplicación de los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para castigar penalmente el uso del espectro sin autorización. La aprobación por la Comisión de Radio y TV de un tercer artículo criminalizador de la Libertad de Expresión es una muestra de intolerancia creciente, violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. Demandamos al H. Congreso rechazar el mencionado uso de los primeros y a no admitir la iniciativa de modificación al Código Penal Federal.

Llamamos a las y los Diputados a escuchar, atender e incorporar las recomendaciones reiteradas de los Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a preservar el espíritu de la Reforma de las Telecomunicaciones, y evitar un preocupante retroceso, afectando el derecho de información y la libertad de expresión.   Les exhortamos a privilegiar el diálogo, del cual fue ejemplo el reciente Foro Internacional auspiciado por el IFT y la UNESCO con la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer y facilitar el acceso a la legalidad, demostrando las ventajas de la regularización, respetando los procesos de decisión de las comunidades y pueblos.

Organizaciones firmantes:

  • Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
  • Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN )
  • Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ)
  • Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar A.C.
  • ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
  • Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA)
  • Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
  • Caminos del Buen Vivir A.C.
  • Casa de los Derechos de Periodista (CDP) A.C.
  • Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
  • Centro de Producción Campo Ciudad
  • Centro Universitario del Pueblo Xhidza (CEUXHIDZA) Oaxaca.
  • Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
  • Chollolan Radio
  • CIC Propuesta Cívica
  • Colectivo Expresión Alternativa, A.C
  • Colectivo Tajtolmej Taltipak A.C.
  • Comunicación Comunitaria A. C.
  • Comunicaciones en Contacto A.C.
  • Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI)
  • Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)
  • Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI)
  • Corazón de las Californias A.C
  • En Neza Radio/Voces Urbanas A.C.
  • Estéreo Comunal
  • Estéreo Lluvia
  • Frecuencia Libre
  • Fundación Comunalidad A.C.
  • Fundación de Santa María Para la Promoción Indígena y Agroforestal A.C.
  • Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex)
  • Grupo RadioAsta A.C.
  • La Voladora Radio /Voladora Comunicación A. C.
  • Mujeres en Frecuencia A.C.
  • Observatel A.C.
  • Ojo de Agua Comunicación A.C.
  • Organización Nacional Anticorrupción (ONEA)
  • Organización de Radios Comunitarias e Indígenas del Estado de Michoacán (ORCIEM)
  • Plataforma Nacional de vinculación de Periodistas
  • Radio Ach’ Lequil C’op
  • Radio Calenda La Voz del Valle A.C.
  • Radio Comunitaria de Buena Vista de Cuellar A. C.
  • Radio Comunitaria Tenancingo A.C.
  • Radio Comunicación Tzacualli A.C.
  • Radio Ibero 90.9
  • Radio Calentana /La Calentana Luvimex A.C.
  • Radio Comunitaria Lak Lumal
  • Radio Comunitaria Tzinaka
  • Radio Echais 88
  • Radio Mayaaw, ISIA
  • Radio Mukulum
  • Radio Mixe Jënpoj
  • Radio Nanhdiá/ Mie Nillu Mazateco A.C.
  • Radio Política & Rock´n Roll/ Autogestión Comunicativa A.C.
  • Radio Tepoztlán/ Teponaztle Cultura y Comunicación A.C.
  • Radio Tierra y Libertad/ Por la Igualdad Social A. C.
  • Radio Tachi Ñuu Itia Ta ´nu
  • Radio Tosepan Limakxtum A.C
  • Radio Uandarhi/Uandarhi A.C.
  • Radio Xalli/ Comunicadores Filo de Tierra Colorada A.C.
  • Radio Zapote
  • Red de Comunicadores Boca de Polen
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”
  • Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.
  • Revista Zócalo
  • R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
  • Rhizomatica
  • Salud Integral Para la Mujer, SIPAM A.C.
  • Sector Radio Educación del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura
  • Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca A.C.
  • Soley sin Barreras A.C.
  • Tsilinkalli Radio
  • Telecomunicaciones Bëë Xhidza (Telecomunicaciones Aire Zapoteco del Rincón)
  • Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias
  • Teojomulco-Radio “La Voz del Rinconcito”
  • Voces Colectivas A.C.
  • Yokotanop A.C.
  • Xoxogualan A.C.
  • Espacio OSC (Las organizaciones que lo integran son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC­ Mx);Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.)

Firmas individuales

  • Adriana Rivera
  • Adriana Solórzano
  • Agustín Ávila Méndez
  • Aimeé Vega Montiel
  • Aleida Calleja
  • Alma Leticia Benítez
  • Amaranta Cornejo Hernández
  • Ana Lidya Flores
  • Ana Ortiz Monasterio Quintana
  • Ángel Jorge Chávez Rodríguez
  • Antonio Zavaleta Landa
  • Carlos Alberto Vargas,
  • Carlos Bernal Crescencio
  • Clara Luz Álvarez
  • Claudia Magallanes Blanco
  • Daniel Hernández
  • Daniel Reyes Cruz
  • José Manuel Ramos Rodríguez
  • Edilberto Cardoso
  • Eduardo Almeida Acosta
  • Fania Sánchez de la Vega González
  • Félix Dircio Melgarejo
  • Gabriel Sosa Plata
  • Gabriela Di Lauro
  • Garibaldo Romero
  • Graciela Martínez Matías
  • Irene Levy Mustri
  • Irina Vázquez Zurita
  • Jaime Martínez
  • Jaime Martínez Luna
  • Javier Castillo
  • Jorge Eduardo Basaldúa Silva
  • Jorge Fernando Negrete
  • José Cervantes Sánchez
  • Juan Carlos Peña Aguilar
  • Kiado Cruz
  • Laura Beatriz Mora Pale
  • Luis Miguel Carriedo
  • Luis Torres Durán
  • Eugenia Sánchez Díaz de Rivera
  • Marco Antonio Tafolla Soriano
  • María Eugenia Chávez
  • Mayte Ibarguengoitia González
  • Oliver Froehling
  • Oscar Soto Badillo
  • Roberto Martínez Aran
  • Roberto Martínez Aranda
  • Roberto Pulido Alejo
  • Samuel Altamira Díaz
  • Sandra Astorga Jaques
  • Silvia Coca Córdova
  • Socorro Apreza Salgado
  • Sócrates Vázquez García
  • Vicente Castellanos
  • Víctor Hugo López Rodríguez
  • Víctor Ruiz Arrazola

Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe derechos a la libertad de expresión y la protesta social

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2017.- El pasado 15 de septiembre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que establece en su artículo 220 la obligación de dar aviso sobre las marchas y reuniones que tendrán lugar en la capital del país por medio un escrito con una serie de requisitos que pueden dejar vulnerables a las personas que se manifiestan, además de mitigar el ejercicio de la protesta social

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México, además de contradecir lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver en 2016 que el aviso previo no era condición para ejercer el derecho a manifestarse públicamente, además contradice las propias posturas del gobierno capitalino, como la incorporación del Derecho a la Protesta en la Nueva Constitución de la Ciudad de México y otras disposiciones legales en las que se generan mejores condiciones para el ejercicio libre y pleno de la protesta social, a partir del diálogo mantenido con las Organizaciones de la Sociedad Civil para lograr avances en la materia.

La Ley de Movilidad fue publicada el 14 de julio de 2014, y contiene disposiciones que restringen las libertades de expresión y reunión en contextos de protesta social a través de sus artículos 212, 213 y 214. Debido a esto fue impugnada por las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como del Distrito Federal, a través de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la SCJN. Además, desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en coordinación y colaboración con diversos actores, promovió en su momento juicios de amparo en su contra en los que jueces federales determinaron que los artículos 212, 213 y 214, son inconstitucionales por violar los derechos a la libertad de expresión y reunión.[1].

Finalmente, el 11 de agosto de 2016, la SCJN resolvió las Acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014, determinando que estos artículos son constitucionales, pero debiendo realizar una interpretación conforme con la Constitución Federal y los tratados internacionales[2]. Si bien la SCJN no declaró inconstitucional el artículo 212 (referente al “aviso previo”), le dio sentido a través de las siguientes líneas interpretativas: 1) el aviso nunca debe constituir una autorización; 2) no debe contener mayores requisitos que lo vuelvan burocrático, debiendo ser una mera notificación; 3) puede darse o no el aviso previo, aún así, las autoridades siempre están obligadas a proteger y garantizar los derechos humanos; 4) el término “perfectamente lícito” debe entenderse conforma al artículo 9 constitucional, que regula las “reuniones pacíficas con objeto lícito”; 5) el Estado no debe calificar previamente ninguna manifestación o expresión; 6) las manifestaciones espontáneas se encuentran totalmente protegidas.

A pesar de este antecedente, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal desobedece lo dictado por la SCJN al establecer que las manifestaciones “deben tener un fin perfectamente lícito” y que “es necesario dar aviso previo” por medio de un escrito donde se solicitan, para que “las autoridades presten las facilidades necesarias para las manifestaciones públicas”, una serie de requisitos: nombre completo de la persona que organiza, nombre de la manifestación, hora de inicio y conclusión, lugar y ruta, número estimado de asistentes, número y tipo de vehículos a utilizar. Es decir, impone la necesidad de dar aviso, sin considerar la existencia de manifestaciones espontáneas y estableciendo requisitos desproporcionales para el ejercicio de un derecho, incluso generando la posibilidad de calificar de manera previa las protestas, su contenido y sus participantes. Lo anterior, en claro incumplimiento a los estándares internacionales y lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al hacer referencia a la Ley de Movilidad, señaló expresamente que “recomienda a los Estados que todavía exigen autorización o permiso previo para la realización de manifestaciones y protestas en espacios públicos enmendar la normativa nacional a fin de eliminar este requisito y establecer expresamente la presunción general en favor del ejercicio de este derecho.”[3]

Además, resulta sumamente alarmante que el actual Gobierno establezca medidas restrictivas y regresivas para el uso del espacio público exigiendo información que puede ser utilizada contra las personas que ejercen su derecho a la protesta, intención que fue evidente durante los dos primeros años de gestión de la actual administración y pareció cambiar a partir de 2015 con los cambios en la titularidad de Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

En este sentido, surge la preocupación por la omisión de los esfuerzos de diálogo que ha impulsado FLEPS con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno; siendo que la agenda de este Frente, partiendo  de la buena fe, ha buscado acuerdos para garantizar todos los derechos implicados en el ejercicio de la protesta social.

En este sentido se logró la elaboración y publicación -el 29 de marzo pasado- del Protocolo  de la SSPCDMX para la Protección de Personas en Contextos de Manifestaciones y Reuniones. De la misma manera, se construyó un Protocolo para la Secretaría de Gobierno para la Concertación Política en el Contexto de Reuniones y Manifestaciones, aún sin publicar y entrar en vigor.

En suma y apelando a los esfuerzos que han servido para incidir en la garantía de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, esperamos desde el FLEPS, que se modifiquen todas aquellas disposiciones del nuevo Reglamento de la Ley de Movilidad que restrinjan de manera injustificada, innecesaria y desproporcionada los derechos de reunión y libertad de expresión.

En caso contrario, esperamos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y/o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpongan de nueva cuenta una acción de inconstitucionalidad para evitar que se consume una violación a los derechos humanos de protesta social, libertad de expresión y libertad de reunión, mediante el uso de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.

[1]          Ver los siguientes comunicados: a) Juzgados federales confirman que la Ley de Movilidad viola derechos humanos b) Poder Judicial de la Federación reafirma que la Ley de Movilidad es inconstitucional c) Reconoce juez que Ley de Movilidad favorece actos de criminalización de la protesta
[2]          Ver comunicado: Suprema Corte pone en riesgo el derecho a la protesta social
[3] CIDH, Informe anual 2015, capítulo IV Uso de la Fuerza, pp 554 y 556.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.
Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA
Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C.
Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
Resonar

Por una Ley General de Archivos congruente y funcional

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017.- En los últimos dos años, diversas instituciones públicas, académicas y sociales hemos manifestado  la urgencia de aprobar una Ley General de Archivos acorde con la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información aprobada en febrero del 2014.

En ese tiempo se han realizado al menos 20 foros de consulta en diversas entidades de la República, audiencias públicas en el Senado, discusiones en el Inai, cinco exhortos al Senado provenientes del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, del Consejo Académico Asesor del AGN, del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados y del Consejo Universitario de la UNAM mediante los cuales se ha expresado de manera reiterada la necesidad de aprobar una ley que atienda los diagnósticos de dispersión de criterios, la ausencia de lineamientos comunes y las debilidades estructurales en los procesos de producción, gestión y conservación de la información histórica e institucional en todo el país que resultan fundamentales para la identidad, la memoria y la rendición de cuentas.

El proceso ha sido lento y a pesar de todas las opiniones vertidas, la iniciativa de ley presentada en el Senado en noviembre del año pasado contiene disposiciones que de aprobarse en sus términos, materializarían un enorme retroceso en el ejercicio de derechos fundamentales.

Concretamente, preocupan cinco cuestiones:

  1. Captura política del Consejo Nacional de Archivos. En la iniciativa se propone la conformación de un  Consejo Nacional de Archivos encargado de diseñar  la política y las directrices de la archivística del país. Se propone que el Consejo esté encabezado por la Secretaría de Gobernación, lo cual haría que el diseño de herramientas fundamentales para la política nacional archivística del país (lineamientos, recomendaciones, criterios) se realice bajo criterios políticos y no técnicos. El riesgo es que la política pública de archivos no sea formulada a partir de las necesidades y del conocimiento técnico concreto, sino que esté supeditada al control político y a los intereses del gobierno en turno. Esto se reproduciría en las entidades federativas cuyos consejos locales estarían encabezados por los Secretarios de gobierno. Esto es simple y sencillamente inaceptable.
  2. Autonomía y mayor presupuesto para el Archivo General de la Nación. Ante el enorme reto de proponer y desarrollar la política nacional de archivos del país, es preocupante que no se reconozca la naturaleza jurídica descentralizada del AGN. Basta observar la reducción presupuestaria del 78% para esta entidad en 2017. La iniciativa que tiene el Senado no contempla un proceso público, transparente e inclusivo para la designación de su titular, que debería cuando menos contar con la ratificación del Senado. El AGN no puede quedar sectorizado a la Secretaría de Gobernación, cuyos fines no tienen que ver con la conservación de la memoria. Numerosos problemas han derivado de la vinculación del AGN a dicha Secretaría, desde presupuestarios hasta en la propia consulta de documentos, pasando por la incapacidad del propio Archivo para desarrollar sus propias páginas web para la consulta pública de sus catálogos y materiales digitalizados por depender de servidores de Segob. La Ley debe prever una rápida desvinculación del AGN de esa Secretaría.
  3. Archivos históricos fuente de acceso público sin restricciones. Los documentos contenidos en archivos históricos son públicos y de interés general, por lo que su información en ningún caso puede ser clasificada como confidencial ni reservada. La iniciativa acertadamente reconoce esto. Sin embargo, es necesario que desde las definiciones se reconozca la naturaleza del archivo histórico como una fuente de acceso público, como lo hace la Ley Federal vigente. No se trata de un capricho terminológico. La Ley General de Protección de Datos Personales define precisamente así a las bases de datos, sistemas y archivos que pueden ser consultados públicamente. Incluir a los archivos históricos entre las fuentes de acceso público garantizaría que esta información no sea clasificada como confidencial, ni reservada y evitaría un posible conflicto con la Ley General de Protección de Datos Personales. Actualmente, documentos de la primera mitad del siglo XX e incluso del siglo XIX se entregan a los investigadores y al público interesado con información testada, es decir tachada con negro, lo cual resulta ridículo.
  4. Profesionalización de los procesos de valoración. Esta labor es estratégica para garantizar el reguardo de información valiosa y clave en la memoria de la gestión pública, pues es el momento en el que se decide qué documentos se conservarán y cuáles se darán de baja (destruirán) y en qué plazos. En la iniciativa se propone un grupo interdisciplinario, integrado por personas sin especialización en la materia, para realizar esta labor. Es necesario que el grupo sea en efecto multidisciplinario, pues se trata de una labor archivística y no administrativa. En ese sentido, se propone que esta labor incluya a personas que tengan conocimiento en archivística, gestión documental e historia.
  5. Plazos para transferencias. Las mejores prácticas internacionales establecen como regla general, un plazo máximo forzoso para que los documentos que reposan en el archivo de concentración (documentos con vigencia) sean transferidos a archivos históricos. Si no es claro este plazo, los documentos que contienen datos personales corren el riesgo de quedarse para siempre en los archivos de concentración, en tanto la clasificación de confidencial no tiene caducidad. Se debe reconocer que la mayoría de las dependencias cuentan con catálogos de transferencias, pero como no hay en la iniciativa un plazo límite para realizarlas, se puede reproducir lo que hasta ahora ha pasado: numerosos expedientes que se acumulan en bodegas desde hace años, sin orden y sin ser enviados a los archivos históricos. La Ley General de Archivos debe señalar de manera clara que el plazo máximo para la transferencia documental a los archivos históricos es de 25 años a partir del cierre de los expedientes, pudiendo haber excepciones a juicio de los grupos interdisciplinarios de valoración.
  6. Los expedientes y documentos en los archivos históricos ya no requieren mayor valoración. En la iniciativa, se propone un artículo transitorio (el décimo cuarto) que pondría en grave riesgo tanto a los documentos localizados en archivos históricos como aquélla información que puede ser útil para la rendición de cuentas. Actualmente muchos documentos contenidos en los acervos históricos del país no cuentan con un proceso de valoración pues llegaron a estos archivos antes de que existiera una regulación. Por ello, condicionar el acceso a estos archivos a un proceso de valoración paralizaría la consulta irrestricta de los mismos. Los documentos que están en los archivos históricos son, por ese solo hecho, históricos, y no requieren más valoración, así de claro debe quedar establecido en la ley. En los medios de comunicación nos hemos enterado en el transcurso de este año de la destrucción y “baja” de expedientes y documentos con posible valor histórico, sin que queden claros los criterios ni las razones por las cuales se decidió destruirlo.
  7. Procesos de parlamento abierto. Nos pronunciamos a favor de la propuesta hecha por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido de que dada la importancia de la materia, el proceso de deliberación que conduzca a la aprobación de la Ley debe ser público y abierto. Los espacios de deliberación que se han realizado, no han recuperado las preocupaciones que reiteradamente los especialistas han realizado sobre la gestión archivística.

En congruencia con la temática y con los compromisos adquiridos por el Senado en materia de Parlamento Abierto, la discusión de la Ley General de Archivos debería adoptar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.

Lo que está en juego no solo es cómo se tratará la información en los tres órdenes de gobierno sino la conservación de la memoria y la verdad de las instituciones y la sociedad. Por ello, hacemos un llamado al Senado de la República para que considere estas preocupaciones, abra el debate público y apruebe una normatividad acorde con los retos que el país enfrenta en materia de rendición de cuentas.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

San Fernando: 7 años sin verdad en la masacre de 72 migrantes

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.- El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina hizo público el hallazgo de 72 personas migrantes sin vida en el rancho “Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas. La masacre de 58 hombres y 14 mujeres es uno de los sucesos más atroces de violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes en su tránsito por México. El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda histórica con todas las víctimas de esta masacre y con la sociedad en general; México está obligado a dar razones sobre lo que ocurrió en este hecho y en las otras masacres de migrantes.

Sin embargo, a 7 años de estos lamentables hechos, las familias y la sociedad seguimos sin saber qué fue lo que sucedió; seguimos sin conocer el contenido de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR); y seguimos sin saber quiénes son los responsables. Siete años después, las familias continúan con la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron son los de sus familiares, porque siete años después el Estado mexicano no ha podido responder cómo se realizó el proceso de identificación.

El Estado mexicano tampoco les ha reparado integralmente: siete años después y con siete amparos en contra de la negativa de México de reconocer su responsabilidad, las víctimas siguen buscando respuestas y luchando por obtener justicia.

Por resolución emitida el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a cumplir con sus facultades por lo que el 20 de junio de 2017 calificó esta masacre como violación grave a derechos humanos y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación. A la fecha los familiares siguen esperando que la CNDH cumpla y les entregue las copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q en el que este organismo investigó la muerte de sus seres queridos.

Por otro lado, las víctimas han debido emprender sendos litigios para tener acceso a la investigación penal de la PGR. A siete años, la información que se les ha proporcionado es escasa, y pese a existir ya un Mecanismo de Apoyo Exterior para facilitar la comunicación con víctimas de delitos cometidos en territorio mexicano, que radican en el extranjero, las autoridades mexicanas no han acudido a sus países de origen a darles una explicación sobre los avances o líneas de investigación que se siguen en torno al caso.

Tratándose de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad —como en los casos de las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012— esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado.

Por su parte, Fundación para la Justicia y ARTICLE 19 hemos promovido dos amparos tras las negativas para tener acceso a las averiguaciones previas de estas tres masacres de migrantes. Actualmente, ambos amparos se encuentran listados para su discusión en el Pleno de la Corte con los folios 661/2014 y 453/2015, respectivamente, por lo que los ministros y las ministras de la SCJN tienen el deber jurídico de garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Fuente: Imágenes tomadas del expediente PGR/SDHPDSC/UIDPM/M2/03/2016, en el que se investiga la masacre de Cadereyta, Nuevo León, cuyas copias testadas en su totalidad, fueron entregadas a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Las entregas que se realicen deben garantizar el pleno acceso a la información de las averiguaciones previas. El pasado 3 de agosto, la Fundación para la Justicia, por orden del poder judicial, recibió las copias de la versión pública elaborada por PGR, de 17 de los 19 tomos que integran la investigación del caso Cadereyta que ejemplifican la simulación y la burla con la que el Estado mexicano pretende garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad.

Exigimos se abran las investigaciones que la PGR ha realizado en torno a las tres masacres de migrantes. La masacre de las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando ya ha sido calificada como una violación grave a derechos humanos por parte de la CNDH y de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) no puede invocarse reserva en torno a violaciones graves a derechos humanos.

Asimismo, exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad como se pueden observar en las fotografías del expediente de Cadereyta.

Las víctimas y la sociedad tienen depositada su confianza en el poder judicial, pues los ministros y las ministras de la SCJN decidirán si habrá acceso a las investigaciones de las tres masacres. El sentido en el que falle la Corte determinará criterios para saber si tenemos que esperar más de siete años para conocer la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Firma la petición dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR).

Carta de organizaciones a Blackstone Group L.P. por posible compra de NSO Group

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2017

A la mesa directiva de Blackstone Group L.P.,

Por medio de esta carta, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Blackstone Group L.P. en relación al interés reportado en adquirir el 40 por ciento de la firma israelí NSO Group Technologies, encargada de desarrollar, promocionar y vender software sofisticado de vigilancia a diferentes gobiernos del mundo, entre ellos, el mexicano.t

Las organizaciones expresamos nuestra preocupación por la falta de rendición de cuentas de NSO Group respecto al uso de sus productos y servicios de forma ilegal e ilegítima en México. En los meses recientes, se ha documentado la utilización del malware Pegasus, vendido en los últimos años a diversas dependencias del gobierno federal, en contra de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, legisladores, e incluso, un grupo de expertos y expertas internacionales con inmunidad diplomática .

El mal uso de estas herramientas de vigilancia por parte de los clientes de la firma NSO Group han motivado el llamado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de cuatro expertos de la Organización de las Naciones Unidas y entre otros, para que se inicie una investigación independiente e imparcial en torno a estos abusos.

Al igual que en la misiva del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, las organizaciones exhortamos a Blackstone Group L.P. a considerar las implicaciones éticas y de derechos humanos que tiene invertir en dicha empresa.

Hasta el momento, NSO Group solamente ha emitido un escueto mensaje sobre el tema, en el que reafirma que sus productos son comercializados únicamente a gobiernos y se declaran “horrorizados por el supuesto mal uso de nuestro producto” y que cualquier uso de este tipo “sería una violación a nuestras políticas de ética de negocios, contratos legales y a lo que defendemos como compañía”. Sin embargo, hasta la fecha no ha aclarado su participación en los hechos denunciados ni ha ofrecido garantías públicas de colaboración con la investigación.

Por ello, en atención a los compromisos públicos que Blackstone Group L.P. ha adquirido en torno a principios de inversión responsable, responsabilidad social corporativa, transparencia y derechos humanos, hacemos un llamado a abstenerse de invertir en NSO Group, al menos, hasta que dicha empresa asuma el compromiso de:

  • Cooperar de manera absoluta con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones oficiales en torno al uso ilegal de los productos desarrollados por NSO Group en contra periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil en México.
  • Adoptar las medidas necesarias para rescindir los contratos vigentes con agencias del gobierno mexicano y abstenerse de ofrecer sus servicios en México.
  • En cualquier caso, adoptar las políticas y medidas necesarias que prevengan y eviten que sus clientes alrededor del mundo utilicen sus productos de manera violatoria de los derechos humanos, como ha sido demostrado en el caso mexicano.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
El Poder del Consumidor
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
SocialTIC

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Caso Narvarte: dos años sin #Ju5ticia

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

  • Hoy se cumplen 2 años del múltiple feminicidio y del homicidio ocurrido en la colonia Narvarte.
  • Las familias de las víctimas continúan exigiendo conocer la verdad de los hechos así como la realización de una investigación exhaustiva.
  • El jefe de Gobierno de esta Ciudad, cargará en su historia y en su carrera política el haberse negado a resolver este caso: abogadas y abogados.

Ciudad de México, a 31 de julio de 2017.- A dos años de sucedidos los 4 feminicidios en contra de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martin; y el homicidio de Rubén Espinosa en la colonia Narvarte,  las autoridades capitalinas persisten en su negativa de garantizar los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación integral del daño en favor de las víctimas.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Recomendación 4/2017 emitida el 22 de junio pasado, señaló que la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, habían sido responsables del desaseo en la investigación abierta con motivo de los hechos, así como en el mal manejo de la escena del crimen, de las evidencias, del deficiente agotamiento de las líneas de investigación así como la falta de cumplimiento en los derechos de las víctimas.

Todas estas irregularidades y violaciones a los derechos humanos habían sido señaladas por las organizaciones que representamos a las víctimas pocas semanas después de los hechos, pero con la emisión de esa Recomendación, la CDHDF corrobora que aquello que señalábamos y que el ex procurador se atrevió a descalificar, se han convertido en un conjunto de violaciones probadas.

En este marco de violaciones a derechos humanos, la PGJCDMX se negó a realizar las investigaciones pertinentes en relación a las empresas de seguridad privada domiciliadas en la Ciudad de México propiedad de Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Sobre todo porque el domicilio de una de las empresas se encontraba a unos minutos del departamento en Luz Saviñon y porque personal de esas empresas tienen permisos para portar armas y capacitación para usarlas de manera profesional.

Dicho ex funcionario, hoy sujeto a proceso en Veracruz por delitos patrimoniales, es señalado por varios testigos como principal instigador de actos de hostigamiento y acoso contra Nadia Vera y Rubén Espinosa. Sin embargo, a juicio de Ministerio Público, no existe relación de Bermúdez Zurita con los hechos por lo que consideró que sería sometido a “actos de molestia injustificados” si se le requiriera mayor información sobre estos hechos, según dejó constancia en el expediente que se mantiene abierto en la Fiscalía de Homicidios de esta Ciudad.

Pero las deficiencias en la investigación no sólo han afectado a los derechos de las víctimas a conocer la verdad y a acceder a la justicia, sino que de manera paralela también han afectado los procesos judiciales que se siguen en contra de las 3 personas que permanecen encarceladas por su presunta participación en los hechos.

En el caso de Daniel Pacheco y Omar Martínez, les han sido otorgados amparos por un juzgado federal bajo el razonamiento de que “los autos de formal prisión que les fueron dictados por la Jueza 25 de lo Penal no explicaban los motivos de género indispensables para el juzgamiento en casos de feminicidio ni las agravantes en el homicidio de Rubén Espinosa”. Es decir, sustancialmente les fueron concedidos para que la Jueza volviera a dictar un nuevo auto integrando los elementos que no fueron incorporados en ese primer auto de formal prisión.

El problema, es que varios de los elementos que se requieren en los Juicios de Amparo  y que tiene que integrar la Jueza 25 de lo Penal, no fueron integrados ni articulados en su momento por la propia PGJCDMX, precisamente porque incumplió una serie de protocolos y disposiciones normativas que lo obligaban a realizar una investigación seria, exhaustiva, objetiva, imparcial, científica y efectiva.

En el caso de Abraham Torres Tranquilino, que ha sido sentenciado a casi 300 años de prisión por la Jueza 25 de lo Penal, su sentencia se encuentra en Apelación ante el propio Poder Judicial de esta Ciudad. Ello se debe a que la Jueza niega la reparación integral del daño a las víctimas y porque “asume” como versión real de los hechos, el supuesto  móvil construido -y nunca probado- por la PGJCDMX, consistente en un supuesto robo de droga a una de las víctimas. Esta versión sólo se sustenta en la declaración ministerial de Torres Tranquilino, y es contraria a las propias versiones que dieran Daniel Pacheco y Omar Martínez. Bajo esta premisa, se abre la posibilidad de que los tres probables implicados logren obtener su libertad más adelante.

Al haber sido aceptada la Recomendación de la CDHDF en sus términos, se abre una posibilidad remota de que algunas de las inconsistencias y deficiencias de las investigaciones sean subsanadas. Resulta fundamental abrir un nuevo proceso de revisión de las líneas de investigación pendientes. Sin embargo, respecto al apartado de responsabilidades de los servidores públicos, las víctimas mostraron escepticismo pues expresaron que “es difícil creer, que el actual Procurador, quien tuvo injerencia y participación en estos 2 años de investigación deficiente, vaya a iniciar un procedimiento de sanción contra él mismo, pues él también violó nuestros derechos humanos”, señalaron los familiares.

Al día de hoy se da seguimiento a los siguientes procesos legales: en Materia Penal: Juzgado 25º de lo Penal de la Ciudad de México- Causa Penal 129/2015 y acumuladas, Cuarta Sala Penal del TSJDF, toca 87/2017 (apelación de la sentencia contra Torres Tranquilino), Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidio, deslgose de averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, en la Justicia Constitucional (juicios de Amparo) en el Quinto Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito –Amparo en Revisión 156/2017 (por violación al derecho a la verdad al no conocer el “móvil de los crímenes”), mientras que en materia de Derechos Humanos se le da seguimiento para su cumplimiento a la Recomendación 4/2017.

Por su parte, si bien las violaciones a derechos humanos fueron cometidas por las autoridades mencionadas, pesa sobre la Jefatura de Gobierno la ineludible responsabilidad política de no revertirlas, aún y cuando las conocieron de viva voz por parte de las víctimas y sus representantes. Por ello las organizaciones civiles que representan a las víctimas han señalado que “el jefe de Gobierno de esta Ciudad, cargará en su historia y en su carrera política el haberse negado a resolver este caso”.

Por consiguiente, será muy difícil avanzar y esclarecer este caso si no se cumple de forma integral con todos los puntos recomendatorios. La exigencia de lograr verdad, justicia y reparación persiste. Por tanto la señal de que se caminará en ese sentido será  que el actual Procurador se disculpe públicamente y que sean sancionados todos los responsables de las irregularidades. Asimismo, se requiere que se den pasos firmes en la reestructuración de una Procuraduría que evidentemente carece de capacidad para investigar de manera diligente y eficaz casos de feminicidios, así como agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Descarga el documento técnico del balance del caso Narvarte en este enlace.

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Posible espionaje al GIEI confirma la necesidad de que se incorpore un panel independiente a indagatoria de #GobiernoEspía

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. El día de hoy se hizo público un informe de Citizen Lab, consignado por el diario The New York Times, en el que se confirma que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue objeto del uso del spyware Pegasus. Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos y respaldamos el Informe #GobiernoEspía expresamos:

  1. La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica.
  2. El caso del GIEI, confirmado por Citizen Lab, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1]. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria, como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH.
  3. La gravedad de esta revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que hemos elevado: Primero, generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por parte de todas las dependencias que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares vendedoras de servicios de espionaje.

Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación; sin embargo, sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas.

[1] Cfr. Addendum de fecha 12 de noviembre de 2015 al Acuerdo Marco para la Incorporación de Asistencia Técnica, cláusula SEGUNDA: […] el Estado garantizará los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el desempeño de las funciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos conforme al derecho internacional aplicable  […]. Ver: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Acuerdo-Addendum-Mexico-CIDH.pdf

El respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad deben ser temas abordados en la agenda de la visita de EPN a Francia

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 4 de julio de 2017

Señor Emmanuel Macron

Presidente de la República Francesa

Señor Presidente:

Las organizaciones que firmamos esta carta, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que sea abordada la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad, en la próxima reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a Francia el próximo 6 de julio.

Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías.

Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores: más de 150 mil homicidios intencionales de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al menos 77 denuncias por ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); más de 8000 casos de tortura y 1,207 denuncias por tortura cometidas por militares; más de 30 mil personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y más de 300 mil personas desplazadas internamente a causa de la violencia. La población migrante en tránsito es también altamente afectada sin que a la fecha se cuente con cifras oficiales y al menos tres masacres de migrantes documentadas, con cerca de 314 víctimas, permanecen aún en la impunidad. Por otra parte, preocupa la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral. A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial. Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes.

Resulta particularmente alarmante los niveles de violencia que se han alcanzado durante el 2017. Tan solo en lo que va del año la Unión Europea han llamado públicamente al gobierno de México más de una decena de veces a esclarecer los asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y el 16 de mayo de este año, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad afirmó que con siete asesinatos de periodistas desde principios del año y quince en 2016, México es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas trabajadoras de los medios de comunicación.

Nos preocupan en particular los crímenes atroces cometidos en lo que va del año, así como la falta de investigaciones adecuadas. La ejecución extrajudicial cometida contra un civil por militares en Palmarito, Puebla el pasado 3 de mayo, así como de los asesinatos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos como lo son: Isidro Baldenegro López asesinado el pasado 15 de enero en Chihuahua, Juan Ontiveros asesinado el 31 de enero en Chihuahua, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada el 10 de mayo en Tamaulipas, Miguel Vázquez y su hermano Agustín Vázquez asesinados el 20 de mayo en Jalisco y Meztli Sarabia Reyna asesinada el 29 de junio en Puebla; así como los asesinatos de las y los periodistas: Filiberto Álvarez Landero, asesinado el 1 de marzo en el Estado de Morelos, Cecilio Pineda Birto asesinado el 2 de marzo en Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera, asesinado el 19 de marzo en Veracruz, Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo en Chihuahua, Max Rodríguez Palacios asesinado el 14 de abril en Baja California Sur, Javier Valdez asesinado el 15 de mayo en Sinaloa, Jonathan Rodríguez Córdova, hijo de la periodista Sonia Córdova, asesinado en un atentado contra su madre en Jalisco el mismo 15 de mayo y Salvador Adame, desaparecido el 19 de mayo en Michoacán, son muestra de la magnitud de la crisis de derechos humanos que enfrenta México. Es importante destacar, que las agresiones a personas defensoras y periodistas, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas. 

Por otro lado, vemos con preocupación, que espacios o medidas implementadas que han sido reconocidas por mecanismos internacionales, como la Comisión Forense para identificación de restos de migrantes asesinados, se están viendo afectados o amenazados con un cierre de actividades, como ocurre con otros espacios de interlocución y articulación donde se requiere la participación de expertos independientes internacionales.

De igual forma, nos preocupa el impulso de leyes o iniciativas tendientes a la restricción de derechos humanos, como la Ley de Seguridad Interior y la llamada “miscelánea penal” –que representa una regresión para los avances hacia un sistema acusatorio- mientras que reformas estructurales y necesarias para combatir la corrupción y la impunidad, como la consolidación de una Fiscalía General de la República autónoma y la ley contra la desaparición forzada, siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión. 

Señor Presidente, en momentos tan difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado para que Francia, país cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos, promueva el respeto de los mismos con sus países aliados, como lo es México.

Cada año su país mantiene un papel crítico y activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha contribuido en el fortalecimiento del mismo, ha promovido la escrupulosa aplicación de los mecanismos de protección de derechos humanos y ha demostrado ser firme ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su independencia, imparcialidad.

Es por ello que de la manera más atenta le solicitamos:

Primero: Fortalecer la asociación bilateral con México garantizando que los esfuerzos y las acciones conjuntas, contribuyan en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de ambos países. De igual manera, le llamamos a instar al Jefe del Estado mexicano a emprender soluciones estructurales y duraderas para que sus instituciones combatan la preocupante impunidad prevaleciente en México. Sabemos que el gobierno de Francia, al igual que otros gobiernos europeos, apoya técnicamente al gobierno mexicano en temas de procuración de justicia y requerimos que exista una transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos fondos, a fin de que se apliquen efectivamente para el combate de la impunidad, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo: Promover el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al Gobierno de México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, la que se refiere al establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad. Ante la falta de capacidad e imparcialidad para investigar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, México necesita de un mecanismo internacional, independiente e imparcial, compuesto por personas expertas que coadyuven con el Estado Mexicano para generar instituciones de procuración y administración de justicia capaces de revertir los alarmantes índices de corrupción e impunidad por violaciones a derechos humanos que existen en el país. Confiamos en que su gobierno, reconociendo la importancia fundamental de los Estados a prestar ayuda mutua de conformidad con sus obligaciones internacionales, ayudará a México a combatir la corrupción e impunidad a través de la promoción del establecimiento del Consejo Asesor y de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Tercero: Promover, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales, un diálogo respecto de la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, con miras a plantear soluciones estructurales e integrales al contexto que vive México.

Cuarto: Manifestar la importancia que tienen las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, y la sociedad civil mexicana en la construcción de un estado de derecho, solicitando al Gobierno mexicano que garantice amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta, participación y evaluación de la sociedad civil en políticas públicas y otros temas relacionados con derechos humanos.

Quinto: Promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Al igual que Francia, México está en un proceso de implementación de dichos Principios a través de un Programa Nacional. La implementación de este Programa constituye una oportunidad para atender los niveles de impunidad con la que operan entes públicos y privados que han causado abusos y violaciones a derechos humanos por sus actividades empresariales. Siendo que México no cuenta con un mecanismo de identificación y sanción a los responsables de dichos abusos, ni con mecanismos efectivos para el acceso a la justicia de personas que resultan afectadas, esta política pública tiene el potencial de fomentar el respeto de los derechos humanos como eje primordial del desarrollo y de todo tratado comercial y de inversión.

Agradecemos de antemano su amable atención y aprovechamos para expresarle nuestras más altas y distinguidas consideraciones.

Atentamente,

Organizaciones de la sociedad civil

ARTICLE 19
Borde Político
Asistencia Legal por los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social
Cauce Ciudadano A.C.
Casa del Migrante de Saltillo
Colectivo familias de Desaparecidos Orizaba – Córdoba
Colectivo Solecito de Veracruz de búsqueda de personas desaparecidas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Disability Rights International
Documenta | Análisis y acción para la justicia social A.C.
Enjambre Digital
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) integrada por familiares de personas desaparecidas en todo México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) integrada familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila.
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.
Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (PRODESC)
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD)
CIC Propuesta Cívica A.C.
Red Retoño

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).;

Personas defensoras de derechos humanos, activistas e integrantes de la academia

Aram Barra
Araceli Salcedo Jiménez
Alfredo Lecona Martínez
Aranxa Bello Brindis
Alejandra Nuño Ruiz- Velasco
Ana Lorena Delgadillo Pérez
Catalina Pérez Correa
Carolina Pimentel
Cecilia Real
Denise Dresser
Ernesto López Portillo
Eliana García
Guadalupe Barrena
Jorge Javier Romero
Lucía Díaz Genao
Iván García Gárate
María Novoa
Pablo Girault
Rosario Villanueva
Simón Hernández León

Comité de Participación Ciudadana del SNA fue designado con base en altos estándares de apertura, transparencia y rendición de cuentas

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

  • El proceso de designación del CPC ha sido el único del Sistema Nacional Anticorrupción con un comité técnico de evaluación reconocido nacional e internacionalmente.
  • La Comisión de Selección designó al CPC utilizando criterios ineludibles como la capacidad, la trayectoria profesional, la probidad, la independencia, así como acciones afirmativas en favor de la participación política de las mujeres.
  • Es trascendental que las exigencias que el Senado le hace a la Comisión de selección del CPC, sean las mismas que consoliden el marco normativo en materia de designaciones públicas a nivel nacional

Ciudad de México, a 4 de julio de 2017.- El proceso de designación de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue inédito en México. El proceso estuvo regido por altos estándares en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación social. Lo anterior ha sido destacado por el Observatorio Ciudadano de las Designaciones Públicas que ha evaluado varios procesos, entre ellos, los de las designaciones de ministros, magistrados, ombudsperson, rectores, consejeros y comisionados de instituciones tan relevantes para nuestro país como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), diversos Tribunales y el SNA en su conjunto.

En los últimos días han surgido diversos pronunciamientos, entre ellos uno desde el Senado, que han buscado deslegitimar este proceso bajo la idea de que las y los candidatos que obtuvieron la mayor puntuación con base en las cédulas de evaluación de las entrevistas no fueron los elegidos para integrar el CPC. En particular, es preocupante que la Cámara Alta cuestione, sin fundamento alguno y con base en elementos subjetivos, la designación señalada.

El Observatorio ha validado que la Comisión de Selección siguió una metodología rigurosa, pública, con periodos puntuales y con la difusión necesaria de la convocatoria para el proceso de selección; los plazos legales fueron respetados y se contó con una participación ciudadana amplia; también se privilegió la deliberación pública y, finalmente, se expusieron las razones que fundamentaron las decisiones tomadas (ver el tablero de evaluación al final).

En estos cuestionamientos se ha puesto también en tela de juicio la aplicación de acciones afirmativas en favor de la participación política de las mujeres. En este sentido, es trascendental recordar que la idea central de los sistemas de cuotas de género es facilitar la selección de mujeres para puestos en los espacios públicos de participación y de toma de decisiones; así se garantiza que no queden marginadas de la vida pública y/o tengan una presencia secundaria. Las capacidades están consideradas en igualdad de circunstancias de acuerdo con los estándares en la materia, por lo que Designaciones Públicas reitera la trascendencia de implementar estos mecanismos de inclusión de manera transversal a cualquier designación pública realizada por los tres Poderes de la Unión.

Ante estos mecanismos de desacreditación, da la impresión de que para el Senado existe un doble estándar de prioridades. Ninguno de los procesos de designación que han tenido lugar en el marco del SNA han cumplido con tan altos estándares como el proceso del CPC. Basta recordar que el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción se ha pospuesto desde 2014 y esto ha obstaculizado el funcionamiento de dicho organismo, además de que no se cuenta con información pública respecto a las cédulas de evaluación elaboradas por el Comité de Acompañamiento. Aún está pendiente abrir al escrutinio público el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las razones que fundamentan la elección de estos perfiles, sin mencionar la premura y opacidad que primó en el proceso de designación del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo anterior, es primordial que el Senado se comprometa públicamente a que la Junta de Coordinación Política haga explícitos los criterios y razones que fundamentarán la selección de cualquier candidato o candidata que sometan al pleno para su designación o ratificación, con el mismo rigor que se le está exigiendo a la Comisión de Selección del CPC.

Por último, pero no por ello menos importante, es necesario contar con un marco normativo en materia de designaciones para que los procesos de selección cuenten con los estándares descritos y no se basen sólo en la voluntad política, sino en un proceso definido por un marco normativo general de designaciones públicas. Al contar con una ley, podremos armonizar la calidad de estos procesos y evitar el secuestro político de los nombramientos de las y los funcionarios que encabezan las instituciones más importantes de nuestro país.

Conoce el tablero de evaluación con los puntos que cumplió la Comisión de Selección:

Tablero de evaluación con los puntos que cumplió la Comisión de Selección by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd

Nota para prensa

Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al +52 55 1054 6500 ext. 110 www.articulo19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Declaraciones del Presidente sobre #GobiernoEspía ponen en duda la voluntad política de protección: Espacio OSC

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 30 de junio de 2017.- Las declaraciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del día 22 de junio en Lagos de Moreno, Jalisco, en respuesta a las denuncias sobre el espionaje gubernamental, que se hicieron públicas el día 19 de junio, se pueden interpretar como un acto de criminalización a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que denunciaron haber sido víctimas de vigilancia ilegal y a las organizaciones que hicieron una labor de escrutinio y difusión pública de la misma. Dichas declaraciones ponen en riesgo principios democráticos y los derechos a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Además, contravienen el discurso de protección estatal hacia las personas defensoras y periodistas, entre otras, las “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”, anunciadas en la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) por el mismo Jefe de Estado este 17 de mayo de 2017.

Como se señaló anteriormente, el condenar al fracaso las investigaciones, normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, así como restar importancia a las intervenciones – tal como lo hizo el primer mandatario – contradice la voluntad política expresada por las autoridades mexicanas de proteger verdaderamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Así mismo, consideramos las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto del pasado 22 de junio se pueden considerar una acción de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas al solicitar la aplicación de la ley en su contra al considerar, a priori a una debida investigación, dichos señalamientos como falsos.

Lo anterior demuestra que en lugar de investigar y juzgar a los responsables de los intentos de espionaje, el Presidente pide a las autoridades aplicar la ley en contra de las víctimas de tales actos, que en este caso son personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Reiteramos y nos sumamos al llamado en cuanto a la necesidad de proteger a quienes han denunciado y difundido los intentos de espionaje, tal como lo han señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Respaldamos el trabajo de las y los periodistas afectados, y de las y los defensores de derechos humanos, algunas/os integrantes del Espacio de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).

Por otro lado, externamos nuestra preocupación por la existencia de indicios de intentos de espionaje hacia más personas defensoras integrantes del Espacio OSC – hechos que se investigan y se denunciarán ante las autoridades correspondientes.

Rechazamos enérgicamente la política de espionaje gubernamental a la que se están sometiendo personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, incluyendo a sus familiares mayores y menores de edad, así como el uso de recursos públicos para monitorear y restringir el campo de acción de estas poblaciones.

Por lo anterior, exhortamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a que, desde su Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis (Tercera Unidad), emprenda acciones inmediatas para generar elementos de diagnóstico y análisis que sirvan de base para implementar medidas de protección en contra de las amenazas en el ámbito digital incluyendo el monitoreo e intervención de comunicaciones fuera del marco de la ley.

Urgimos a las autoridades competentes a que se investigue y sancione a los funcionarios que han permitido, tolerado y usado el software de vigilancia en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas en México y a que se hagan públicos los contratos que constaten la compra de dicho software por dependencias públicas.

Instamos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a las otras instituciones competentes a dar seguimiento y garantizar la no repetición.

Por último, instamos al establecimiento de un panel de expertos independientes que haga escrutinio de la investigación y pueda dar mínima certeza de independencia, imparcialidad y conocimiento técnico en la investigación.

Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Para mayor información, favor de contactar a contacto@espacio.osc.mx.

Organizaciones responden a FEADLE de la PGR sobre espionaje

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 26 de junio de 2017.- Luego de las declaraciones hechas por el Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, Ricardo Sánchez, donde anuncia su plan de investigación de las denuncias sobre el espionaje hacia periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, las organizaciones que acompañamos a las personas denunciantes señalamos lo siguiente:

  • Que la FEADLE no aclara el tipo de asistencia técnica que pretende solicitar y la razón por la cual las instituciones y personas nombradas como parte del supuesto “grupo de apoyo técnico” poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida para aportar elementos relevantes a la investigación.
  • Que el “grupo de apoyo técnico” no atiende la solicitud del establecimiento de un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales como ha sido solicitado.
  • Que la FEADLE sólo ha solicitado el resguardo y no la entrega de información sobre los procesos de contratación ni sobre el uso del software Pegasus u otros de similar naturaleza.
  • Como coadyuvantes, reiteramos nuestra disposición para efectos de cooperar en la indagatoria en el entendido de que es obligación del Estado, en este caso a cargo de la PGR y por lo tanto del gobierno federal asumir de manera responsable y oficiosa la investigación de los delitos. En vía de consecuencia, expresamos disposición para que el plan de investigación sea construido con las y los afectados.

Finalmente, no dejamos de mencionar que después de las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, existe el temor fundado de que la investigación esté destinada de antemano al fracaso, al considerar falsos los hechos que dieron origen a la misma. Por ello, reiteramos la necesidad de contar con un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional que den certeza sobre el curso de la indagatoria.

Organizaciones:

ARTICLE 19

R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales

SocialTIC

Sin certeza de justicia, a 3 meses del feminicidio de Miroslava Breach

Esta NOTICIA fue originalmente compartida en SUTESUAEM Noticias

Fuente: Artículo 19

Ciudad de México, a 22 de junio de 2017.- A tres meses del feminicidio de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo por ejercer su labor periodística, redes de periodistas y organizaciones sociales exigimos justicia al gobernador Javier Corral Jurado y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Nos pronunciamos por:

  • Que se rinda un informe detallado sobre el progreso de las indagatorias ya que a pesar del discurso de las autoridades locales que aseguran tener identificados a los responsables no se han emitido ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni intelectuales del asesinato.
  • Que se evite la impunidad en el feminicidio de Miroslava Breach, realizando una investigación adecuada con perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la reparación del daño para la familia.
  • Que el gobierno federal y local establezcan una coordinación eficiente para el impulso de medidas concretas de protección para quienes ejercen el periodismo en Chihuahua. Así como evitar la criminalización de las y los periodistas en el desempeño de su trabajo.
  • Que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informe los avances que tiene en la investigación de conformidad a su mandato constitucional.

Lo anterior de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe publicado en 2014 y en las que señala:

“Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesario, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia”.

Por lo anterior y debido a que hoy se  cumplen 93 días del feminicidio de Miroslava Breach, exigimos al gobierno federal y de Chihuahua que tomen las medidas necesarias y adecuadas que reviertan el evidente patrón  de impunidad que presentan los casos de asesinatos de periodistas.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC)

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

Reporteros sin Fronteras (RFS)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.



NOTICIAS
 [México] [Edomex] [SUTESUAEM] [Estados] [Emprendedores Tech] [Prensa Educativa] [Universities] [Empleo]
 [
Trabajo y Sindicatos][Latinoam
érica] [Estados Unidos] [Unión Europea] [Asia] [África]